La gobernabilidad ya no depende solo de quién gane, sino de que nadie intente gobernar o bloquear desde los extremos.
Hans Kelsen imaginó una sociedad sacudida por un terremoto político que podía derrumbar la casa común o abrir la posibilidad de construir una mejor. Esta metáfora, presente en La teoría política del socialismo (1923), fue escrita en un contexto profundamente convulso, marcado por la crisis del Estado liberal europeo, el impacto de la Revolución Rusa y la inestabilidad de la posguerra luego de la Primera Guerra Mundial. Precisamente, Kelsen escribía cuando tanto la extrema izquierda revolucionaria como las corrientes autoritarias antiparlamentarias cuestionaban la democracia representativa. Cien años después, parecería que esta metáfora hubiese sido escrita para el Perú de hoy: un país que llega a una nueva definición electoral con fatiga institucional, desconfianza ciudadana y una economía que resiste, pero no despega con la fuerza que necesita.
Los datos muestran la magnitud del desafío. Perú ha tenido ocho presidentes desde 2018, y podría encaminarse a su décimo mandatario en diez años, una cifra que resume una crisis de gobernabilidad persistente. A ello se suma un Congreso con bajos niveles de aprobación y un sistema político fragmentado, donde la dispersión refleja más atomización que representación, al punto que quien sea elegido presidente tendrá menos del 20% del electorado a su favor.
Pero la crisis no es solo política. Aunque la economía ha mostrado capacidad de recuperación, el crecimiento convive con una informalidad persistente, baja productividad y un sistema fiscal débil. Esa paradoja —crecer sin traducir bienestar suficiente— explica parte del malestar social.
En este contexto, una segunda vuelta polarizada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no es solo una disputa electoral; es una prueba para la capacidad del país de evitar que el conflicto político se convierta en parálisis económica e institucional. Los próximos cinco años dependerán menos del signo ideológico del gobierno y más de si se preservan ciertos consensos mínimos: respeto al equilibrio de poderes, independencia del Banco Central de Reserva, estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, lucha contra la criminalidad y reformas para destrabar inversión e infraestructura.
Hay tres escenarios posibles. El primero, de bloqueo: confrontación entre Ejecutivo y Congreso, menor inversión y crecimiento debilitado, con mayor conflictividad social. El segundo, de contención: un gobierno limitado, pero funcional, con reformas parciales. El tercero, más ambicioso, es el de reconstrucción institucional: acuerdos políticos básicos, impulso a sectores estratégicos y formalización, permitiendo retomar una senda de mayor crecimiento.
En ese punto, la relación entre Ejecutivo y Congreso será determinante. La experiencia reciente ha demostrado que la vacancia presidencial, concebida como mecanismo excepcional, no puede convertirse en herramienta ordinaria de disputa política. Un gobierno bajo amenaza permanente de destitución y un Congreso atrapado en la lógica confrontacional, reproducirían el círculo vicioso que el país ha padecido durante años. Evitar ese escenario exige moderación, diálogo y renuncia a los extremos. Ni maximalismos ideológicos ni pulsiones obstruccionistas o autoritarias ofrecen estabilidad. El Perú necesita un pacto tácito de coexistencia democrática donde gobierno y Congreso entiendan que destruirse mutuamente equivale a debilitar al Estado. La gobernabilidad ya no depende solo de quién gane, sino de que nadie intente gobernar o bloquear desde los extremos.
La gran pregunta no es qué opción genera menos temor, sino si el sistema político puede producir gobernabilidad. Kelsen advertía que tras el temblor podía haber ruinas o una arquitectura nueva. El Perú enfrenta exactamente ese dilema. Los próximos cinco años no decidirán solo un gobierno, sino si el país sigue administrando crisis o empieza, por fin, a diseñar estabilidad.
Buen artículo, buen análisis