(DW/Ramón Cardozo Álvarez).- El gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela mantiene aún niveles de control social y facultades que el poder administra a su gusto, y que amenazan la apertura política en el país.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela mantiene aún niveles de control social y facultades que el poder administra a su gusto, y que amenazan la apertura política en el país.
El pasado 6 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso el foco sobre una de las excepciones más llamativas de la transición política en Venezuela: a pesar del relato de reconciliación y las excarcelaciones de los últimos meses, un número importante de personas, en especial militares y exintegrantes de los cuerpos de seguridad, continúan privados de libertad por motivos políticos.
Frente a este hecho, la Comisión de la ONU exigió al Estado venezolano la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos —incluidos los militares—, así como el cese de toda persecución o represalia a través del sistema penal y militar.
Estas medidas parciales de apertura política del interinato no se limitan a las cárceles. Distintas organizaciones y voceros de la sociedad civil venezolana denuncian comportamientos similares en otros ámbitos, como el levantamiento selectivo de la censura digital —que deja afuera a determinados medios— y el muy limitado desmontaje del entramado jurídico de persecución y criminalización de la disidencia.
A esto se suman las recientes conclusiones de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que documentó la continuidad del aparato represivo del Estado venezolano.
Los procesos de apertura política no se miden solo por lo que cambian, sino también por lo que preservan. Nueve meses después de la salida de Nicolás Maduro, la pregunta no es únicamente cuánto se ha liberalizado Venezuela, sino dónde ha trazado el «Delcinato»—el interinato de Delcy Rodríguez tutelado por Washington— la línea roja de la apertura: qué espacios de control preserva el régimen y qué revela esa selección.
De cada 10 militares y funcionarios de seguridad presos en enero, más de 8 aún continúan detenidos
En los últimos meses «se ha forzado la excarcelación de mucha gente»,pero todavía permanece privado de libertad un número de presos políticos superior al registrado antes de las elecciones de julio de 2024, señala Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). La abogada advierte, además, que «el número de militares se mantiene casi intacto” frente a las excarcelaciones de este año.
La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, en una reunión con el nuevo ministro de Defensa, el general en jefe Gustavo González López (segundo de la derecha),
De acuerdo con los datos actualizados de JEP recogidos por la plataforma digital Pulso Venezuela, y el informe ‘El balance de la arbitrariedad’, en enero de 2026 se tenían registrados 1.011 presos políticos, de los cuales 223 eran militares o funcionarios activos y retirados de los cuerpos de seguridad.
Para septiembre, el total de presos políticos había descendido a 426, con 230 civiles y 196 del sector de seguridad.
La diferencia en la reducción porcentual de ambos grupos es elocuente: mientras el 73 por ciento de los civiles que se encontraban detenidos en enero fueron excarcelados; entre militares y funcionarios de seguridad la cifra de excarcelados no superó el 12 por ciento. En otras palabras, cerca del 88 por ciento de los militares y funcionarios de seguridad que estaban presos en enero continuaban detenidos en septiembre.
La línea roja en las excarcelaciones militares la había trazado el «Delcinato»en la Ley de Amnistía. Diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron en su momento que la norma dejaba fuera del beneficio a numerosos casos militares y de seguridad procesados bajo figuras como rebelión, conspiración y otras acusaciones vinculadas a supuestos alzamientos o acciones contra el Estado.
Esta restricción política se ha mantenido hasta el día de hoy. Para Martha Tineo, este grupo de militares y funcionarios excluidos tiene una característica particular: se puede afirmar «con absoluta propiedad» que «son los presos de las cabezas del aparato represivo», para quienes su permanencia en prisión se ha convertido en «un punto de honor».
Tineo sostiene, además, que la permanencia de este importante conjunto de presos políticos funciona como un mensaje de advertencia y control político para el resto de la sociedad.
6 de cada 10 dominios de internet censurados en septiembre permanecen bloqueados
La línea roja se extiende también al terreno de la libertad de información. En el contexto de las exigencias de apertura política impuestas al interinato, el 17 de septiembre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) informó sobre «el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales».
El organismo gubernamental, sin embargo, no identificó cuáles eran los portales incluidos en la medida.
Las mediciones independientes realizadas posteriormente por la organización civil VE sin Filtro muestran que el levantamiento de la censura digital fue bastante parcial. De los 188 dominios incluidos en su registro, solo 71 dominios —37,8 por ciento— recuperaron el acceso en al menos un proveedor de internet del país, mientras que 117 dominios —62,2 por ciento— se mantuvieron totalmente bloqueados.
Por otra parte, de los 71 dominios desbloqueados solo 45 habían recuperado el acceso en todos los proveedores de internet en Venezuela.
Esto significa que 143 dominios conservan algún tipo de censura. De ellos, el 46 —32,2 por ciento— corresponden a portales de noticias, entre ellosArmando.info, El Nacional, La Patilla, NTN24, VPITV y EVTV.
A estos se suman 31 dominios vinculados a portales anticensura y VPN —21,7 por ciento—, además de 17 de política, siete de economía y siete de derechos humanos.
Para VEsin Filtro, el mantenimiento de la censura digital a estos dominios constituye una clara advertencia para los que fueron desbloqueados, ya que el hecho de que «solo algunos medios hayan sido desbloqueados representa una amenaza constante para la libertad de expresión y para todos los medios, que saben que podrían volver a ser bloqueados en cualquier momento».
Del entramado legal represivo solo se toca, a medias, la Ley contra el Odio
La tercera línea roja de esta apertura selectiva se traza en el desmontaje del andamiaje legal. De todo el corpus normativo diseñado para criminalizar la disidencia y asfixiar el espacio cívico —cuya derogación exigen desde hace años la sociedad civil y los organismos internacionales— el «Delcinato», hasta el momento, solo ha mostrado disposición para tocar, y a medias, una de sus normas más nocivas.
El pasado 29 de septiembre Delcy Rodríguez anunció que solicitó a la Asamblea Nacional oficialista la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio. El texto del proyecto no ha sido divulgado. Sin embargo, el anuncio de una simple reforma parcial para despenalizar la ley ha levantado fuertes críticas.
Al día siguiente del anuncio, siete reconocidas organizaciones de derechos humanos rechazaron mediante un comunicado la medida y exigió la derogación total de la norma. Su argumentación es contundente: la ley tiene defectos en su origen, es incompatible con estándares internacionales de derechos humanos y sus efectos negativos trascienden lo penal.
Al mantenerla vigente, el Estado conserva la facultad administrativa para cerrar medios, bloquear portales web, imponer multas desproporcionadas, cancelar partidos políticos y asfixiar a las oenegés, todo bajo definiciones vagas que el propio poder interpreta según sus intereses.
Miradas en conjunto, las líneas rojas trazadas en estos tres ámbitos —excarcelaciones, desbloqueos en internet y desmontaje del entramado legal de persecución de la disidencia— revelan lo que el «Delcinato» preserva: facultades y espacios de control social que el poder continúa administrando discrecionalmente, y que constituyen una amenaza de reversión de la apertura.
TOMADO DE: https://www.dw.com/es/l%C3%ADneas-rojas-de-la-transici%C3%B3n-venezolana-el-poder-que-preserva-el-delcinato/a-79642755
