El Perú no merece ni a funcionarios incompetentes (eventualmente involucrados en delitos electorales) ni a candidatos que creen que la insolencia es un componente aceptable de la democracia.
En el Perú no rebotamos porque nunca tocamos fondo. Siempre puede pasar algo peor. Y cada elección general, desde 2016 al menos (con previo pico en 2000), es materia de cuestionamiento de toda naturaleza. 2026 no es la excepción. ¡FRAUDE! es el grito más frecuente. El malbarateo de la palabreja (que en eso ha degenerado) hace que pierda significado porque fraude es, en la convicción popular, casi cualquier cosa.
Veamos entonces qué es cierto y qué no lo es.
Es cierto que la ONPE hizo casi todo mal. Su titular y sus gerentes han probablemente incurrido en los delitos de omisión de funciones, obstaculización del proceso electoral y contratación corrupta de bienes y servicios. Eso ya se encuentra, desde el mismo día de las elecciones, en investigación en los canales correspondientes y el proceso penal durará al menos tres años. Nadie ha sacado el cuerpo.
Es cierto también que la ONPE ha incurrido en todo tipo de fallas administrativas. La Junta Nacional de Justicia tomó inmediatas cartas en el asunto e inició la investigación, igualmente desde el domingo 12 de abril. Este proceso puede (y creo que debe) conducir, primero, a la suspensión y, luego, a la destitución y reemplazo del Jefe de la ONPE, Piero Corvetto debería contribuir pidiendo licencia mientras dure el procedimiento y las investigaciones fiscales y así ayudar a una salida, si no digna, al menos decorosa ante la crisis de credibilidad de la ONPE. Probablemente no lo hará, así que la JNJ deberá actuar con prontitud, dentro de los plazos razonables y el debido proceso.
Es cierto que hubo mesas que no se abrieron y muchas más que se abrieron tarde. Quien tomó la decisión correctiva fue el Pleno del JNE, no la ONPE. Quien determinó la ampliación de los plazos de instalación y cierre de las mesas fue el Jurado Nacional de Elecciones, que igualmente decidió que más de cincuenta mesas se abrieran al día siguiente para asegurar el derecho ciudadano al voto.
Para muchos que no lo saben (sobre todo un candidato y sus seguidores) el Jurado es la máxima instancia electoral del país. Ninguna amenaza, ningún insulto, ninguna grita es procedente contra su decisión. Puede presentar todos los recursos que permita la ley pero no puede llamar a la insurgencia. Ni difamar ni calumniar.
Las impugnaciones se presentan en mesa y si no se presentaron, mala suerte. En Lima (donde dicen que se produjo el fraude), a declaración de parte, Renovación Popular tuvo personeros debidamente entrenados en todas las mesas. Su protesta debería limitarse a las mesas/actas/votos que sus personeros objetaron. Y así está sucediendo. Con buen criterio, los Jurados Electorales Especiales han procedido a hacer el recuento, voto a voto, en audiencias públicas. Y ante cada JEE también RP ha acreditado personeros competentes.
Las actas que sigan manteniendo observación/impugnación irán al JNE, que ya anunció que los resultados se darán el 15 de mayo, plazo coincidente con anteriores elecciones. Es falso, por tanto, que el conteo demore más que lo usual. Cuando se cuenta las actas observadas/impugnadas es totalmente normal que el conteo se haga más lento, justamente porque se revisa cada observación, cada impugnación. Lo importante es que se haga bien, custodiando el derecho de cada participante.
Otro tema es el conjunto de versiones que señalan que ha habido fraude informático en el conteo. Supongo que todos sabemos que los partidos acreditan personeros técnicos ante el centro de cómputo de la ONPE y acompañan el registro caso por caso. Están presentes 24 horas, todos los días que dura el proceso. Si es tan claro, como dicen algunos, que se ha producido manipulación informática o estadística, los personeros técnicos (que supuestamente son profesionales altamente expertos) debieron haberlo notado, refutado y denunciado formalmente ante las autoridades competentes. Hasta dónde yo sé, no ha sido así.
Es falso que más de un millón de peruanos (en lo que insistió Porky el domingo pasado) hayan sido impedidos de votar. En el propio escrito presentado por Renovación Popular dice que fueron 608 mil los que no pudieron votar por el retraso en la apertura de las mesas, lo que probablemente sea también un exceso, pero a un candidato que juega con los números con variantes del 40% o más (como si fuera lo mismo seiscientos mil que un millón) no se le puede tomar en serio.
Por otro lado, en 2021, los peruanos que no votaron constituyeron el 26% de la población electoral, ahora sería el 23%. Claro, entonces estaba terminando la pandemia, pero igual es un porcentaje que no debería alterar la voluntad popular.
Corvetto no puede llegar a la segunda vuelta y deberá ser sancionado administrativa y penalmente (si lo sentencian) sin lugar a discusión. Porky debe usar los canales que tiene habilitados en lugar de perder la compostura y los buenos modales (si es que los tuvo alguna vez) y someterse a la institucionalidad. El Perú no merece ni a funcionarios incompetentes (eventualmente involucrados en delitos electorales) ni a candidatos que creen que la insolencia es un componente aceptable de la democracia.
