Se abre así un escenario en el que se consolida el desconocimiento de la normativa constitucional, se fomenta la informalidad y se acentúa la precariedad institucional del país.
Ha pasado una semana desde que se conocieron los nombres del primer gabinete del gobierno de Keiko Fujimori, encabezado por su primer vicepresidente y parlamentario andino, Luis Galarreta. El nombramiento de diversas personalidades en las distintas carteras ha generado comentarios de toda índole.
En tal sentido, debemos indicar, en primer lugar, que la inmensa mayoría de los designados es bastante mejor que los ministros de los gobiernos anteriores, incluido el de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), salvo una que otra excepción.
Queda claro que un ministro de Estado no tiene que ser un técnico ni un experto en el sector; para eso están los viceministros y los demás funcionarios de línea del sector público. Debe, eso sí, tener una trayectoria profesional que lo avale, pergaminos académicos y ser una persona honesta, con vocación de servicio; si tiene experiencia en gestión pública, tanto mejor.
Por lo demás, nadie que haya llegado a los cincuenta años de vida y no tenga algún tipo de cuestionamiento, de cualquier índole, ha hecho algo en su vida, a menos que sea un santo al que debamos elevar a los altares. La política no es una cuestión de santos ni santones.
No olvidemos que es potestad de la presidenta y del presidente del Consejo de Ministros designar a gente de su confianza, no a quienes le parezcan adecuados a la opinión pública. No se trata, por tanto, de un concurso de méritos, ni aquí ni en la Cochinchina.
En ese sentido, consideramos que los nombrados sí cumplen, por lo pronto, con este primer requisito. Falta ver cómo se desempeñarán; es absurdo e injusto someterlos, a priori, al escrutinio de una gestión que está por comenzar.
En tal sentido, solo queda desearles suerte a todos los integrantes del flamante primer gabinete de la primera presidenta electa por votación popular: Keiko Fujimori. Su éxito será el de todo el Perú.
De otro lado, un error no debe generar otro error. Es un desacierto —por ser amables con el término— que no exista la reelección de alcaldes y gobernadores. Debe ser el pueblo, como soberano, el que elija quién se queda y quién no, y no una norma que lo impida.
Dicho ello, resulta deleznable que algunos candidatos intenten sacarle la vuelta a la ley. Van como segundos en la lista y colocan como «gallo de tapada» a un candidato que, de pronto, renuncia de forma sorpresiva. Así, le abren camino al postulante impedido, quien, ante una aparente emergencia, asume una candidatura que no le corresponde.
Lo ocurrido en Renovación Popular, con la repentina renuncia de su candidato a la alcaldía de Lima, Luis Rubio, para darle el pase a Rafael López Aliaga —quien postula como teniente alcalde—, es, digámoslo con todas sus letras, un intento de reelección encubierta.
Todo indicaría que esta «jugarreta» surtiría el efecto deseado. Se abre así un escenario en el que se consolida el desconocimiento de la normativa constitucional, se fomenta la informalidad y se acentúa la precariedad institucional del país.
