La política social peruana debe pasar de una lógica de «beneficiarios» a una lógica de «ciudadanos con capacidades»
La pobreza monetaria se redujo al 25,7% en 2025 (INEI, 2026) pero la pobreza multidimensional (INEI, 2026) y los 191 conflictos sociales activos (Defensoría del Pueblo, Julio 2026) revelan que las transferencias económicas no bastan para cerrar las brechas de desigualdad en el territorio.
La mejora en las cifras oficiales invita al optimismo, pero la realidad es más compleja, porque mientras el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta que 567 mil personas dejaron la pobreza monetaria en el último año, la Defensoría del Pueblo registra 191 conflictos sociales vigentes, la mayoría vinculados a la explotación de recursos naturales en regiones donde el Estado aún es una promesa incumplida.
Esta paradoja resume el principal desafío del país: la pobreza no es solo la falta de dinero, sino la carencia de oportunidades, servicios y derechos en un territorio profundamente fragmentado. Allí donde la carretera no llega, el agua no es segura, la escuela es deficiente y los servicios de salud no existen, la frustración social encuentra un caldo de cultivo que no se cubre con bonos ni la pensión que puedan cubrir sus necesidades básicas.
La pobreza que mide el bolsillo y la realidad de la vida diaria
La pobreza monetaria, que mide la capacidad de compra de los hogares, pasó de 27,6% en 2024 a 25,7% en 2025, según el INEI, sin embargo, la pobreza extrema aún afecta al 4,7% de la población, es decir, 1,6 millones de peruanos, y el 32,8% se mantiene en condición de vulnerabilidad económica.
Pero estas cifras no cuentan toda la historia. Una familia puede superar la línea de pobreza monetaria y continuar viviendo sin agua potable, sin saneamiento, sin conectividad, con una escuela precaria y sin acceso a un empleo formal. La pobreza multidimensional, que mide estas carencias, revela que las privaciones van mucho más allá del ingreso.
El dato rural es devastador: la pobreza extrema en el campo alcanza el 11,4%, mientras que en las ciudades es del 2,8%. La brecha étnica es igual de profunda: el 46,2% de los hogares cuyo jefe tiene como lengua materna una lengua indígena amazónica vive en pobreza.
El círculo vicioso de la desigualdad territorial
El Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), en el Grafico 11 – Puntaje INCORE 2026 vs Pobreza monetaria 2025 – muestra la diferencia entre las regiones más competitivas como Ica, Moquegua y Arequipa presentan tasas de pobreza de 4,5%, 7,8% y 12,8%, respectivamente, y en la parte opuesta está Loreto, Ucayali y Huánuco.
Loreto es el caso más emblemático: a pesar de su riqueza en recursos naturales, ocupa históricamente los últimos lugares en competitividad. La falta de conectividad, infraestructura y capacidades institucionales impide que el potencial productivo se transforme en bienestar para su población.
El IPE sostiene que entre 2004 y 2014, cuando creció la inversión privada en promedio 12,2% anual, la pobreza se redujo significativamente. En la década siguiente, con un crecimiento de apenas 1% anual, la reducción de la pobreza perdió dinamismo, por lo cual sostiene que, sin inversión productiva, no hay salida sostenible de la pobreza.
Conflictos sociales: la reacción de la población olvidada
El Reporte de Conflictos Sociales N° 269, correspondiente a julio 2026, de la Defensoría del Pueblo, contabiliza 191 conflictos, de los cuales 150 están activos. Los conflictos socioambientales representan el 49,2% del total, y dentro de ellos, la minería 64,9%) y los hidrocarburos (17%) son los sectores más conflictivos.
Estos conflictos no son al azar, ocurren en localidades donde la población percibe que los beneficios de la explotación de recursos naturales se distribuyen de manera desigual, mientras que los costos ambientales y sociales permanecen en la comunidad, como pasivos ambientales, por lo que se puede afirmar que la pobreza no es la causa inmediata del conflicto, pero es la condición estructural que amplifica la percepción de exclusión.
De los 191 conflictos, 122 son de competencia del Gobierno nacional, 50 de gobiernos regionales y 14 de gobiernos locales. Esta distribución revela un problema de gobernanza: el Estado no logra coordinar sus niveles de gobierno para responder a las demandas ciudadanas.
El dilema de los programas sociales: asistencia o transformación
Los programas sociales han sido útiles, se puede afirmar cuando se evalúa el impacto de Pensión 65 y Juntos, documentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, muestran efectos positivos en el gasto de los hogares, la alimentación, la salud y la educación. Sería incorrecto afirmar que «no funcionan»
El problema es otro: funcionan para proteger, pero no para transformar. Una transferencia monetaria no construye una carretera. Una pensión no crea un hospital. Un programa alimentario no genera empleo productivo.
El presupuesto público para 2025 contemplaba recursos importantes para estos programas, pero el desafío consiste en articularlos con políticas que modifiquen las condiciones que producen pobreza. Una familia rural puede recibir el bono de Juntos, pero seguirá siendo vulnerable, si carece de agua potable, saneamiento, salud, conectividad, asistencia técnica y acceso a mercados.
Hacia una política de capacidades, no de asistencia
El enfoque de capacidades del economista Amartya Sen ofrece una brújula para este laberinto: la pobreza no se reduce a la falta de ingresos, sino a la imposibilidad de ser y hacer lo que una persona valora. Dos familias con ingresos similares pueden tener oportunidades radicalmente distintas según en la localidad donde vivan.
La política social peruana debe pasar de una lógica de«beneficiarios» a una lógica de «ciudadanos con capacidades»;. Esto implica:
Mantener los programas sociales para proteger a los más vulnerables, particulándolos con políticas productivas y territoriales.
Fortalecer la inversión pública en infraestructura básica: agua, saneamiento, salud, educación, conectividad y transporte.
Mejorar la calidad de la educación y la salud para aumentar el capital humano.
Reducir la informalidad laboral mediante una estrategia nacional de productividad.
Acompañar la actividad extractiva con mecanismos efectivos de participación ciudadana, prevención de conflictos y que el canon y regalías sean un beneficio para las necesidades de la población.
Fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos regionales y locales.
Conclusión: la verdadera lucha contra la pobreza
El Perú ha logrado reducir la pobreza monetaria, pero esa victoria es frágil, porque mientras persistan las brechas territoriales, la pobreza multidimensional y los conflictos sociales, la mejora estadística será un espejismo.
La existencia de 191 conflictos sociales en julio de 2026 demuestra que la mejora de algunos indicadores económicos no ha resuelto las tensiones territoriales y sociales, porque desde hace 15 años este número en promedio no ha disminuido. El reto no consiste únicamente en sacar a las personas de una línea estadística, consiste en construir las condiciones para que las familias puedan dejar de ser vulnerables, desarrollar sus capacidades y participar en igualdad de condiciones en el desarrollo del país.
La verdadera lucha contra la pobreza debe pasar de una política de asistencia a una política de capacidades, oportunidades y ciudadanía, porque mientras las personas y los territorios continúen privados de las condiciones de básicas de vida, que constituyen las capacidades según el economista Amartya Sen, la reducción temporal de la pobreza monetaria será frágil y la conflictividad social continuará siendo una expresión de las brechas que el Estado todavía no logra cerrar.
Mantener los programas sociales para proteger a los más vulnerables, particulándolos con políticas productivas y territoriales.