El ausentismo de las elecciones generales del 12 de abril (23.87%) fue 50.31% mayor al promedio histórico de ausentismo en primera vuelta de 2001 a 2016 (15.88%).
La diferencia de 7.99 puntos porcentuales corresponde a 2 158 730 ciudadanos. Si a este número se le extrae el 15.88 de ausentismo histórico en este siglo, se obtiene el número de exceso de indecisos: 1 815 924.
¿Qué factor determinó este aumento tan desproporcionado del ausentismo el 12 de abril? Solo hay un hecho de muy alto impacto: La demora excesiva en la llegada del material electoral a infinidad de locales de votación, lo cual retrasó en cuatro, cinco, seis o siete horas la instalación de miles de mesas de sufragio.
1 815 924 de exceso de indecisos es una estimación razonable del número máximo de peruanos que fueron a votar, esperaron varias horas, y se retiraron sin ejercer su derecho al sufragio. Se les impidió hacerlo, porque no se habían instalado sus mesas de votación, por responsabilidad de la ONPE.
* No se ha considerado el ausentismo de 2021, por el sesgo generado por la pandemia.
* El dato de 2026 es al 93.48% del conteo oficial de la ONPE (8:06 am del 19/04/26).
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informó después del mediodía del domingo 12: “Al momento, existe un promedio del 30% de mesas no instaladas a nivel de todo el proceso. Nosotros estamos monitoreando el devenir de éste”. ¡30% de mesas no instaladas después del mediodía! Esto puede relacionarse a la estimación del exceso de ausentismo.
La ONPE originó que un número muy grande de peruanos, que podría llegar a 1 815 924 (exceso de ausentismo), pudiera votar, a pesar de su voluntad de hacerlo. La ONPE vulneró su derecho constitucional al sufragio, e hizo trizas el principio de equidad electoral. Impidió que se exprese la voluntad popular de manera masiva, impactando en los resultados.
Si fraude electoral es la intervención en un proceso electoral mediante acciones para alterar la voluntad popular, se ha producido fraude electoral.
De manera dolosa o culposa, se ha producido fraude electoral. Esto es factico. No es opinión. El daño está hecho. No solo impacta en la distorsión de la elección presidencial, donde cuatro candidatos están en un mínimo rango de dos puntos de diferencia para pasar al balotaje, sino que también incide en qué partidos logran bancada en el Congreso y quiénes son los elegidos para representarnos.
Si este fraude continúa, tendremos presidente y congresistas ilegítimos, cuestionados desde el inicio, con fallas de origen, con el pecado original de la elección fraudulenta.
La responsabilidad institucional está en la ONPE. Las responsabilidades individuales y sanciones serán establecidas por la justicia.
Una cascada de acciones judiciales y administrativas contra el jefe de la ONPE Piero Corvetto, de parte de la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, el Jurado Nacional de Elecciones, la Policía Nacional y la Contraloría General de la República, son expresión de pérdida de confianza en el jefe de la ONPE y descalificación de la institución y el proceso electoral.
Las declaraciones críticas y fuertes contra Corvetto y la ONPE de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ante la Comisión de Investigación del Congreso, incluyen que la ONPE no ha reconocido el rol jurisdiccional del JNE, consagrado por la Constitución.
El cuestionamiento extremo al que ha llegado este proceso electoral plagado de irregularidades, requiere de una salida que no sea bendecirlo y legitimarlo (que el Perú no aceptaría), y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Esto abriría una grieta muy profunda a la democracia, consagrando la ilegitimidad y precariedad como base del sistema político.
Una salida sería la nulidad del proceso y una nueva convocatoria. Al respecto, hay controversia jurídica que tendría que resolverse de acuerdo con la Constitución y los principios del derecho y la justicia.
De no ser posible la nulidad, una salida razonable sería la convocatoria a elecciones complementarias en aquellas mesas que abrieron con mucho retraso, hecho con el que se vulneró el derecho constitucional al sufragio.
En resumen, las graves irregularidades del proceso electoral a cargo de la ONPE impidieron el voto de hasta 1 815 924 votantes que tenían el deseo de votar, pero que se retiraron de los locales de votación luego de largas horas de espera para que se instalen sus mesas.
Intencionalmente o no, se ha vulnerado el derecho constitucional al sufragio de manera masiva, se ha alterado la voluntad popular, y esto constituye fraude.
¿Qué se debe hacer? Reconocer el fraude, declarar la nulidad del proceso, renovar la dirección de la ONPE y convocar a un nuevo proceso electoral general o complementario para quienes fueron impedidos de votar.
El domingo 12 de abril de 2026 será recordado como un día muy gris para la democracia en el Perú, pues se cometió un fraude electoral masivo.
