OPINIÓN/ Orden, autoridad y ciudad: recuperar el país con educación cívica y sanción comunitaria

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

Cuando el Estado deja de sancionar, educa en el incumplimiento

El deterioro del espacio público y el irrespeto cotidiano a la autoridad no son fenómenos espontáneos ni inevitables. Son el resultado directo de políticas públicas mal diseñadas, que confunden sancionar con recaudar y tolerancia con debilidad institucional. Durante décadas, el Estado ha optado por multas pecuniarias que no se cobran, procesos administrativos que no se ejecutan y un mensaje implícito devastador: infringir la norma no tiene consecuencias reales.

La obediencia selectiva: la hipocresía cívica inducida

Existe una paradoja que el discurso oficial evita enfrentar: el mismo ciudadano que en el Perú ignora semáforos, invade carriles, insulta a la autoridad o degrada el espacio público, en el extranjero cumple estrictamente las normas de tránsito, respeta filas, cuida la ciudad y acata instrucciones sin resistencia.

No se trata de una súbita transformación moral ni de un rasgo cultural que recordamos solo al cruzar la frontera. Es una reacción racional frente a Estados que funcionan.

En Europa, Norteamérica o incluso en países vecinos, la sanción no es una amenaza retórica: es inmediata, verificable y efectiva. Las multas se cobran, la asistencia obligatoria a cursos correctivos se cumple, las comparecencias administrativas se ejecutan y los antecedentes pesan.

En el Perú, en cambio, el incumplimiento ha sido sistemáticamente tolerado, NEGOCIADO o archivado. EL MENSAJE APRENDIDO ES CLARO Y CORROSIVO: LA NORMA EXISTE, PERO NO OPERA.

Esa es la verdadera raíz de la llamada VIVEZA CRIOLLA: no solo una falla moral del ciudadano, sino una pedagogía estatal del incumplimiento. Cuando el Estado abdica de sancionar con seriedad, produce ciudadanos que respetan afuera lo que desprecian dentro. Recuperar el país exige romper esa doble moral inducida, no con discursos patrióticos ni campañas publicitarias, sino con reglas que se cumplan aquí con la misma firmeza que admiramos cuando viajamos.

Recuperar el país exige abandonar esa inercia. No con autoritarismo, sino con educación cívica obligatoria y sanción comunitaria proporcional al daño causado.

Un procedimiento claro, verificable y educativo

La propuesta no requiere reformas constitucionales ni aparatos burocráticos complejos. Requiere decisión política y coherencia institucional.

Tipificación clara de faltas cívicas

Identificar como infracciones administrativas sancionables con medidas educativas y comunitarias:

• faltas de respeto a la autoridad en ejercicio legítimo;

• infracciones de tránsito no delictivas;

• arrojo de basura, desmonte y afectación del espacio público;

• reincidencia en conductas antisociales de impacto urbano.

Multa razonable con sanción formativa obligatoria

La imposición de la sanción comprende una multa pecuniaria proporcional y razonable, cuya finalidad no es recaudatoria, sino disuasiva y educativa.

Independientemente de su pago, y como parte integrante de la sanción, se activa obligatoriamente:

• asistencia a charlas de educación cívica, tránsito, convivencia urbana y respeto a la autoridad;

• participación en servicio comunitario de limpieza, recuperación y mantenimiento del espacio público, directamente vinculado al tipo y magnitud del daño ocasionado.

En caso de incumplimiento del pago de la multa, la sanción formativa se mantiene y se amplía, sin perjuicio de las medidas administrativas que correspondan.

No se trata de castigo simbólico, sino de responsabilidad, reparación y aprendizaje.

Proporcionalidad: a mayor daño, mayor servicio

La sanción debe guardar relación directa con el impacto causado:

• quien arroja basura limpia su barrio;

• quien arroja desmonte participa en jornadas de recuperación urbana;

• quien irrespeta normas de tránsito apoya campañas de seguridad vial.

La ciudad se convierte así en aula cívica, y la sanción en aprendizaje.

Ejecución real, no decorativa

El sistema debe ser registrado, trazable y verificable:

• asistencia controlada y certificada;

• horas de servicio comunitario registradas;

• reincidencia con sanciones progresivas.

El incumplimiento no se archiva: se escala.

Condicionalidad administrativa: derechos con responsabilidad

Sin afectar derechos fundamentales (voto, salud, justicia), el Estado puede condicionar:

• trámites administrativos no esenciales;

• beneficios discrecionales;

• determinados actos notariales o registrales, al cumplimiento de las sanciones cívicas impuestas.

No como castigo, sino como recordatorio institucional de que la convivencia también implica deberes.

Una política que los partidos deben asumir

Esta no es una propuesta marginal ni “dura”. Es una política pública de recuperación nacional, y los partidos políticos que hoy compiten por gobernar el país deberían incorporarla explícitamente en sus planes de gobierno.

Porque:

• el orden urbano no se logra solo con más policías;

• la educación cívica no se logra solo en las aulas;

• la autoridad no se recupera con discursos, sino con coherencia.

Quien aspire a gobernar debe decirnos con claridad cómo piensa reeducar al infractor, reparar el daño colectivo y restablecer el respeto por la ciudad.

Recuperar la ciudad es una decisión política

El desorden urbano, el irrespeto a la autoridad y la degradación del espacio público no son fallas culturales inevitables ni problemas menores de convivencia. Son el reflejo de un Estado que renunció a ejercer autoridad y de una clase política que prefirió administrar el caos antes que corregirlo. No por incapacidad técnica, sino por cálculo: sancionar cuesta votos, tolerar el incumplimiento los conserva.

Durante años, gobiernos nacionales, regionales y municipales han elegido la salida fácil: normas que no se cumplen, multas que no se cobran y campañas simbólicas que no corrigen conductas. El resultado está a la vista: ciudades tomadas por la informalidad y la basura, tránsito caótico, servicios públicos deteriorados y una ciudadanía que aprendió que infringir la ley forma parte del sistema.

Recuperar el país no exige estados de excepción ni discursos punitivos. Exige algo más incómodo para el poder: coherencia. Aplicar la ley sin excepciones, EJECUTAR SANCIONES SIN NEGOCIACIÓN y asumir el costo político de reeducar a quien infringe.

LA EDUCACIÓN CÍVICA OBLIGATORIA Y LA SANCIÓN COMUNITARIA NO SON MEDIDAS “DURAS”; SON HERRAMIENTAS BÁSICAS DE UN ESTADO QUE SE RESPETA A SÍ MISMO.

El Congreso no puede seguir legislando como si el orden urbano fuera un tema menor, ni los gobiernos locales escudarse en la falta de recursos para justificar la inacción. El marco legal existe. Lo que falta es voluntad de aplicarlo y el coraje político de sostenerlo en el tiempo.

Quien aspire a gobernar el Perú debe decirlo sin rodeos: si está dispuesto a enfrentar la impopularidad inicial que implica sancionar, o si seguirá cultivando la permisividad que ha erosionado la autoridad del Estado. Porque no hay desarrollo posible sin reglas que se cumplan, ni ciudadanía plena sin deberes exigibles.

El orden no se mendiga. Se gobierna

Y gobernar implica decidir. Decidir si el país seguirá educando en el incumplimiento, normalizando la infracción y premiando la informalidad, o si asumirá, de una vez, la responsabilidad de corregirse con reglas claras, sanciones efectivas y autoridad ejercida sin complejos.

NO HAY DESARROLLO SIN ORDEN.

NO HAY CIUDADANÍA SIN DEBERES EXIGIBLES.

NO HAY ESTADO RESPETADO CUANDO LA LEY SE NEGOCIA O SE ARCHIVA.

El Perú no necesita más discursos ni campañas simbólicas. Necesita gobernantes dispuestos a aplicar la norma, sostener la sanción y asumir el costo político de hacer cumplir la ley. Porque el respeto no se decreta ni se pide: se construye con coherencia, día a día, desde el poder.

QUIEN NO ESTÉ DISPUESTO A GOBERNAR CON AUTORIDAD, QUE NO PRETENDA GOBERNAR EL PAÍS.

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