Las urnas no están diciendo quién debe imponerse sobre el otro; están diciendo que ninguno puede gobernar legítimamente ignorando al otro.
Las elecciones suelen concebirse como mecanismos destinados a producir una mayoría gobernante capaz de implementar un determinado programa político. Sin embargo, existen momentos en la vida de las naciones en los que los resultados electorales transmiten un mensaje distinto: no la consolidación de una mayoría, sino la constatación de una sociedad profundamente dividida que exige ser reconciliada. En tales circunstancias, la lógica de vencedores y vencidos deja de ser funcional para la democracia y se convierte en un obstáculo para la gobernabilidad.
Un resultado electoral en el que dos candidaturas concentran porcentajes prácticamente equivalentes del electorado no constituye simplemente un empate técnico pendiente de resolución administrativa. La ciudadanía no ha otorgado un mandato absoluto a ninguna fuerza política; por el contrario, ha distribuido su confianza de manera casi simétrica entre proyectos distintos, enviando un mensaje que trasciende la lógica tradicional de la competencia electoral. Las urnas no están diciendo quién debe imponerse sobre el otro; están diciendo que ninguno puede gobernar legítimamente ignorando al otro.
El electorado peruano no ha respaldado de forma contundente ni a Fuerza Popular ni a Juntos por el Perú. Más bien ha expresado dos preocupaciones igualmente legítimas que coexisten en el espacio público nacional: por un lado, la demanda de lucha contra la corrupción, la captura de las instituciones y el abuso de poder; por otro, la necesidad de preservar la estabilidad económica, la inversión, el empleo y la capacidad de gestión gubernamental. Ambas preocupaciones encuentran sustento en la experiencia política reciente del país y ambas responden a temores reales de millones de peruanos. Pretender gobernar desconociendo cualquiera de estas sensibilidades equivaldría a gobernar contra una parte sustancial de la nación.
En este contexto, la construcción de acuerdos políticos amplios deja de ser una opción estratégica para convertirse en una obligación democrática. La experiencia comparada demuestra que las sociedades más estables no son necesariamente aquellas donde una mayoría aplasta sistemáticamente a las minorías, sino aquellas que han desarrollado instituciones capaces de transformar la diversidad en cooperación. Suiza lleva más de ciento setenta años demostrando que el consenso puede convertirse en una verdadera ingeniería política mediante un Consejo Federal que integra a las principales fuerzas partidarias del país.
Alemania construyó buena parte de su estabilidad y prosperidad mediante grandes coaliciones entre sectores ideológicamente distintos, capaces de compartir responsabilidades en momentos decisivos de su historia. Uruguay, considerado uno de los sistemas políticos más sólidos de América Latina, ha cultivado una cultura de acuerdos que le ha permitido enfrentar profundas transformaciones sin poner en riesgo la continuidad institucional.
El Perú podría encontrarse hoy ante una oportunidad semejante. Un esquema de cooperación política entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, como principales expresiones del equilibrio electoral y parlamentario, permitiría inaugurar una etapa inédita de gobernabilidad compartida. Ello podría traducirse en un acuerdo nacional donde la fuerza más votada asuma la conducción del Poder Ejecutivo, mientras la segunda participe activamente en la dirección del Consejo de Ministros y en carteras estratégicas bajo reglas claras de corresponsabilidad política.
No se trataría de diluir diferencias ideológicas ni de renunciar a la fiscalización democrática. Se trataría, precisamente, de reconocer que la legitimidad del próximo gobierno dependerá de su capacidad para representar a la totalidad del país y no únicamente a una mitad circunstancial.
La verdadera cuestión es si la dirigencia política será capaz de interpretar ese equilibrio como una oportunidad para construir consensos duraderos o si persistirá en la lógica de confrontación que ha caracterizado buena parte de la última década. Diez años de enfrentamientos estériles entre Ejecutivo y Congreso, de vacancias, disoluciones, crisis ministeriales y polarización social han debilitado las instituciones, erosionado la confianza ciudadana y frenado el potencial de desarrollo del país.
Perú tiene hoy la posibilidad de abandonar definitivamente el ciclo de la confrontación permanente y dar paso a una nueva cultura política basada en el diálogo
La historia enseña que las grandes transformaciones nacionales no nacen de la victoria total de un sector sobre otro, sino de la capacidad de antiguos adversarios para reconocer que el destino común es más importante que las diferencias que los separan. El Perú tiene hoy la posibilidad de abandonar definitivamente el ciclo de la confrontación permanente y dar paso a una nueva cultura política basada en el diálogo, la responsabilidad compartida y la construcción institucional.
Quizá las futuras generaciones recuerden este momento no como la elección que dividió al Perú en dos mitades irreconciliables, sino como el instante en que esas dos mitades comprendieron que ninguna podía prosperar sin la otra. Si la dirigencia política está a la altura del desafío histórico, el país podría iniciar una etapa de estabilidad, crecimiento y cohesión social sin precedentes.
Entonces, por primera vez en mucho tiempo, el Perú dejará de debatirse entre vencedores y vencidos para convertirse en algo más grande: una nación reconciliada consigo misma, capaz de construir un proyecto común para el siglo XXI.
