Es fundamental abordar el papel del agua en los proyectos extractivos, ya que, desde sus inicios, este recurso es indispensable para el desarrollo de las operaciones mineras.
La Constitución Política del Perú reconoce en su Artículo 7A el derecho al acceso al agua potable, priorizando el consumo humano sobre otros usos. Asimismo, el Estado promueve su manejo sostenible, reconociéndola como un recurso natural esencial, bien público y patrimonio de la Nación.
Al iniciar los trámites para un proyecto minero ante el sector de Energía y Minas, es obligatorio presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que se elabora junto con talleres de participación ciudadana en las zonas de influencia. El EIA incluye un análisis técnico del uso del agua, que debe garantizar el abastecimiento para el consumo humano, la agricultura y la ganadería de las comunidades locales.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es evaluado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles -SENACE, que deriva el capítulo de Recursos Hídricos a la Autoridad Nacional del Agua – ANA, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para su opinión técnica.
En el marco de Perumin 37, realizado en Arequipa, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, participó en el Foro del Agua – Infraestructura Hídrica Verde En Minería – Rol Social y Ambiental, con la Conferencia Magistral “Infraestructura Hídrica para la Agricultura y Minería”. Allí señaló que ambas actividades son complementarias y subrayó la importancia de desarrollar infraestructura hídrica para beneficio social y ambiental, mencionando una cartera de 22 proyectos de irrigación. No obstante, el ministro afirmó:
“Si tenemos que elegir, en momentos de urgencia, en momentos de escasez, entre darle agua a la agricultura o darle agua a la minería, tenemos que darle agua a la minería, porque es la actividad que más flujo de caja le da al país, y con ese flujo de caja más bien podemos construir la infraestructura para darle agua a la agricultura en el mediano plazo. La agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no espera, entonces allí, el Ministerio ha tenido un cambio de lógica importante, un cambio de pensamiento importante, estamos apoyando todos los proyectos mineros que nos llegan, y eso es como les decía lo más importante para el país.”
Esta declaración resulta grave si consideramos que los principales conflictos sociales en minería suelen relacionarse con la conservación del agua, especialmente por antecedentes de empresas irresponsables que han afectado fuentes hídricas esenciales para la subsistencia de poblaciones rurales.
Actualmente, varios proyectos mineros están paralizados debido a conflictos sociales por el uso del agua, como Tambogrande (Piura), Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa), Río Blanco (Piura), La Granja (Cajamarca), Santa Ana (Puno) y Cañariaco (Lambayeque). A pesar de su potencial, no han logrado convencer a las comunidades de que es posible operar sin perjudicar sus actividades agropecuarias.
También preocupa un posible relajamiento en los criterios de evaluación del ANA respecto a estudios hidrogeológicos, de calidad del agua e hidrobiológicos, lo que podría debilitar la rigurosidad técnica, por lo expresado por el Ministro Manero, en el “cambio del pensamiento” de su sector.
En contraste con lo señalado por el Ministro Manero, se pronunció el Ing. Roque Benavides Ganoza, Presidente del Directorio de Minas Buenaventura, profesional de amplia experiencia del sector minero, mencionando el lema que tiene la empresa, “Agua primero, mina después”.
Por su parte, el Gobernador Regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció en Perumin 37 el inicio del proyecto Tía María en octubre, tras obtener las autorizaciones. Este proyecto lleva más de 20 años esperando debido a conflictos por el uso del agua del río Tambo.
Una preocupación que se acentúa con declaraciones como las del Ministro Manero, las cuales ignoran que el núcleo de la oposición a esta minería es precisamente la afectación al recurso hídrico, y la exigencia ciudadana de que primero se garantice la disponibilidad de agua para las poblaciones y la agricultura antes de autorizar cualquier actividad extractiva.
Hoy más que nunca es prioritario garantizar el agua para la población y las actividades agropecuarias, sin afectar las condiciones de vida. Las empresas y autoridades deben asegurar que la minería contribuya al bienestar local y al desarrollo futuro.
Cabe recordar que, en la propuesta de la nueva ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que permita la formalización de los mineros informales y artesanales, se excluye la minería aluvial en cabeceras de ríos y lagos para proteger el agua de la contaminación por mercurio y metales pesados.
Debemos apostar por una sola minería moderna y tecnológica con disposiciones viables y una tramitología acorde con la realidad y necesidad del desarrollo de esta actividad con respeto a las personas y medioambiente, generando confianza a las poblaciones y buena vecindad con las empresas.
