OPINIÓN/ ¿Justicia Ideológica e Injusta?

Escribe: Julio Valdez P.

Es necesario decirlo sin rodeos: lo que está en juego no es solo el caso de Rospigliosi, es la libertad de todos.

La condena contra el congresista Fernando Rospigliosi a nueve meses de prisión suspendida por “difamación” no es un hecho aislado ni un simple fallo judicial. Es una señal alarmante de cómo, cada vez más, el sistema de justicia en el Perú parece actuar con un claro sesgo ideológico, castigando opiniones incómodas y protegiendo a ciertos personajes del escrutinio público.

Seamos claros: Rospigliosi no hizo otra cosa que ejercer su derecho a opinar y criticar la actuación de una funcionaria pública de alto nivel como Delia Espinoza. 

En una democracia, eso no solo es legítimo, es indispensable. 

Pretender convertir la crítica política en delito es un atentado directo contra la libertad de expresión.

Aquí no estamos hablando de insultos gratuitos ni de mentiras fabricadas. Estamos hablando de cuestionamientos sobre decisiones y posturas adoptadas por quien fue Fiscal de la Nación, en temas extremadamente sensibles como el tratamiento a militares y policías que combatieron al terrorismo. ¿O es que ahora está prohibido discrepar con quienes tuvieron poder?

La ley 32107, impulsada por Rospigliosi, no es un exabrupto ni una improvisación. Es un intento de poner orden en la aplicación del delito de lesa humanidad, una figura que no puede usarse de manera arbitraria ni con criterios políticos. 

Sin embargo, desde ciertos sectores se ha reaccionado con evidente hostilidad, evidenciando una postura ideologizada que busca imponer una sola narrativa: aquella que condena sin matices a quienes defendieron al país.

Y es ahí donde el rol de Delia Espinoza resulta cuestionable. Su actuación fue percibida por muchos como parcializada, cargada de una visión ideológica que ignora el contexto en el que el Perú enfrentó al terrorismo. 

No reconocer el papel fundamental de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la pacificación del país no es una simple omisión: es una distorsión peligrosa de la historia.

Pero lo más grave viene después. Cuando un congresista critica esa actuación y termina condenado, el mensaje es clarísimo: hay temas que no se pueden tocar, hay personas que no se pueden cuestionar. 

Eso no es justicia, es censura disfrazada de legalidad.

El Poder Judicial, lejos de mostrarse como un árbitro imparcial, da la impresión de alinearse con una visión política específica. Y eso es inaceptable. 

La justicia no puede convertirse en un instrumento para callar voces disidentes ni para blindar a determinados actores públicos. Cuando eso ocurre, el Estado de derecho deja de ser un principio y se convierte en una ficción.

El Perú no puede seguir por este camino. Un país donde opinar puede costarte una condena es un país donde la libertad está en riesgo. Y una justicia que actúa con sesgo ideológico no es justicia: es poder.

Defender a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional no es un delito. Reconocer su papel en la derrota del terrorismo no es difamación. Y cuestionar a funcionarios públicos por sus decisiones no puede, bajo ningún concepto, ser motivo de sanción penal.

Hoy más que nunca, es necesario decirlo sin rodeos: lo que está en juego no es solo el caso de Rospigliosi, es la libertad de todos.