Las prácticas parlamentarias que obstaculizan la acción del Estado y profundizan la división nacional deben dar paso a la responsabilidad, la transparencia y el compromiso con el bien común.
Cuando vemos que la perversión política bloquea las necesidades y los requerimientos del Estado para enfrentar y vencer a la delincuencia que azota al país, en medio de una criminalidad nunca vista en el Perú, resulta indignante comprobar que, además, el fenómeno de «El Niño extremo» ya habría comenzado a provocar sus primeros estragos devastadores en el norte y el sur del país, con posibles consecuencias nefastas para todo el territorio peruano.
A pesar de que la bicameralidad se restableció en el Congreso con el propósito de promover debates más pausados, serenos y reflexivos, especialmente sobre las leyes, vemos exactamente lo contrario. Los sectores de izquierda, desde la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en una sesión sin precedentes de tiempo, impulsaron la derogación de dos leyes fundamentales para la lucha contra la delincuencia: la Ley Nro. 32130, que devuelve a la Policía Nacional determinadas funciones en la investigación preliminar, y la Ley Nro. 32735, que restablece las funciones del Fuero Militar Policial en los delitos de función.
La situación de estas normas atraviesa una etapa de revisión legislativa crítica, luego de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobara dictámenes que proponen su derogación total o parcial, respectivamente. Ambas leyes, cuestionadas por sectores que las califican de «procrimen» o consideran que podrían facilitar la impunidad, se encuentran en el centro de una controversia que podría revertir lo avanzado. Estos dictámenes aún deben ser debatidos y votados en el Pleno de la Cámara de Diputados y luego pasar al Senado. ¡Increíble que aún no se solucione!
El país reclama hoy a las fuerzas del orden esfuerzos extraordinarios para combatir la delincuencia y, al mismo tiempo, brindar la máxima ayuda posible a las zonas afectadas por el fenómeno de «El Niño extremo».
Sin embargo, el cuestionamiento a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas continúa en el Congreso, impulsado por parlamentarios de izquierda. Entre sectores de izquierda y caviares, se pretende deshacer lo que este Gobierno busca hacer para enfrentar los problemas nacionales. Parecen más importarles sus propios intereses y los de quienes, desde el exterior, pretenden influir en el destino del Perú que las necesidades reales de los peruanos.
El Poder Judicial, bajo la presidencia de Janet Tello Gilardi, enfrenta una pesada carga procesal sin resolver y una profunda desconfianza ciudadana. La ineficiencia que se atribuye a determinados integrantes de esta institución, sumada a los cuestionamientos sobre su conducción, alimenta la percepción de que persisten influencias ideológicas y políticas que comprometen su independencia. Para recuperar la confianza pública, es indispensable garantizar una justicia imparcial, sin privilegios ni intereses ajenos al cumplimiento de la ley.
Por su parte, la Fiscalía de la Nación atraviesa una etapa de profundos cambios y tensiones políticas bajo la gestión del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Entre los asuntos pendientes figuran la posible desactivación de equipos especiales, la reorganización de las áreas de lavado de activos, los cambios en el personal fiscal, los conflictos institucionales y las limitaciones presupuestarias. En medio de estos problemas, persisten amenazas y expresiones de criminalidad que deben enfrentarse con firmeza y decisión.
En consecuencia, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público necesitan reformas profundas que garanticen su reorganización, independencia e imparcialidad. Ninguna persona, autoridad o grupo político debe estar por encima de la ley.
Otro problema persistente es el cuestionamiento al funcionamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instituciones cuyas actuaciones han sido objeto de controversias durante años. Las elecciones de 2026 especialmente ha generado cuestionamientos relacionados con la organización, la logística, la instalación de las mesas, la apertura de los locales, la entrega de actas, el conteo de votos y la comunicación de los resultados. Estos asuntos deben investigarse rigurosamente y con transparencia, para determinar las responsabilidades que correspondan y los responsables sean sancionados.
En las elecciones regionales y municipales, también resulta indispensable examinar con seriedad los procesos ante tanto reclamo y denuncias de los participantes y electores que surgirán después de la segunda semana de noviembre que darán los resultados.
Del mismo modo, la modalidad del fraude electoral en diferentes países de la región nos lleva a pensar que esto era una práctica promulgada por el Grupo de Sao Paulo fundado en 1990 por Inacio Lula y Fidel Castro para hacer prevalecer a la izquierda comunista. Vemos recientemente lo sucedido en las elecciones de Brasil entre Luiz Inacio Lula da Silva (Izquierda) y Flavio Bolsonaro (derecha), donde, la credibilidad de las denuncias depende de la solidez de las pruebas que la derecha pretende reclamar.
Con este resultado, Lula da Silva, seguirá apoyando ahora al Grupo Puebla en México fundado en el 2019 por López Obrador y otros países representantes de la Izquierda, entre ellos Chile, Colombia Argentina, donde se unieron después Venezuela, Bolivia. Además, también integran y participan algunos peruanos como Veronika Mendoza y el ex candidato presidencial Pedro Sánchez entre otros.
En cuanto a los próximos proyectos de ley, decretos de urgencia y decretos supremos o legislativos anunciados por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con la finalidad de abordar los asuntos que quedaron fuera de las facultades delegadas por el Congreso, esperamos que estas iniciativas se concreten y respondan eficazmente a las necesidades del Perú. El país requiere decisiones oportunas, medidas eficaces y soluciones concretas frente a los graves problemas que lo aquejan.
El Perú no puede seguir soportando hechos insólitos ni continuar siendo rehén de una confrontación política que debilita sus instituciones. Las prácticas parlamentarias que obstaculizan la acción del Estado y profundizan la división nacional deben dar paso a la responsabilidad, la transparencia y el compromiso con el bien común.
¿Dónde están? la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y sus complementos, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y los Órganos de Inteligencia Militar, ¿Cuándo terminan su periodo de reestructuración y el debate legislativo? ¡El Perú no puede esperar más!
El país necesita orden, justicia y firmeza para enfrentar la delincuencia y las demás amenazas que ponen en peligro su estabilidad. El Estado no puede permanecer paralizado mientras los peruanos exigen seguridad, instituciones confiables y soluciones reales.
