una cosa es aprender del pasado y otra muy distinta quedar prisionero de él. Si cada propuesta se juzga por los fantasmas que evoca y no por su contenido, el país queda atrapado en un círculo donde nunca se evalúa qué se propone
En el Congreso se ha vuelto costumbre llamar debate a lo que en realidad es una sucesión de negativas sin argumentos. Debatir no consiste en plantarse frente al micrófono y repetir un «no porque no», sino en exponer razones, escuchar las ajenas, contrastar cifras y llegar a una decisión que pueda explicarse a la ciudadanía.
Cuando eso no ocurre, la discusión deja de ser un instrumento democrático y se convierte en una pérdida de tiempo: un ritual que consume horas, recursos y paciencia mientras los problemas siguen intactos.
Lo más llamativo es la excusa que suele esgrimirse, se invoca la memoria de gobiernos y decisiones que dejaron heridas para sostener que nada nuevo puede intentarse. La historia importa, y aprender de ella es una obligación. Pero una cosa es aprender del pasado y otra muy distinta quedar prisionero de él. Si cada propuesta se juzga por los fantasmas que evoca y no por su contenido, el país queda atrapado en un círculo donde nunca se evalúa qué se propone, sino quién lo recuerda.
Detrás de esta actitud hay una preferencia que pocos admiten en voz alta: a buena parte de la clase política le interesan más las ideologías que las soluciones. Las banderas sirven para ganar aplausos, posicionarse de cara a la próxima elección o marcar distancia frente al adversario.
Mientras tanto, los problemas concretos, como la inseguridad, la informalidad, la lentitud de los servicios públicos o el costo de la vida, no distinguen colores partidarios. Los sufren todos los peruanos, y también las familias de los propios congresistas, que viven en las mismas ciudades, usan las mismas calles y temen los mismos delitos que cualquier otro ciudadano.
El supuesto peligro que más se repite contra la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo es que otorgarlas convertiría a quienes las aprueban en «fujimoristas». Es un riesgo más simbólico que real. La etiqueta funciona como estigma: basta pronunciarla para que cualquier discusión de fondo quede desactivada.
Sin embargo, la delegación de facultades es un mecanismo previsto en la Constitución, utilizado por gobiernos de distintas orientaciones, con plazos y materias determinados y sujeto al control posterior del propio Parlamento. Otorgarlas no equivale a firmar un cheque en blanco ni a renunciar a la función fiscalizadora.
Por supuesto, nadie niega que deban existir límites claros. Un debate serio sobre las facultades debería centrarse en preguntas precisas: ¿Qué materias se delegan?, ¿Por cuánto tiempo?, ¿Qué mecanismos de control tendrá el Congreso?, ¿Cómo se medirán los resultados? Esas son las discusiones que fortalecen la democracia, no la mera invocación de un apellido o de una etapa histórica que divide al país desde hace décadas.
Reducir la política a una pugna de identidades tiene un costo. Cada sesión perdida en consignas es una sesión que no se dedica a revisar cifras, escuchar a especialistas o ajustar propuestas. Y cada iniciativa rechazada por reflejo, sin examen, es una oportunidad menos para mejorar la vida de quienes esperan respuestas. La ciudadanía observa con creciente hartazgo y ya no distingue entre quienes bloquean por convicción y quienes lo hacen por conveniencia.
El Perú no necesita más etiquetas, sino más argumentos. Los congresistas tienen la responsabilidad de debatir de verdad: plantear razones, aceptar réplicas y votar pensando en los resultados y no en el temor a un calificativo. Solo así el Parlamento recuperará parte de la confianza perdida y demostrará que su función no es repetir viejas disputas, sino resolver los problemas de hoy.
