“La memoria selectiva, la doble moral y el sesgo ideológico de quienes invocan los derechos humanos y la justicia restaurativa, pero parecen olvidar que la violencia y la responsabilidad no tienen militancia política”
Hay algo particularmente preocupante en la manera en que determinados sectores de la izquierda peruana entienden la justicia, la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos: su extraordinaria capacidad para exigir responsabilidades a unos y su desconcertante silencio cuando se trata de exigir exactamente lo mismo a otros.
Se ha convertido en una práctica recurrente reclamar pedidos de perdón, reconocimientos públicos de responsabilidad y actos de reparación para las víctimas de los excesos cometidos por integrantes de las fuerzas del orden. Y está bien que así sea. Ningún abuso de autoridad, ningún exceso policial o militar, ninguna vulneración de los derechos fundamentales puede quedar impune ni encontrar justificación en el uniforme de quien lo comete. El Estado tiene la obligación de reconocer sus errores, reparar a las víctimas y garantizar que hechos semejantes no vuelvan a repetirse.
Pero la pregunta que corresponde formular es inevitable: ¿por qué esa misma exigencia no aparece con idéntica contundencia cuando se trata de quienes, desde organizaciones extremistas, promovieron la violencia, alentaron la destrucción de las instituciones y convirtieron la agresión contra el Estado de derecho en una forma de acción política?
¿Por qué quienes reclaman memoria, reconocimiento y reparación para unas víctimas parecen tener tantas dificultades para reconocer a las otras? ¿Por qué no escuchamos con la misma claridad demandas de perdón, arrepentimiento y responsabilidad dirigidas a quienes hicieron de la violencia, la intimidación y el desconocimiento de las instituciones democráticas sus principales instrumentos de acción?
Más aún, ¿por qué algunos de quienes hoy tienen representación en el Congreso, o encuentran en determinadas movilizaciones sociales una plataforma para su protagonismo político, parecen quedar al margen de esa misma exigencia moral? ¿Acaso la responsabilidad por la violencia depende de quién la ejerce, de la bandera que enarbola o de la ideología desde la cual pretende justificarla?
No se puede defender la dignidad de las víctimas por partes, ni administrar los derechos humanos según las simpatías políticas de quien formula el reclamo. La condición de víctima no puede depender de la orientación ideológica de quien sufrió la violencia, como tampoco la responsabilidad por los actos cometidos puede desaparecer porque sus protagonistas se encuentren hoy ubicados en una determinada trinchera política.
Es precisamente allí donde aparece la doble moral. Una doble moral que se expresa en narrativas interesadas, en interpretaciones deliberadamente parciales de nuestra historia reciente y en un sesgo ideológico absolutamente inadmisible. Se construye una memoria que selecciona a quién recordar, a quién reconocer como víctima y a quién exigirle responsabilidades. Lo demás, sencillamente, se relativiza, se justifica o se silencia.
Y es en ese terreno donde algunos de los más destacados representantes de la denominada izquierda caviar han encontrado una particular comodidad discursiva. Invocan la justicia restaurativa, la reconciliación, la memoria y la reparación como conceptos que parecieran tener una aplicación selectiva, dependiendo de quién sea el responsable y de quién sea la víctima.
Pero la justicia restaurativa no puede convertirse en una coartada ideológica ni en un instrumento para administrar la memoria colectiva de acuerdo con conveniencias políticas. Restaurar supone reconocer el daño, asumir responsabilidades, escuchar a todas las víctimas y establecer condiciones para que la violencia no vuelva a repetirse. No significa construir una narrativa en la que unos deben pedir perdón eternamente mientras otros permanecen convenientemente exonerados de cualquier responsabilidad moral y política.
Tampoco se trata de desconocer los abusos cometidos por agentes del Estado ni de pretender que estos queden relegados a un segundo plano. Se trata, precisamente, de sostener un principio elemental: los derechos humanos no tienen militancia política, la violencia no adquiere legitimidad por las causas que dice defender y el Estado de derecho no puede ser defendido a conveniencia.
Quienes marcharon, promovieron o alentaron acciones violentas contra las instituciones democráticas también tienen una responsabilidad que reconocer. Y quienes hoy pretenden representar políticamente esas expresiones no pueden reclamar legitimidad democrática mientras evaden una reflexión honesta sobre el pasado y sobre los métodos que contribuyeron a alimentar la confrontación.
La reconciliación nacional no se construye imponiendo una memoria oficial ni distribuyendo certificados de inocencia según las afinidades ideológicas. Mucho menos convirtiendo el perdón en una obligación para unos y en una posibilidad incómoda para otros.
Al final, la verdadera prueba de convicción democrática no está en la facilidad con la que uno condena los excesos de sus adversarios, sino en la capacidad de reconocer y condenar los excesos de quienes comparten sus propias ideas y posiciones políticas.
Porque la justicia que necesita el Perú no puede ser una justicia de conveniencias, de silencios calculados ni de memorias selectivas. Tiene que ser una justicia sin apellidos, sin privilegios ideológicos y sin dobles estándares.
De lo contrario, no estaremos hablando de justicia restaurativa ni de reconciliación nacional. Estaremos hablando, simplemente, de una nueva forma de utilizar el dolor de las víctimas para alimentar una vieja disputa ideológica.