¿Quién está tomando realmente las decisiones sobre los activos más importantes del país?
Contratos redactados por consultoras, arbitrajes defendidos por estudios privados y empresas estatales reorganizadas con asesoría externa: una pregunta comienza a incomodar al país.
¿Quién controla realmente las decisiones estratégicas del Perú?
El Estado que dejó de conocer sus propios contratos
En el Perú se ha vuelto una práctica habitual que muchas de las decisiones más importantes sobre infraestructura, energía o empresas públicas no se diseñen dentro del propio Estado, sino fuera de él.
Cuando el país impulsa una concesión, una asociación público-privada o la reorganización de una empresa estatal, la primera decisión suele ser contratar consultoras internacionales y grandes estudios jurídicos para estructurar el proceso.
Instituciones como PROINVERSIÓN han convertido este mecanismo en parte central del modelo de promoción de inversiones.
En teoría, la lógica parece razonable: proyectos complejos requieren asesoría especializada.
Pero con el paso de los años este sistema ha producido un efecto que casi nadie discute con claridad.
El conocimiento más profundo de los contratos del Estado ya no está dentro del Estado.
Un circuito que se repite
Cuando se observa cómo funcionan muchos proyectos públicos en el Perú, aparece un patrón que se repite con sorprendente frecuencia.
Primero, el Estado contrata estudios jurídicos y consultoras para estructurar las bases de licitación y redactar los contratos.
Luego se adjudican los proyectos a empresas privadas.
Con el tiempo aparecen conflictos, renegociaciones o disputas.
Y cuando esos conflictos terminan en arbitrajes, el propio Estado vuelve a contratar estudios privados para su defensa.
Hasta ahí podría parecer simplemente el funcionamiento normal de un sistema legal complejo.
Pero el problema se vuelve más delicado cuando ocurre algo adicional.
En diversas oportunidades, el Estado ha contratado como asesores a estudios jurídicos que también han representado o representan a empresas privadas en litigios contra el propio Estado.
Aunque legalmente puedan existir equipos separados dentro de una firma, la situación genera una inquietud razonable:
los mismos actores que conocen la estrategia jurídica del Estado pueden terminar participando en procesos donde se discuten responsabilidades o contratos frente al propio Estado.
Cuando el Estado pierde, paga el país
Las consecuencias de contratos mal estructurados o negociaciones débiles no son teóricas.
Uno de los casos recientes más conocidos fue el del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya controversia contractual derivó en un arbitraje internacional que obligó al Estado peruano a pagar más de 90 millones de dólares en compensaciones, evidenciando los riesgos que implica estructurar contratos públicos sin una adecuada defensa de los intereses nacionales.
Cada vez que el Estado pierde un arbitraje o renegocia contratos en condiciones desfavorables, no paga un gobierno de turno ni una entidad burocrática.
Paga el país, pagan los contribuyentes
Por eso la calidad de los contratos públicos y la fortaleza técnica del Estado no son un detalle jurídico menor.
Son una cuestión que afecta directamente los recursos nacionales.
Petroperú y una reorganización que abre preguntas
Este debate vuelve a aparecer ahora con el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú, impulsado bajo el marco del Decreto de Urgencia 010-2025.
La explicación oficial sostiene que el objetivo es ordenar los activos de la empresa y mejorar su situación financiera.
Pero cuando estos procesos se desarrollan con asesorías externas millonarias como el pago de 1 millón 136 mil dólares a un estudio jurídico y con escasa explicación al país, las dudas no tardan en aparecer. Más aún cuando se trata de decisiones que involucran activos estratégicos del Estado.
Porque cuando están en juego empresas estratégicas del Estado, la transparencia no debería ser una opción, sino una obligación.
Una de las preguntas inevitables es si esta reorganización busca únicamente sanear la empresa estatal o si podría ser también la antesala para incorporar socios privados en el futuro.
El factor energético que pocos mencionan
Hay otro elemento que vuelve más sensible este debate.
En los últimos meses han comenzado a circular reportes sobre posibles descubrimientos de hidrocarburos frente al zócalo continental peruano.
Si esas reservas se confirman, el valor estratégico del sector energético nacional podría cambiar significativamente.
Y cuando aparecen nuevos recursos naturales, la historia económica demuestra que los grandes intereses empresariales comienzan a moverse con rapidez.
Compañías petroleras, operadores energéticos y fondos de inversión suelen activar redes de influencia para posicionarse en futuros proyectos.
Por eso algunos analistas plantean una pregunta que el país debería discutir con transparencia:
Si bien Petroperú arrastra desde hace años serios problemas financieros y se ha convertido en una carga recurrente para las finanzas públicas, la coincidencia temporal no deja de llamar la atención.
¿ES CASUAL QUE EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA SE ACELERE JUSTO CUANDO COMIENZAN A APARECER INDICIOS DE NUEVOS RECURSOS ENERGÉTICOS FRENTE AL LITORAL PERUANO?
El riesgo de captura del Estado
En economía política existe un concepto que ayuda a entender este fenómeno: la captura regulatoria.
Ocurre cuando las instituciones encargadas de regular, supervisar o negociar con el sector privado terminan dependiendo excesivamente de los propios actores privados para tomar decisiones técnicas.
No siempre ocurre por corrupción.
A veces ocurre simplemente porque el Estado ha debilitado sus propias capacidades técnicas y termina apoyándose cada vez más en consultores externos.
El problema es que, cuando eso sucede, el conocimiento estratégico deja de estar en las instituciones públicas y pasa a manos de quienes participan del mercado.
El problema no es un gobierno
Este no es un problema de un gobierno específico.
Tampoco es un hecho aislado.
Es un patrón que se ha repetido durante décadas, bajo distintos gobiernos y en proyectos de muy diversa naturaleza.
El verdadero problema es institucional.
El Estado peruano ha terminado dependiendo demasiado de consultores externos para diseñar, interpretar y defender decisiones estratégicas.
Mientras esa dependencia continúe, siempre quedará una duda legítima en la opinión pública:
¿QUIÉN ESTÁ TOMANDO REALMENTE LAS DECISIONES SOBRE LOS ACTIVOS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS?
El desafío que el Perú no puede seguir postergando
El Perú necesita inversión, tecnología y capital privado.
PERO NINGÚN PAÍS PUEDE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE SUS RECURSOS ESTRATÉGICOS SI NO DOMINA LOS CONTRATOS QUE FIRMA, LAS EMPRESAS QUE POSEE Y LAS DECISIONES QUE ADOPTA.
La solución no es prescindir de asesoría especializada.
LA SOLUCIÓN ES RECONSTRUIR CAPACIDADES TÉCNICAS DENTRO DEL PROPIO ESTADO.
Porque un país que delega permanentemente sus decisiones estratégicas termina, inevitablemente, perdiendo algo más que dinero.
TERMINA PERDIENDO LA CAPACIDAD DE DECIDIR SU PROPIO DESTINO.
