(El Montonero).- Una de las reformas más importantes que debería emprender el nuevo gobierno es la reforma laboral. Las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y del titular de Trabajo, Juan Sheput, apuntan en esa dirección. El objetivo planteado por el MEF es ambicioso: reducir la informalidad laboral del actual 70% a 50% al término de los cinco años de gobierno. Para ello se ha convocado a una comisión de alto nivel integrada por Miguel Jaramillo y Gustavo Yamada, mientras que el borrador del proyecto de solicitud de facultades legislativas revela también la intención de avanzar en cambios sustanciales.
Ejecutivo apunta a una reforma laboral que derrote informalidad laboral
Los propios datos del MEF permiten identificar dónde está el problema. En las microempresas de entre dos y diez trabajadores, la informalidad alcanza aproximadamente el 90% y, fuera de Lima, puede llegar incluso al 95%. No se trata de un fenómeno marginal, sino de la situación laboral de millones de peruanos. Y dado que las micro y pequeñas empresas representan alrededor del 80% del tejido empresarial nacional, cualquier reforma que ignore su realidad estará condenada al fracaso.
Por eso resulta acertado que el Ministerio de Economía considere que la reforma laboral debe estar acompañada de modificaciones tributarias. El Perú lleva años aprobando normas destinadas a promover la formalización sin conseguir resultados significativos. El problema es que se ha pretendido combatir la informalidad sin modificar suficientemente los incentivos económicos que la generan.
Uno de esos obstáculos es la rigidez de los contratos laborales. El borrador de la solicitud de facultades legislativas plantea, en la práctica, modificar el sistema de estabilidad laboral absoluta derivado de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2001, que permite al trabajador optar por la reposición en el empleo en lugar de recibir la correspondiente indemnización.
La experiencia internacional muestra que los mercados laborales modernos necesitan flexibilidad para adaptarse a los cambios económicos. El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Hacer que los mercados laborales funcionen” advierte que las regulaciones de protección del empleo excesivas o mal diseñadas pueden elevar los costos de despido y desincentivar la creación de empleo formal. Cuando contratar trabajadores mediante contratos indefinidos implica riesgos y costos desproporcionados, las empresas tienen incentivos para recurrir a contratos temporales o, directamente, a la informalidad.
El Employment Flexibility Index 2020 ofrece una evidencia adicional. Países como Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Irlanda y Dinamarca combinan mercados laborales relativamente flexibles con elevados niveles de empleo, productividad e inversión. La flexibilidad no significa eliminar derechos laborales, sino permitir que las empresas puedan adaptarse a las transformaciones económicas mientras los trabajadores mantienen sistemas efectivos de protección social.
Esta discusión es particularmente importante para el Perú porque quienes más sufren las consecuencias de la rigidez laboral son precisamente los trabajadores que deberían beneficiarse de ella. Cuando una gran empresa puede asumir determinados costos regulatorios, una microempresa de cinco o seis trabajadores muchas veces no puede hacerlo. El resultado es una segmentación perversa: una minoría accede a empleos formales con protección laboral, mientras millones permanecen excluidos de esos beneficios.
La experiencia de la agricultura peruana demuestra que modificar las reglas puede producir resultados concretos. La Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) adaptó la contratación a la estacionalidad del sector y la acompañó con incentivos a la inversión. Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, entre 2004 y 2017 el empleo formal agrario pasó de 16% a 25% y el ingreso promedio de los trabajadores aumentó 76.7%. El empleo directo e indirecto creció de 460 mil a más de 1.5 millones de puestos, mientras las agroexportaciones superaron los US$ 10 mil millones y la inversión acumulada pasó de US$ 20 mil millones.
El caso de Ica resulta especialmente ilustrativo. La expansión de la agroindustria contribuyó a reducir la pobreza regional hasta niveles cercanos al 6%. No fue la legislación laboral por sí sola la que produjo ese resultado, sino la combinación de reglas adecuadas, inversión, infraestructura, tecnología y acceso a mercados. Pero demuestra que un entorno favorable para la inversión puede traducirse también en mejores oportunidades laborales.
La posterior derogación de ese régimen y su reemplazo por la Ley 31110 introdujeron nuevos costos, entre ellos el Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA). El resultado fue que numerosas pequeñas empresas encontraron mayores dificultades para mantenerse dentro de la formalidad.
Si el objetivo es reducir la informalidad del 70% al 50%, el gobierno deberá asumir que la flexibilidad laboral, la reducción de costos para las mypes, la simplificación tributaria y una protección social efectiva forman parte de una misma reforma. El Perú no necesita más normas destinadas a proteger un mercado laboral que ya funciona para una minoría. Necesita reglas que permitan incorporar a la mayoría.
La reforma laboral será exitosa si consigue precisamente eso: que formalizar deje de ser una excepción y se convierta en la opción natural para empresas y trabajadores.
