el problema no es solamente quién ocupa hoy una embajada. El verdadero asunto es qué precedentes estamos dejando para mañana.
Hay gobiernos que tienen adversarios y hay otros que, por determinadas decisiones, parecieran facilitarles el trabajo. El gobierno de Keiko Fujimori ha enfrentado, desde sus primeros pasos, una crítica intensa, y algunas de sus decisiones parecen haber contribuido a mantenerla permanentemente en el centro de la controversia política.
Lo ocurrido con las recientes designaciones de representantes del Perú ante distintos países y organismos multilaterales podría interpretarse como una nueva ocasión para ese cuestionamiento. Una raya más al tigre.
Pero esta vez el asunto merece una consideración que vaya más allá de la habitual disputa entre oficialismo y oposición. Se trata de la diplomacia peruana, una de las instituciones del Estado que ha conseguido preservar, con sus luces y sus sombras, una reconocida tradición de profesionalismo y continuidad.
Y precisamente por eso conviene formular una pregunta incómoda: ¿hasta dónde resulta conveniente incorporar criterios predominantemente políticos en la designación de quienes tienen la responsabilidad de representar al Perú en el exterior?
No se trata de cuestionar de antemano a una persona por su trayectoria política. Se trata de discutir qué criterio debería prevalecer cuando está en juego la representación internacional del Estado.
La diplomacia no nació con ningún gobierno
La diplomacia peruana no comenzó con el actual gobierno y, naturalmente, tampoco pertenece a un partido político. Es el resultado de décadas de construcción institucional y de la experiencia acumulada por profesionales que han dedicado buena parte de su vida al servicio exterior.
El Perú cuenta con funcionarios formados específicamente para esa tarea, con conocimiento de idiomas, derecho internacional, relaciones internacionales, negociación, geopolítica y organismos multilaterales. Muchos de ellos han servido a gobiernos de distintas orientaciones políticas y han contribuido a mantener una línea de continuidad que resulta particularmente valiosa en política exterior.
Ese es, precisamente, uno de los atributos de una diplomacia profesional: su compromiso debería estar fundamentalmente vinculado al Estado y no a la coyuntura política de un gobierno determinado.
Por eso, frente a cada designación política, sería razonable preguntarse si estamos ante una excepción justificada por las cualidades particulares del designado o si, por el contrario, estamos ante una práctica que podría terminar restándole espacio y reconocimiento a la carrera diplomática.
La diferencia no es menor. El problema no es que alguien provenga de la política
Sería injusto sostener que una persona con trayectoria política está incapacitada para ejercer una representación diplomática. La política también puede formar personas con experiencia internacional, capacidad de negociación, conocimiento del Estado y una auténtica visión de país.
En determinadas circunstancias, incluso podría resultar razonable recurrir a una personalidad política cuando sus características particulares sean especialmente útiles para una misión concreta.
La cuestión aparece cuando surge la impresión de que la confianza política puede estar adquiriendo un peso mayor que la experiencia profesional específica.
Y esa percepción, aun cuando no corresponda a la intención de quienes toman las decisiones, merece ser atendida.
Porque quienes hacen carrera diplomática podrían legítimamente preguntarse qué lugar ocupa su preparación cuando las posiciones más visibles del servicio exterior pueden ser confiadas, en determinadas circunstancias, a personas cuya principal experiencia proviene de la actividad política. No sería conveniente que esa duda terminara convirtiéndose en desmotivación.
El Estado no debería confundirse con el gobierno
Existe una vieja práctica política latinoamericana que convendría mirar con especial cuidado: la tendencia a interpretar la victoria electoral como una autorización para distribuir espacios del Estado entre quienes participaron en la conquista del poder. Naturalmente, un gobierno necesita personas de confianza. Eso es parte de la política. Pero existe una diferencia sustancial entre contar con funcionarios políticamente cercanos y convertir determinados cargos públicos en una suerte de reconocimiento a esa cercanía.
En el caso de la diplomacia, esa frontera debería ser especialmente nítida. Una embajada no es simplemente otro cargo de confianza. Es una responsabilidad de representación del Estado peruano ante otro Estado o ante una organización internacional.
Por eso sería conveniente que cualquier designación pueda sostenerse no solamente en su legalidad, sino también en una explicación convincente sobre por qué esa persona es la más adecuada para representar los intereses del Perú.
Una tradición que merece ser cuidada
El Perú dispone de una diplomacia profesional cuya experiencia constituye un activo institucional. No parece prudente poner en riesgo ese patrimonio por decisiones que puedan ser interpretadas como predominantemente políticas.
No porque los diplomáticos de carrera sean infalibles. No porque un político no pueda ser un excelente embajador. Sino porque las instituciones profesionales cumplen una función que trasciende a las personas y a los gobiernos.
Una diplomacia sólida necesita continuidad. Necesita memoria institucional. Necesita profesionales capaces de transmitir a un nuevo gobierno la experiencia acumulada durante décadas.
Y necesita también que quienes ingresan a la carrera tengan la convicción de que el mérito profesional puede abrirles las puertas de las más altas responsabilidades. Keiko y el permanente frente de crítica
Aquí aparece la dimensión política del asunto. Keiko Fujimori pareciera encontrarse permanentemente bajo una lupa opositora particularmente intensa. Cada decisión del Ejecutivo es examinada con severidad y, en ese contexto, cualquier nombramiento que pueda ser interpretado como político corre el riesgo de convertirse rápidamente en un nuevo frente de cuestionamiento.
El Gobierno podría argumentar que sus designaciones se encuentran dentro de las atribuciones que le corresponden. Y probablemente ese argumento sea jurídicamente relevante.
Pero la política no se agota en la legalidad.
Un gobierno responsable también debe considerar la percepción pública, el impacto institucional y la conveniencia de sus decisiones. En otras palabras, no basta con preguntarse “¿podemos hacerlo?”. También sería conveniente preguntarse “¿conviene hacerlo?” y, sobre todo, “¿qué mensaje estamos transmitiendo?”
Porque un gobierno puede tener plena competencia para tomar una decisión y, aun así, generar innecesariamente una controversia que pudo haberse evitado.
Y en política, evitar controversias innecesarias también es una forma de gobernar.
La bandera es del Perú
Hay una imagen que resume buena parte de esta discusión.
Cuando un representante peruano llega a una capital extranjera, no lleva consigo la bandera de un partido. Lleva la bandera del Perú.
Cuando participa en una reunión multilateral, no habla solamente en nombre del gobierno que lo designó. Está llamado a representar los intereses de la República.
Esa diferencia debería estar presente en cada nombramiento. Por eso, más que preguntarnos si alguien es políticamente cercano a la presidenta, deberíamos preguntarnos si posee las condiciones profesionales, personales y estratégicas necesarias para representar al país con solvencia.
Si la respuesta es afirmativa, su procedencia política no debería ser un impedimento. Pero si existe un diplomático de carrera con mayor preparación y experiencia para una determinada misión, sería legítimo preguntarse por qué no constituye la primera opción.
Una advertencia que conviene tomar en serio
El Gobierno todavía tiene margen para demostrar que estas decisiones responden fundamentalmente a criterios de interés nacional y no a consideraciones partidarias.
También tiene la oportunidad de establecer una regla política saludable: que las designaciones provenientes de fuera de la carrera diplomática sean excepcionales, estén claramente justificadas y respondan a necesidades específicas de la política exterior.
Eso permitiría evitar sospechas y, al mismo tiempo, preservar el reconocimiento que merece el Servicio Diplomático.
Porque el problema no es solamente quién ocupa hoy una embajada. El verdadero asunto es qué precedentes estamos dejando para mañana.
Los gobiernos cambian. Los presidentes cambian. Los partidos cambian. Las instituciones deberían permanecer.
Y una diplomacia profesional, precisamente por su continuidad, es uno de esos patrimonios que convendría proteger de los vaivenes de la política.
Por eso, las recientes designaciones podrían verse simplemente como una decisión administrativa más. Pero también podrían ser la ocasión para abrir una discusión mucho más profunda sobre la manera en que entendemos la representación del Perú en el mundo.
Ojalá esa discusión ocurra.
Porque gobernar no consiste solamente en ejercer las facultades que la ley concede. También implica administrar el poder con prudencia, reconocer los límites que impone el sentido de Estado y saber cuándo una decisión políticamente posible puede resultar institucionalmente inconveniente.
Keiko Fujimori tiene la oportunidad de demostrarlo.
Y quizá la mejor manera de hacerlo sea muy sencilla: que cada nombramiento diplomático pueda responder, sin necesidad de demasiadas explicaciones, una sola pregunta: ¿Por qué esta persona es la mejor opción para representar al Perú?
Si existe una respuesta sólida, profesional y convincente, la polémica perderá buena parte de su fuerza. Si no existe, la crítica seguirá encontrando terreno fértil. Y entonces, sí, será inevitable decirlo una vez más: una raya más al tigre.
Porque los gobiernos pasan, los partidos pasan y los presidentes pasan. El Perú queda. Y precisamente por eso, aquello que pertenece al Estado debería estar siempre por encima de aquello que pertenece a la coyuntura política.
