Mientras el Congreso evalúa y llega tarde al impacto de la TUUA, el mercado ya tomó una decisión: moverse hacia donde las condiciones son más eficientes.
El reciente pronunciamiento del Congreso de la República sobre la evaluación del impacto de la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez llega nuevamente tarde, pero confirma lo que el mercado ya empezó a corregir por su cuenta. Mientras se solicitan informes y se revisan cifras, varias aerolíneas han comenzado a tomar decisiones silenciosas pero contundentes: evitar Lima como hub de conexión.
Lo que antes era un riesgo advertido, hoy es una decisión operativa.
No es una percepción aislada ni una advertencia teórica. Es la confirmación de una respuesta económica racional que ya está en marcha. Cuando una tarifa encarece artificialmente el tránsito de pasajeros, el modelo de hub pierde competitividad. Las aerolíneas, en la búsqueda de mejorar el factor de ocupación de sus aeronaves y optimizar costos, rediseñan sus redes: priorizan rutas punto a punto, fortalecen hubs alternativos en la región y redistribuyen capacidad hacia mercados más eficientes.
El resultado es progresivo, pero claro: menos pasajeros en conexión, menor densidad de rutas y una pérdida paulatina de relevancia de Lima como nodo regional.
Pero lo verdaderamente preocupante no es solo el efecto, sino su origen.
El Estado que reacciona tarde
El debate público nuevamente se activa cuando el impacto ya es visible. Sin embargo, la TUUA no nació de la noche a la mañana. Se gestó hace más de una década, cuando ni siquiera se había colocado una sola piedra del nuevo terminal, la pista de aterrizaje ni la torre de control.
Es el resultado de una cadena de decisiones técnicas, contractuales y regulatorias adoptadas con años de anticipación, que fueron distorsionando el marco original del contrato de concesión del aeropuerto operado por Lima Airport Partners, diseñado por ProInversión con la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y bajo la supervisión de OSITRAN, sin que se haya corregido oportunamente el rumbo ni transparentado sus implicancias.
Decisiones que fueron presentadas como técnicamente sólidas, pero que hoy evidencian una falla estructural: la incapacidad del Estado para anticipar los efectos sistémicos de sus propias decisiones.
El negocio invisible de las consultorías
Antes de cada gran concesión, el Estado contrata consultoras muchas veces internacionales para estructurar contratos, modelar demanda, estimar riesgos y definir esquemas tarifarios. Estos servicios cuestan millones y se justifican como garantía de rigor técnico.
Sin embargo, los resultados terminan hablando por sí solos:
Proyecciones que no se cumplen
Riesgos mal asignados
Cláusulas que favorecen al concesionario
Omisión de impactos sobre la competitividad futura del sistema
Aquí se configura el primer gran problema: el Estado paga por estudios que no previenen las distorsiones, sino que terminan formando parte de ellas.
Cuando el Estado paga dos veces
El ciclo es perverso y recurrente:
Se paga por consultorías para estructurar el contrato
Se firma bajo supuestos que no resisten la realidad
Aparecen distorsiones (como la TUUA de transferencia)
El Estado enfrenta arbitrajes o presiones contractuales
Se termina pagando en compensaciones o trasladando el costo al usuario
Es decir, el Estado paga por el diseño y luego paga por el error del diseño.
La puerta giratoria: del diseño al arbitraje
Uno de los aspectos más delicados y menos discutidos es la llamada puerta giratoria.
Existen casos donde:
Equipos técnicos o consultoras participaron en la estructuración de contratos
Años después, aparecen vinculados a procesos arbitrales defendiendo al concesionario frente al Estado
Esto no solo es éticamente cuestionable; revela un vacío institucional grave.
El mismo conocimiento que debió proteger al Estado termina siendo utilizado en su contra.
Funcionarios sin rostro, decisiones sin memoria
Cada contrato tiene responsables. Cada cláusula tiene autores. Pero el sistema diluye esa responsabilidad:
Los nombres no se conocen
Los informes no son plenamente públicos
Las decisiones no tienen trazabilidad
Por eso, una reforma clave es la publicación obligatoria de la cadena de decisiones, incluyendo:
Funcionarios que negociaron y aprobaron
Informes técnicos y sus autores
Opiniones discrepantes (si existieron)
Trayectoria laboral posterior de quienes participaron
Sin esa trazabilidad, no hay rendición de cuentas real.
Regulación que valida, pero no corrige
El rol del regulador es clave. Sin embargo, cuando entidades como OSITRAN actúan más como validadores que como fiscalizadores efectivos, el sistema pierde su capacidad de autocorrección.
La pregunta no es solo si la TUUA es legal
LA PREGUNTA ES: ¿FUE CORRECTAMENTE CONCEBIDA?, ¿SE ADVIRTIERON SUS EFECTOS?, ¿QUIÉN DECIDIÓ SEGUIR ADELANTE PESE A ELLOS?
Penalidades y pérdida de competitividad
Las consecuencias no son teóricas:
Aerolíneas que evitan Lima como hub
Reducción de conectividad
Encarecimiento de rutas
Menor competitividad turística y logística
Y en paralelo:
Riesgo de arbitrajes
Compensaciones económicas
Transferencia de costos al usuario
El país pierde por donde se le mire.
Una reforma impostergable
Lo ocurrido con la TUUA no es un hecho aislado. Es el síntoma de un modelo que requiere correcciones urgentes:
Responsabilidad individual clara
Cada decisión debe tener nombre y apellido.
Regulación de la “puerta giratoria”
Impedir que quienes diseñaron contratos participen posteriormente en arbitrajes o asesorías contra el Estado.
Auditorías técnicas independientes
Evaluar no solo los aspectos financieros, sino también la lógica contractual y su impacto sistémico.
Transparencia radical
Publicación íntegra y oportuna de contratos, adendas e informes técnicos desde su elaboración y durante todo el proceso.
Inhabilitación y control de reincidencia en la función pública
Establecer la inhabilitación temporal y, en casos graves, permanente de funcionarios responsables de decisiones que hayan generado perjuicio al Estado, impidiendo su reingreso o rotación en otras entidades sin una evaluación independiente y rendición de cuentas efectiva.
Fortalecimiento técnico del Estado
Reducir la dependencia de consultorías externas y recuperar capacidades internas de diseño, evaluación y supervisión.
Conclusión: del sometimiento a la decisión
Lo que hoy ocurre no es solo un problema tarifario. Es la evidencia de un Estado que, por debilidad técnica, omisión o decisiones cuestionables, ha terminado comprometiendo su propia capacidad de decisión.
Mientras el Congreso evalúa y llega tarde al impacto de la TUUA, el mercado ya tomó una decisión: moverse hacia donde las condiciones son más eficientes.
Y en aviación, recuperar un hub no es fácil. Las rutas que se pierden no siempre regresan.
Por eso, la discusión no puede limitarse a una tarifa.
Debe enfocarse en algo mucho más profundo:
¿QUIÉN DECIDE POR EL PAÍS, CÓMO LO HACE Y A QUIÉN TERMINA BENEFICIANDO REALMENTE?
Porque mientras esas preguntas no se respondan con transparencia y responsabilidad, el Perú seguirá atrapado en un ciclo donde el Estado negocia mal, paga caro y el ciudadano termina financiando el error.
