El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, junto a los representantes de Ahora Nación, Alfonso López Chau; y del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont; anunciaron la conformación de una coalición parlamentaria, de cara al próximo periodo legislativo.
Los líderes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras , emitieron un pronunciamiento conjunto donde, si bien acatan la proclamación del JNE, reiteraron su denuncia de presuntas irregularidades.
A través de un pronunciamiento conjunto, las tres agrupaciones fijaron su postura frente al término del proceso electoral y delinearon su agenda de trabajo en el Congreso de la República.
En el primer punto del documento, los líderes políticos reconocieron la proclamación oficial de los resultados electorales emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y señalaron que la democracia exige respetar la institucionalidad. Sin embargo, precisaron que acatar los resultados no implica renunciar a su derecho de señalar y denunciar las presuntas irregularidades ocurridas durante los comicios.
«La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos», señala el comunicado.
Control político
La alianza, que agrupa a senadores y diputados electos de los tres partidos, adelantó que ejercerá un control político firme, vigilante y responsable desde el Parlamento.
Según el documento, su objetivo principal será defender los derechos fundamentales de la población y recuperar el equilibrio, la justicia y la independencia de los poderes.
Además, Sánchez, López Chau y Belmont ratificaron su compromiso de exigir justicia para las víctimas de las protestas en el sur del país y rechazaron cualquier tipo de impunidad frente a los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios.
Su agenda
De cara a la instalación del nuevo Congreso, la coalición parlamentaria detalló que buscará restablecer la paz en el país mediante una agenda legislativa con puntos específicos.
Entre sus principales prioridades destacan la derogación de las denominadas «leyes procrímen» la recuperación del derecho ciudadano a referéndum y el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica.
Finalmente, la alianza incluyó de manera explícita en su pliego la exigencia de libertad para el expresidente Pedro Castillo
