Escribe: Fernando Peña Aranibar


quien calla frente a la ilegalidad después de haber combatido ferozmente la formalidad termina demostrando que su compromiso nunca fue con el ambiente

Hay silencios que dicen más que mil discursos. Silencios que revelan convicciones ausentes, principios de utilería y causas que solo fueron apropiadas mientras servían para acumular poder político.

El silencio que hoy guardan Greorio Santos, Marco Arana, Mirtha Vásquez, Jorge Urquía, Edy Benavides, Milton Sánchez y buena parte de las organizaciones y activistas que durante años se presentaron como los grandes defensores del medio ambiente en Cajamarca pertenece precisamente a esa categoría.

Durante años se opusieron con una vehemencia extraordinaria a la actividad minera formal. Movilizaron miles de personas, paralizaron proyectos, promovieron protestas permanentes y colocaron a Cajamarca en el centro del conflicto social peruano. Se enfrentaron al Estado, a las empresas y a todo aquel que pensara distinto. El discurso era siempre el mismo: la defensa del agua, del territorio y de las poblaciones locales.

Aquellas jornadas dejaron profundas heridas. Dejaron confrontación, polarización y también pérdidas humanas que jamás debieron producirse. Sin embargo, quienes encabezaban esas movilizaciones afirmaban actuar impulsados por una causa superior: la protección del medio ambiente y el bienestar de la población.

Hoy la realidad les plantea una prueba mucho más contundente.
La minería ilegal avanza en distintas zonas de Cajamarca. Lo hace sin estudios ambientales, sin fiscalización, sin responsabilidad social, sin controles laborales y sin respeto alguno por las normas que rigen la actividad extractiva.

Allí donde opera la ilegalidad no existen compromisos ambientales ni obligaciones frente a las comunidades. Existe únicamente la lógica del aprovechamiento inmediato y de la ganancia rápida. Sin embargo, frente a este fenómeno, quienes antes levantaban la voz parecen haber perdido el habla.

No se observan grandes movilizaciones. No se escuchan encendidos discursos. No aparecen marchas multitudinarias. No se convocan conferencias de prensa. No se organizan campañas internacionales. No se presentan como los grandes defensores del agua y de los ecosistemas. El silencio es absoluto.

Y cuando el silencio aparece precisamente donde debería existir la mayor indignación, la pregunta resulta inevitable: ¿era realmente el medio ambiente lo que defendían?

Porque quien se opone a la minería formal alegando razones ambientales debería ser infinitamente más severo con la minería ilegal. Quien decía defender a las comunidades debería denunciar con mayor energía una actividad que opera al margen de toda regulación. Quien afirmaba proteger las fuentes de agua debería estar hoy encabezando la lucha contra quienes las afectan sin ningún tipo de control.

Pero nada de eso ocurre.

Por eso resulta legítimo concluir que para muchos de estos dirigentes el problema nunca fue exclusivamente ambiental. La minería formal era un adversario político útil. La confrontación generaba liderazgo, visibilidad mediática y réditos electorales. La causa ambiental servía como bandera. Hoy, cuando el enemigo ya no encaja tan fácilmente en el relato político que construyeron durante años, optan por callar.

Ese silencio no solo es incoherente. Es profundamente complice.
Porque las poblaciones de Cajamarca merecen una defensa auténtica de sus intereses y no una defensa condicionada para conveniencias ideológicas o electorales. Merecen dirigentes que sean capaces de denunciar los abusos vengan de donde vengan. Merecen líderes que defiendan principios y no oportunidades políticas.

La verdadera defensa del ambiente no distingue entre amigos y enemigos. No mide sus denuncias según la rentabilidad electoral de cada conflicto. No guarda silencio cuando la contaminación proviene de actores políticamente convenientes.

La historia termina revelando a cada quien tal como es. Y hoy, frente al avance de la minería ilegal en Cajamarca, el silencio de quienes durante años monopolizaron el discurso ambiental constituye quizá la evidencia más contundente de que muchas de aquellas banderas fueron menos una causa y más un instrumento de poder.

Porque quien calla frente a la ilegalidad después de haber combatido ferozmente la formalidad termina demostrando que su compromiso nunca fue con el ambiente, sino con sus personales y subalternos intereses.