Filosofía y ética militar: Garantía para la defensa del orden constitucional y la unidad nacional.
A lo largo de la historia, pocos líderes han logrado unificar el espíritu de sus naciones con tanta fuerza moral como Abraham Lincoln, Nelson Mandela y Giuseppe Garibaldi. Lincoln mantuvo la unidad de Estados Unidos en medio de una guerra fratricida; Mandela transformó el dolor del apartheid en un proyecto de reconciliación nacional; y Garibaldi convirtió territorios fragmentados en una Italia unida bajo un ideal común. Sus legados muestran que la paz y la cohesión solo son posibles cuando el liderazgo se ejerce con principios, visión y un profundo sentido de responsabilidad hacia el bien común.
La fortaleza de una nación no se mide únicamente por la magnitud de sus recursos o la solidez de sus instituciones, sino por la capacidad de su pueblo y de sus líderes para sostener un proyecto común basado en principios éticos.
En el Perú, donde el electorado se encuentra dividido casi en partes iguales entre propuestas de derecha e izquierda, la unidad nacional y la ética en el gobierno se vuelven condiciones indispensables para sostener la estabilidad democrática. La fragmentación política no solo dificulta la construcción de consensos, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Por ello, más allá de las diferencias ideológicas, el país necesita un liderazgo capaz de anteponer principios éticos, transparencia y responsabilidad pública. Solo así es posible transformar la diversidad política en una fuerza constructiva y no en un factor de confrontación permanente.
El proceso electoral de este año revela nuevamente una división social que responde a varios factores, entre ellos:
i) la falsa narrativa y los discursos populistas de izquierda que culpan erróneamente al modelo económico de libre empresa y al supuesto centralismo limeño por la pobreza en las regiones y la falta de infraestructura vial, sanitaria y educativa, cuando la realidad es otra; a pesar de recibir más del 35% del presupuesto nacional y miles de millones de soles en canon y regalías mineras, la ineficiencia y la corrupción de las autoridades y funcionarios regionales son las causas que bloquean el desarrollo,
ii) la atomización partidaria, reflejada en organizaciones sin filtros que recurren a propuestas extremas y personalistas para captar votos rápidos,
iii) la polarización afectiva, donde el ciudadano sufraga movilizado por el miedo o el rechazo absoluto al oponente, anulando el debate de propuestas técnicas y
iv) la manipulación ideológica y el bajo nivel educativo de amplios sectores de la población, explotado intencionalmente por las redes sociales y la sistemática desinformación, que encierran a la población en una narrativa de burbujas ideológicas, radicalizando posturas y destruyendo la confianza colectiva en las instituciones democráticas.
Para reducir la polarización política se requieren cuatro acciones fundamentales.
Primero, una profunda reforma educativa: privilegiar la formación docente, garantizar políticas educativas estables, mejorar la infraestructura escolar, reestructurar los planes y programas de educación nacional elevando su nivel competitivo y vincular la educación con los objetivos de desarrollo nacional.
Segundo, fortalecimiento del sistema democrático: modificar la legislación para exigir mayor representatividad, democracia interna y programas de gobierno consistentes, promoviendo consensos sobre políticas de Estado en temas estratégicos de desarrollo.
Tercero, renovación estatal: liderar con honestidad, transparencia y compromiso con el interés nacional, apartando a los funcionarios ideologizados y estructurando una burocracia profesional, íntegra y eficiente.
Cuarto, reforma de las instituciones del sistema de justicia y protección de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, terminando injustas persecuciones judiciales, evitando su instrumentalización política y garantizando que continúen siendo el factor de estabilidad y defensa del orden constitucional, como ocurrió el 7 de diciembre de 2022 frente al intento de quiebre del estado de derecho por el expresidente, hoy preso, Pedro Castillo.
El Código de Ética de las FFAA[i]: un manifiesto de doctrina y una declaración de principios que protegen y defienden al país y al orden constitucional
Para el ciudadano común, el entorno castrense suele estar rodeado de estereotipos: una disciplina rígida, el uso de la fuerza y el resguardo de las fronteras en momentos de crisis. Es fácil reducir la vida militar a la destreza técnica o a la ejecución de órdenes. Sin embargo, detrás del acero de sus máquinas de guerra y del uniforme, el verdadero motor que sostiene a un soldado, marino o aviador es su marco ético y filosófico.
El Código de Ética de las Fuerzas Armadas del Perú no es un frío manual de procedimientos; es un manifiesto de doctrina y una declaración de principios que delimita el SER antes que el ACTUAR del uniformado. Comprender esta filosofía es indispensable para entender el verdadero peso, los límites y las exigencias que asumen quienes deciden servir a la Patria.
Las Fuerzas Armadas se rigen por la filosofía y rechazan la ideología
Para comprender a fondo este compromiso, es necesario trazar una línea clara entre dos conceptos que a menudo se confunden en el debate público: la ideología y la filosofía. Mientras que la ideología política suele ser un sistema cerrado de dogmas, rígido y divisivo, enfocado en imponer una agenda partidaria y mantener el poder a toda costa (alimentando posturas extremas), la filosofía política es una búsqueda constante de la justicia, el bien común de la república y el fortalecimiento de la democracia.
El gran drama contemporáneo es cuando el ciudadano abraza una ideología apasionadamente y deja de lado la salud de las instituciones, llegando incluso a justificar la incompetencia o la corrupción si proviene de su propio bando.
Aquí es donde el Código de Ética cobra un valor excepcional. La Constitución peruana prohíbe explícitamente que las Fuerzas Armadas sean deliberantes; es decir, tienen estrictamente prohibido adoptar o promover ideologías políticas. Lejos de significar un vacío de pensamiento, esto demuestra que poseen una profunda filosofía institucional.
Las instituciones armadas defienden al Estado, no a un partido: El militar no jura lealtad al mandatario de turno como líder de una facción, sino a la Constitución y a la Nación. Su filosofía es el deber, el orden legal y la protección de la paz democrática. El compromiso es con el Bien Común: La exigencia de honradez en la administración de los recursos aplica una visión de virtud en el servicio público, resguardando los bienes de la República.
Las FFAA son inmunidad al partidismo: Al prohibir la obediencia a órdenes ilegales, el código funciona como un escudo contra cualquier intento de instrumentalizar las armas del Estado para fines facciosos, garantizando la continuidad y estabilidad de la democracia.
El «ciudadano-guerrero»: La identificación democrática del militar
El primer gran aprendizaje que la sociedad debe asimilar es que el militar no deja de ser ciudadano al vestir el uniforme. El código lo define con claridad desde su primera línea. Esta premisa rompe con la vieja concepción del militar como un ente aislado o un autómata programado solo para obedecer.
Al asumirse como parte de un estado democrático, el militar reconoce que su legitimidad emana del pueblo y que su fin supremo es proteger el sistema que garantiza las libertades de todos. Existe una dualidad fundamental: Como ciudadano: Está sujeto a los mismos derechos, deberes y al escrutinio del marco legal que cualquier civil. Como guerrero: Asume el monopolio legítimo de las armas del Estado, pero bajo condiciones severamente reguladas.
La vida militar implica una renuncia voluntaria a ciertas libertades individuales a favor de un bien mayor, pero jamás una renuncia a la condición de ciudadano responsable de su entorno.
El Anclaje Ético: Derechos humanos como límites infranqueables
Frente al mito de que el entrenamiento militar deshumaniza o que la efectividad en el combate requiere ignorar las normas morales, la doctrina peruana coloca a la Constitución, los Derechos Humanos (DD.HH.) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como las vigas maestras de todo accionar.
La fuerza sin ley es mera violencia. El uso de las armas está estrictamente condicionado a la defensa de la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la libertad, la vida y la paz de los ciudadanos. El soldado peruano es educado bajo la premisa de que la victoria no justifica los medios.
El respeto a la dignidad humana en el teatro de operaciones o en zonas declaradas en estado de emergencia no es una opción; es un mandato que eleva al combatiente al estatus de defensor del estado de derecho.
Desmitificando la Obediencia: La prohibición de la orden ilegal
Uno de los puntos más críticos y avanzados de la doctrina militar contemporánea es la delimitación de la disciplina: «No impartiré ni obedeceré órdenes que contravengan las leyes y reglamentos…».
Tradicionalmente se pensaba que la obediencia militar era absoluta y ciega, resumida en el «cumplir sin dudar». Hoy, la norma exige una obediencia reflexiva y legal. El subordinado tiene la obligación moral y jurídica de negarse a cumplir una disposición si esta constituye un delito, una violación a los derechos humanos o una ruptura del orden constitucional.
Para el superior, esto prohíbe el abuso de poder; para el subordinado, lo protege de la instrumentalización delictiva; y para la nación, garantiza que las armas del Estado jamás se volverán contra su propio pueblo.
El Liderazgo por el ejemplo y la administración transparente
El código introduce una máxima de integridad para la gestión moderna: «Mi principal método de liderazgo será la conducción por el ejemplo». En las Fuerzas Armadas, el grado militar otorga autoridad formal, pero el respeto real se gana mediante la rectitud. El oficial o técnico está llamado a ser un educador de sus subordinados, actuando con justicia.
Asimismo, el texto aborda un frente clave para la República: la gestión de los recursos públicos. Al comprometerse a actuar con «integridad, rectitud y honradez en la administración de las personas, los recursos y bienes», la filosofía militar se alinea con la lucha frontal contra la corrupción. Cada recurso asignado pertenece al pueblo peruano y debe custodiarse con sagrada responsabilidad.
El peso de la trilogía heroica
Pertenecer a las Fuerzas Armadas del Perú significa ingresar a una historia de honor custodiada por tres referentes institucionales. Para la sociedad civil, estos nombres suelen ser feriados en el calendario, pero para el militar son arquetipos de conducta vigentes.
Francisco Bolognesi representa el cumplimiento del deber hasta las últimas consecuencias y el honor del Ejército. Miguel Grau encarna la caballerosidad, el respeto al enemigo vencido y la humanidad en medio de la guerra en la Marina de Guerra. José Abelardo Quiñones simboliza el desprendimiento absoluto y el sacrificio supremo por la defensa del territorio en la Fuerza Aérea.
El código exige honrar la memoria de sus héroes y mártires, imitando sus virtudes en el día a día, anteponiendo la supervivencia y estabilidad de la nación por encima del bienestar individual.
Reflexión final: Filosofía y ética militar como inspiración
El verdadero amor a la Patria no se demuestra militando ciegamente en una facción política ni repitiendo consignas, sino mediante laboriosidad, respeto a la ley, honestidad y compromiso con el bienestar republicano. Mientras la ideología fragmenta a los peruanos en trincheras políticas, la filosofía del deber y el honor ofrece un terreno común que puede unificar el rumbo de la república.
Para que el Perú avance, la sociedad debe pasar del fanatismo ideológico a la reflexión filosófica, promoviéndose la educación cívica y la capacidad de identificar la desinformación y la manipulación ideológica. La doctrina que rige a nuestras Fuerzas Armadas nos demuestra que la verdadera fortaleza no nace de la confrontación partidaria ni de la imposición de dogmas que dividen a los compatriotas en trincheras opuestas, sino de un compromiso inquebrantable con principios superiores y permanentes.
Si los líderes políticos y los ciudadanos adoptáramos la esencia de la filosofía y la ética institucional —donde la lealtad se rinde a la Constitución y no a los caudillos, el liderazgo se ejerce estrictamente a través del ejemplo de rectitud, y los recursos públicos deben administrarse con honestidad sagrada— lograríamos deponer los intereses facciosos en favor del bienestar y del bien común.
La institucionalidad y búsqueda del bien común basados en la filosofía y la ética son los faros que el Perú necesita para transformar la polarización social hacia una mayor cohesión nacional; solo cuando pongamos el deber, la justicia y el respeto irrestricto a la ley por encima de las consignas particulares y partidarias, seremos capaces de edificar una paz duradera, consolidar nuestra democracia y marchar unidos hacia el desarrollo integral de nuestra nación.
La ética y la integridad personal e institucional deben constituir sólidos cimientos sobre los cuales se construya una verdadera renovación política, económica y social para las futuras generaciones de peruanos
Fernando Ordoñez Velazquez.- Mayor General FAP en situación de retiro. Piloto de caza, defensor de la patria y veterano de guerra. Fue Director del Comité de Trabajo Interinstitucional que elaboró el Código de Ética de las FFAA y coautor del texto final aprobado el 25 de octubre de 2005.
