La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitió anoche un nuevo comunicado, televisado, mediante las plataformas digitales del Ministerio Público, señalando que su elección como titular de la Fiscalía está plenamente vigente y fue reafirmado por la Junta de Fiscales Supremos.
«Una vez más, afirmo que la decisión emitida por la Junta Nacional de Justicia de reponer en el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides afecta mi legítima elección en el cargo, además de no tener ningún sustento jurídico», señaló Espinoza.
Insistió, nuevamente, en que el pasado 16 de junio, fue notificada de la decisión del JNJ, recibió una resolución «incompleta» pues no tenía la firma de todos los miembros de dicha entidad como «lo manda expresamente la ley».
«Tres veces se le ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia el video y el acta de la sesión donde conste la deliberación y votación de los miembros», añadió.
Espinoza señaló además que la Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad solicitar a la JNJ emitir un pronunciamiento sobre el efecto de su decisión de reponer a Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación.
En ese sentido, la Junta de Fiscales Supremos ratificó a Espinoza en el cargo. Asimismo, exhortó a las instituciones y autoridades a no intervenir ni desinformar pues la única solución a la situación «será respetando el ordenamiento jurídico y el estado constitucional y de derecho vigente».
JNJ la había convocado a una reunión horas antes
Horas antes, a través de un nuevo pronunciamiento, la Junta Nacional de Justicia anunció que hoy, lunes 23 de junio, convocó a Delia Espinoza y Patricia Benavides “a una reunión en esta sede institucional el día de hoy”.
“El propósito de esta reunión es promover un diálogo constructivo y alcanzar una solución armoniosa que, en plena concordancia con el marco normativo, permita resolver la situación de manera justa, equilibrada y en beneficio del país, sin que esto implique abdicar a nuestras competencias institucionales”, se lee en la publicación.
Asimismo, la JNJ reafirma su compromiso con la autonomía del Ministerio Público y “con la estabilidad de las instituciones que garantizan el respeto al Estado de Derecho en nuestro país”.
“Reiteramos nuestra disposición para seguir contribuyendo con el fortalecimiento del sistema de justicia en el Perú”, concluye el documento.