El retorno no puede improvisarse porque repatriar a 700 mil venezolanos sería la mayor operación migratoria de nuestra historia. Un error de ejecución costaría familias, vidas y credibilidad del Estado.
El pasado 5 de octubre, la presidenta constitucional del Perú, Keiko Fujimori, y la presidenta inconstitucional de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordaron coordinar el programa “Vuelta a la Patria”, para el regreso de extranjeros en situación irregular. El propósito es legítimo, pero la magnitud de la empresa la hace inviable.
Se estima que, del millón 600 mil venezolanos radicados en el país, 700 mil carecen de domicilio. Trasladarlos a su patria por vía aérea, como se anuncia, exigiría más de dos mil vuelos y una inversión de unos 450 millones de dólares, sin contar la custodia policial en cada trayecto, pero ninguna autoridad ha precisado con qué recursos y quién pagaría la abultada cuenta.
El riesgo mayor no es económico, sino humanitario, porque detrás de cada cifra hay hogares formados con compatriotas o con peruanos, niños nacidos aquí y trabajadores integrados a la economía. Separarlos dejaría una herida social difícil de reparar. Además, entre quienes huyeron del hambre, la falta de medicinas o la represión del chavismo hay quienes necesitan protección internacional. Devolverlos contra su voluntad vulneraría el principio de no devolución que el Perú está obligado a respetar de acuerdo con el derecho internacional porque no se puede deportar a quienes tienen arraigo o han sido calificados como refugiados.
A ello se suma una condición que no depende de nosotros: Caracas debe emitir los pasaportes y aceptar el reingreso de sus nacionales. Sin ese compromiso, el programa quedaría reducido a un anuncio sin ejecución.
El fenómeno, por lo demás, es regional. Más de nueve millones de venezolanos han salido del país, según ACNUR y la OIM. Colombia acoge a 2,9 millones; el Perú, a 1,6 millones, de los cuales solo 2500 se han nacionalizado; Chile, a 800 mil; Brasil, a 781 mil, y Ecuador, a 440 mil. Ningún Estado resolverá por sí solo un tema que representa un desafío compartido.
Un gobierno serio no maneja la migración con anuncios, sino con orden, registro y verificación.
El camino, por tanto, es identificar a cada persona, regularizar a quienes cumplan los requisitos, sancionar a quienes delinquen y ofrecer un retorno voluntario y gradual a quienes decidan volver. Si el primer gran intento fracasa, no solo caerá un programa: se debilitará la autoridad del Estado y se abrirá espacio a la informalidad y a las redes que lucran con la trata de migrantes.
En suma, la política migratoria no admite improvisación.
