Según el Instituto de Estudios Peruanos, Sánchez obtendría el 32% frente al 31% de Fujimori si las elecciones fueran hoy, con un margen de error que los hace prácticamente iguales. Esto significa que ninguno parte como favorito claro
El 12 de abril, más de 27 millones de peruanos ejercieron su derecho al voto en una jornada que, a pesar de los problemas logísticos en algunos locales de Lima, concluyó con resultados reconocidos como válidos por las misiones internacionales de observación. Ahora el país se prepara para una segunda vuelta el 7 de junio, con dos candidatos definidos: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Se trata de una instancia propia del sistema democrático peruano, pensada precisamente para que el presidente electo cuente con el respaldo mayoritario de la ciudadanía.
Las encuestas muestran un escenario muy parejo. Según el Instituto de Estudios Peruanos, Sánchez obtendría el 32% frente al 31% de Fujimori si las elecciones fueran hoy, con un margen de error que los hace prácticamente iguales. Esto significa que ninguno parte como favorito claro, y que la decisión está genuinamente en manos de los votantes. Hay además un 24% que todavía evalúa el voto en blanco o nulo, y un 13% que no ha decidido. Ese bloque de indecisos es, en los hechos, el sector con mayor poder para inclinar la balanza.
Cada candidato genera interrogantes legítimas entre distintos sectores. En el caso de Roberto Sánchez, economistas y analistas piden mayor claridad sobre sus propuestas en materia de inversión, empleo formal y política fiscal. También se le solicita que precise su posición respecto a la autonomía del Banco Central de Reserva. Sánchez tiene un respaldo sólido en provincias y zonas rurales, donde su mensaje de inclusión y desarrollo regional ha calado con fuerza, especialmente en el centro y sur del país.
Por su parte, Keiko Fujimori llega a esta cuarta segunda vuelta consecutiva con una campaña que analistas describen como más unida y experimentada que en procesos anteriores. Su propuesta apela a la estabilidad económica y a la lucha contra la inseguridad, temas que encabezan las preocupaciones ciudadanas. Los especialistas le piden, sin embargo, mayor detalle en su plan anticorrupción, para que ese compromiso sea percibido con más convicción por quienes aún dudan. Su base más fuerte se concentra en Lima Metropolitana y zonas urbanas del norte del país.
El contexto político peruano es complejo: en la última década el país tuvo ocho presidentes, lo que ha generado un comprensible desencanto en parte de la ciudadanía. Eso explica que encuestas recientes muestren escepticismo sobre la estabilidad futura. Pero también es cierto que el Perú ha superado cada una de esas crisis manteniendo su sistema democrático en pie, con instituciones como el JNE y la ONPE que, más allá de sus imperfecciones, garantizan procesos electorales reconocidos internacionalmente.
Para la segunda vuelta, la ONPE ya anunció mejoras operativas: descartó el sistema digital que presentó fallas el 12 de abril y volverá al método tradicional de actas en papel, más simple y conocido. El JNE, a su vez, amplió el comité de auditoría con expertos nacionales e internacionales. Son ajustes concretos que apuntan a una jornada más ordenada.
