El presidente que asuma funciones en julio de 2026 enfrentará una decisión trascendental para el futuro del país: contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en la democracia o profundizar el desgaste de las instituciones.
La segunda vuelta electoral del 7 de junio de 2026, considerada una de las más ajustadas de las últimas décadas, ha puesto nuevamente en evidencia las profundas divisiones que atraviesan a la sociedad peruana. Con una diferencia mínima entre los dos candidatos en competencia y con el resultado aún sujeto a la decisión final de las autoridades electorales, el país se adentra en un periodo marcado por la incertidumbre. En este contexto, alcanzar la presidencia implica mucho más que obtener una victoria en las urnas: supone asumir el compromiso de conducir a una nación fragmentada y marcada por la desconfianza.
La polarización que hoy vive el Perú no surgió de manera espontánea. Es la consecuencia de problemas acumulados durante años: organizaciones políticas débiles, incapaces de consolidar acuerdos estables; un sistema electoral que permitió una oferta de 35 candidaturas presidenciales en la primera vuelta; elevados niveles de ausentismo a pesar de la obligatoriedad del voto; y una práctica política donde los cambios de camiseta partidaria suelen prevalecer sobre el compromiso con los electores.
A ello se añade una realidad económica contradictoria, donde los indicadores macroeconómicos muestran crecimiento mientras millones de ciudadanos continúan atrapados en la informalidad, junto con una inseguridad ciudadana que afecta la vida cotidiana de manera creciente.
Las circunstancias actuales demandan una forma distinta de ejercer el liderazgo. Quien finalmente asuma la conducción del país deberá comprender que gobernar significa, antes que nada, promover la reconciliación nacional. Llegará al poder respaldado por una mayoría estrecha y enfrentará a una proporción similar de ciudadanos que optó por otra alternativa. Esa situación obliga a construir consensos, escuchar a todos los sectores y recuperar la confianza pública.
Sin embargo, la voluntad política por sí sola no será suficiente. El próximo gobierno tendrá que impulsar reformas que permitan fortalecer la institucionalidad democrática. Entre ellas destacan la necesidad de limitar el uso político de la vacancia presidencial, consolidar organizaciones partidarias más sólidas mediante cambios en las reglas electorales y establecer mecanismos que aseguren la continuidad de las políticas públicas más allá de cada administración. Sin transformaciones de fondo, cualquier estabilidad será frágil y temporal.
En el ámbito económico, uno de los principales retos será ampliar el empleo formal en un país donde gran parte de la fuerza laboral se desempeña fuera de los marcos legales. Del mismo modo, será indispensable reducir la presión que el aumento del costo de vida ejerce sobre las familias, especialmente en sectores como alimentación, transporte y salud. Alcanzar estos objetivos exigirá una coordinación efectiva entre el gobierno central, las autoridades regionales y el sector privado.
Gobernar también supone fortalecer la institucionalidad democrática sin recurrir a prácticas autoritarias.
Ello implica respetar la autonomía del sistema judicial y de los organismos encargados de la persecución del delito, evitando interferencias políticas y garantizando que la lucha contra la corrupción se realice con imparcialidad. La ley debe aplicarse de manera uniforme, comenzando por quienes ejercen funciones públicas.
Existen, además, diferencias legítimas que forman parte de cualquier sociedad democrática y que ningún mandatario puede resolver de manera unilateral. Los debates sobre desarrollo económico, descentralización, aprovechamiento de recursos naturales y protección ambiental deben canalizarse a través de las instituciones, el diálogo y la representación política, en lugar de trasladarse al enfrentamiento permanente.
El presidente que asuma funciones en julio de 2026 enfrentará una decisión trascendental para el futuro del país: contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en la democracia o profundizar el desgaste de las instituciones. Aunque la responsabilidad es compartida por toda la sociedad, corresponde al gobierno liderar ese esfuerzo. Solo mediante decisiones coherentes, valentía política y reformas efectivas será posible construir un escenario de estabilidad duradera y progreso para todos los peruanos.
