los últimos reportes de Datum e Ipsos señalan que entre 87% y 90% de compatriotas se sienten inseguros en las calles
Para enfrentar la inseguridad ciudadana debe constituirse una unidad operativa o comando unificado de coordinación integrado por todos los organismos públicos vinculados al tema (PNP, Ministerio del Interior, INPE, Poder Judicial, Fiscalía, Congreso, Serenazgo, Gobiernos Locales, Regionales y Fuerzas Armadas), comités de autodefensa y empresas privadas de vigilancia, que cuentan con 126 mil efectivos en planilla, vehículos y 48 mil armas debidamente registradas en Sucamec.
Por mandato del artículo 166 de la Carta Fundamental, la PNP es el eje central en la lucha contra la delincuencia y cumple una tarea compleja a pesar del reducido número de efectivos y de las precariedades que padecen.
En 1990 había 129 mil policías, cuando nuestra población era de 22 millones 600 mil habitantes. En 2005, el porcentaje se elevó a 28 millones, pero el número de efectivos se redujo a 90,247; es decir, 39 mil menos.
El 2025 registramos 34 millones, pero solamente disponemos de 139 mil agentes, un déficit estimado entre 50 y 60 mil, en circunstancias que se ha incrementado el volumen de delincuentes y bandas criminales nacionales, reforzadas con sanguinarias pandillas extranjeras como «El Tren de Aragua” de Venezuela, “Los Choneros” de Ecuador y “Los Bravos del Gota a Gota” de Colombia, 5 mil de ellos encarcelados y centenares en libertad gracias, en gran medida, a fiscales y jueces incapaces o corruptos que incumplen sus funciones.
En 1990 se hizo un desglose para determinar el volumen real de PNP que realizaban labores de calle. De 90,247 registrados en esa época, 17,864 eran asimilados (médicos, abogados, ingenieros, enfermeras, asistentes sociales, etc.) y 13,589 desarrollaban tareas administrativas, quedando un neto de 58,794 gendarmes.
A esa cifra, restamos 12 mil que trabajaban en direcciones especializadas (inteligencia, contraterrorismo, drogas, criminalística, seguridad del Estado, penales, ecología, fronteras, tránsito, etc.), quedando un total de 44,794.
Pero, atendiendo que el servicio es de 24 horas continuas por 24 horas de descanso, la cifra se limitaba a 22,397. Más aún, el estudio de 1990 registraba que anualmente 4,900 salían de vacaciones o se encontraban de permiso o licencia por enfermedad.
La crisis ahora resulta mayor porque a lo dicho debemos agregar que 45% del parque automotor (patrullas, camionetas y motos) se encuentran inoperativos y 27% de esos vehículos son irrecuperables.
Más aún, 70% de comisarías funcionan con infraestructura precaria: 44.5% carecen de agua potable, desagüe y electricidad y de 1,323 locales 956 tienen edificaciones defectuosas o en riego (EC/18/06/2024)
Se ha avanzado, sin duda, pero a menor velocidad que la delincuencia, por lo que resulta urgente que el Estado proporcione más recursos presupuestales a la PNP para que cuenten con mas personal, locales, unidades motorizadas y tecnología de punta.
Esa es una labor prioritaria que debe merecer la mayor atención del próximo Gobierno y del Poder Legislativo, en momentos que los ciudadanos se encuentran temerosos que los asalten, extorsionen o asesinen.
De la seguridad depende la vida nuestras familias y constituye un condicionante para las inversiones y el desarrollo nacional. Ahora, con la campaña electoral, el tema vuelve a surgir, con estruendo y chirridos para atraer al votante, como plantear la pena de muerte para sicarios, construir cárceles rodeadas de víboras y organizar comandos de aniquilamiento.
Esperemos que las autoridades que se instalen este 28 de julio actúen con eficiencia, responsabilidad y rapidez en defensa de los atemorizados ciudadanos, recordando que los últimos reportes de Datum e Ipsos señalan que entre 87% y 90% de compatriotas se sienten inseguros en las calles y que de agosto del 2024 a diciembre del 2025 los delincuentes han asesinado 93 transportistas y dejaron heridos a 176 solo en Lima y Callao.
Adición:La PNP debe publicar la relación de malhechores extranjeros apresados por cometer diversos delitos. A varios de ellos los dejan en libertad y vuelven a delinquir.
