Lo que debió fluir bajo consideraciones éticas del más alto calibre (la reputación pública de China en materia de prácticas transparentes parecía imbatible) ahora sufre un bache que puede convertirse en abismo si los hallazgos se acumulan y engordan las suspicacias
Larga y con periodos de altibajos ha sido la relación del Perú, primero con el imperio chino, luego la República de China promovida por el doctor Sun Yat-sen, la misma trasladada a la isla Formosa (Taiwán) bajo el comando de Chang Kai-shek y luego —desde 1971— la República Popular China, todavía dirigida por Mao Zedong cuando nuestro país era gobernado por el régimen de Juan Velasco Alvarado. Su esencia comercial fue motor de las dinámicas bilaterales, pero también estuvo el infame pacto esclavista que generó la primera ola de migración de coolíes a nuestro territorio, hecho por el cual el presidente Alan García ofreció una disculpa histórica al entonces líder de la RPCh, Hu Jintao, durante su visita oficial en noviembre del 2008, preámbulo de la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.
Resultaría vano buscarle tres pies al gato (el que, sin importar su color, caza ratones) a la evolución de esas relaciones y los hitos conseguidos. No así a temas puntuales como las malas prácticas laborales atribuidas a la empresa Shougang luego de adquirir Hierro Perú o los precios dumping con los que la manufactura textil china ingresaba a nuestro mercado, propiciando justificada rebeldía de los confeccionistas de Gamarra y otros. Sin embargo, desde el TLC del 2009, cabe señalar enfáticamente que algo torcido se gestó en la intermediación de las inversiones del gigante asiático con la presencia de operadores nativos o descendientes de los mismos.
Hay un punto de inflexión detectable en la iniciativa del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski de realizar su primer viaje al extranjero volando hacia Beijing, hecho que anunció el 27 de julio del 2016, un día antes de prestar juramento y tras recibir en su casa al ministro de Medio Ambiente de China, Chen Jining. Ese viaje se concretó el 13 de setiembre y se justificó en el marco de la celebración del 45.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.
La intensificación del vínculo comercial y la atracción de inversiones generó desde el 2018 (ya bajo el mandato supremo del sentenciado Martín Vizcarra) un organigrama de apariencia mafiosa donde las empresas chinas que ganaban licitaciones en obras de infraestructura “delegaban la operatividad a otras compañías”, entre ellas a Construcciones Capón SAC, gerenciada por el hoy famoso Zihua Yang. Esto es lo que sostiene el informe elaborado por la Comisión Investigadora Parlamentaria de los contratos adjudicados por Provías Nacional y Provías Descentralizado en el periodo 2018-2022. Informe que, como se sabe, no fue puesto a debate en el pleno del Congreso durante la gestión de José Jeri, antes que asumiera la presidencia transitoria.
El entramado crece tras mayores indagaciones y compromete a varios políticos, gobernadores, empresarios. Lo que debió fluir bajo consideraciones éticas del más alto calibre (la reputación pública de China en materia de prácticas transparentes parecía imbatible) ahora sufre un bache que puede convertirse en abismo si los hallazgos se acumulan y engordan las suspicacias de nuestra sociedad con ese país.
