¿Quién está destruyendo la aviación civil en el Perú?
Hay historias que parecen aisladas hasta que uno las coloca en una misma línea de tiempo.
La desaparición del Aeródromo de Collique.
La promesa de construir una nueva Escuela de Aviación Civil.
El fideicomiso creado para financiarla.
La escuela que nunca llegó a reemplazar realmente la infraestructura perdida.
El progresivo abandono de la aviación general, de instrucción y la aviación deportiva.
Y ahora, en 2026, la controversia alrededor del Aeródromo Privado Lib Mandi, en San Bartolo, donde, según lo denunciado públicamente, el pasado 21 de agosto terceros habrían ingresado a parte del predio con el respaldo de efectivos de la Policía Nacional
¿Son hechos aislados? ¿O estamos frente a una misma historia: la historia de un Estado que ha dejado de defender y desarrollar su propia aviación civil?
Collique: el principio de la historia
Durante décadas, Collique no fue simplemente un terreno. Fue el principal espacio de formación aeronáutica el Perú. Allí se formaron generaciones de pilotos. Allí funcionaron actividades de instrucción, aviación general y aerodeportiva. Allí existía una cultura aeronáutica que no se construye de la noche a la mañana.
Y entonces llegó el gobierno APRISTA.
El Estado decidió entregar ese espacio para desarrollar un enorme proyecto inmobiliario bajo el argumento de contribuir a solucionar el déficit de vivienda.
La operación fue cuestionada desde el comienzo por sectores vinculados a la aviación. No solo por la cuestionada valorización del terreno, sino por algo mucho más grave: el Estado no estaba perdiendo simplemente un terreno; estaba perdiendo una infraestructura aeronáutica estratégica fundamental para el futuro del sistema aeroportuario de Lima.
El engaño y argumento oficial para justificar la pérdida de Collique fue que sería reemplazado por una nueva infraestructura aeronáutica, donde no solo funcionaría la Escuela de Aviación Civil del Perú, sino que también podrían alojarse las escuelas privadas de aviación del país.
Collique se perdió. El reemplazo nunca llegó
Y ahí comienza el problema. Porque cuando un Estado elimina una infraestructura estratégica para darle otro uso, tiene una obligación elemental: construir primero o garantizar efectivamente el reemplazo de aquello que está destruyendo.
No bastan las promesas.
El fideicomiso: una promesa que el tiempo no pudo borrar
Para hacer posible la nueva infraestructura aeronáutica se creó un fideicomiso. Se habló de aproximadamente S/57 millones destinados a la nueva Escuela de Aviación Civil. Era dinero que tenía una finalidad concreta. No era dinero disponible para que cualquier gobierno lo utilizara libremente.
Su razón de ser estaba vinculada precisamente al reemplazo de la infraestructura aeronáutica que se estaba perdiendo.
Pero Collique desapareció
Y la nueva infraestructura que debía sustituirlo nunca llegó a materializarse en las condiciones que justificaron aquella operación.
Entonces surgen varias preguntas que el Estado todavía tiene pendiente responder con absoluta transparencia:
¿Qué ocurrió con ese fideicomiso?
¿Dónde están los recursos?
¿Cómo fueron administrados?
¿Cuánto produjeron?
¿En qué fueron utilizados?
¿Quién tomó las decisiones?
Y, sobre todo: ¿Qué ocurrió con la finalidad para la cual fueron constituidos?
Si esos aproximadamente S/57 millones hubieran permanecido durante todos estos años correctamente administrados y rentabilizados, su valor actual sería considerablemente mayor.
Por eso no basta con preguntar cuánto dinero existía originalmente. La historia financiera del fideicomiso no puede seguir siendo una caja negra.
Hay que reconstruirla desde su origen: cuánto dinero ingresó, cuánto generó, cómo y en qué se utilizó, quién autorizó cada operación y cuánto debería existir hoy. Solo entonces podremos saber qué ocurrió y determinar quiénes son los responsables.
Porque detrás de ese dinero hay algo mucho más importante. Y aquí aparece otra obligación que el Estado no puede eludir: reemplazar la infraestructura aeronáutica que él mismo destruyó.
El Estado ganó un terreno y perdió una infraestructura. Aquí está la contradicción.
El Estado obtuvo el beneficio de transformar un enorme espacio aeronáutico en un proyecto inmobiliario. Pero la aviación civil perdió una infraestructura que durante décadas había servido para formar pilotos y desarrollar aviación general.
La pregunta es: ¿Qué ganó realmente el Perú con esa operación si no fue capaz de conservar la capacidad aeronáutica que Collique representaba?
Porque una escuela de aviación no es solamente un edificio.
Necesita pistas.
Necesita espacio aéreo.
Necesita procedimientos.
Necesita hangares.
Necesita instructores.
Necesita aeronaves.
Necesita infraestructura.
Necesita un entorno operacional donde los futuros pilotos puedan aprender.
Cuando desaparece esa infraestructura, desaparece también una parte de la cadena de formación de nuestros pilotos.
Y aquí aparece la DGCA; La Dirección General de Aeronáutica Civil no fue creada solamente para fiscalizar.
La propia Ley de Aeronáutica Civil establece entre los objetivos permanentes del Estado promover la capacitación del personal aeronáutico mediante el apoyo a la creación y desarrollo de escuelas de aviación, aeroclubes, centros de instrucción y asociaciones aerodeportivas.
También contempla el fomento de la creación y desarrollo de aeródromos públicos y privados. Entonces hay una pregunta que debemos hacerle directamente a la DGAC:
¿Dónde está hoy la política de promoción y desarrollo de la aviación general peruana?
Porque regular no es promover.
Certificar no es desarrollar.
Fiscalizar no es planificar.
Y autorizar una escuela no significa necesariamente que el Estado esté creando las condiciones para que existan escuelas suficientes.
Fomentar tampoco significa certificar por certificar. La DGAC debe verificar que las organizaciones de instrucción mantengan las condiciones técnicas, legales y económicas que les permitan operar adecuadamente, pero el papel del Estado no puede terminar en comprobar el cumplimiento de requisitos y dejar que cada escuela sobreviva como pueda.
El Estado debe conocer cuánta capacidad real de formación tiene el país, cuánta necesitará y qué condiciones debe generar para desarrollarla y fortalecerla. No basta con dejar pasar. Hay que promover, acompañar y exigir capacidades.
El Estado no puede exigir que existan pilotos, instructores, escuelas y aeronaves y, al mismo tiempo, permanecer indiferente frente a la desaparición de los aeródromos donde esa actividad debe desarrollarse. Porque certificar una escuela no es lo mismo que construir la capacidad aeronáutica que el Perú necesita.
Y ahora aparece Lib Mandi
Después de perder Collique, uno podría pensar que el Estado y la DGAC habrían aprendido la lección.
Que habrían entendido que cada aeródromo dedicado a la instrucción y a la aviación general es un activo estratégico.
Que habrían desarrollado una política para proteger y multiplicar esa infraestructura.
Pero no fue así.
Hoy tenemos una de las pocas instalaciones privadas que todavía sobreviven en Lima y que permiten desarrollar aviación general, instrucción y aerodeportiva, nuevamente envuelta en una controversia posesoria.
Según la información publicada por Infobae, el 21 de agosto terceros ingresaron a una parte del predio del Aeródromo Privado Lib Mandi, en San Bartolo, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional, pese a que la empresa que opera el aeródromo afirma tener la propiedad inscrita en SUNARP y una posesión efectiva de aproximadamente 25 años.
La empresa sostiene además que no existía una resolución judicial que ordenara la entrega del terreno. Estos hechos deben ser investigados y esclarecidos. Porque si la información publicada es correcta, estamos ante una pregunta que no puede ser ignorada:
¿Por qué intervino la Policía Nacional de esa manera?
¿Quién dio la orden?
Esta es, probablemente, la pregunta más importante de todo el caso.
No se trata de lanzar acusaciones sin pruebas. Se trata de exigir respuestas.
¿Quién solicitó la intervención?
¿Quién la autorizó?
¿Sobre qué resolución, mandato o fundamento jurídico?
¿Se verificó la situación registral?
¿Se verificó quién ejercía la posesión efectiva?
¿La PNP fue informada de que en el predio funcionaba un aeródromo?
¿Se informó a la DGAC?
¿Intervino el MTC?
¿Quién evaluó las consecuencias que podía tener la ocupación sobre la infraestructura aeronáutica y las operaciones aéreas?
Y una pregunta todavía más incómoda:
¿Quién está detrás de esta operación y qué intereses existen sobre estos terrenos?
No estamos afirmando que exista una respuesta.
Estamos diciendo que el Estado tiene la obligación de investigarlo.
Porque cuando la fuerza pública interviene en una controversia de esta naturaleza, no puede existir ninguna sombra de duda sobre quién tomó la decisión y cuál fue su fundamento.
¿Por qué la PNP se presta para esto?
La Policía Nacional tiene una función fundamental en el Estado: garantizar el orden y hacer cumplir la ley. Pero precisamente por eso su actuación debe estar sometida estrictamente al marco legal.
La Policía no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual una controversia patrimonial termina resolviéndose por la vía de los hechos. Si existe una controversia sobre propiedad o posesión, serán las autoridades competentes las que deberán resolverla.
La PNP no puede sustituir al Poder Judicial.
Y mucho menos cuando su actuación puede terminar alterando físicamente una infraestructura aeronáutica.
Por eso la pregunta no es solamente quién ingresó al aeródromo. La pregunta es: ¿Por qué la Policía permitió o respaldó ese ingreso?
Del despojo de Collique a la invasión de Lib Mandi
Aquí es donde ambas historias se encuentran. En Collique, el Estado permitió que desapareciera una infraestructura aeronáutica fundamental bajo la promesa de que sería reemplazada.
Hoy, años después, seguimos preguntando qué ocurrió con los recursos destinados a ese reemplazo y por qué no tenemos una infraestructura equivalente.
Y cuando todavía existen instalaciones privadas que permiten desarrollar aviación general e instrucción, aparece un conflicto que amenaza su continuidad.
Es imposible no preguntarse si hemos aprendido algo. Porque si la respuesta es no, estamos repitiendo el mismo error.
Primero perdimos Collique. Después perdimos la oportunidad de construir oportunamente su reemplazo.
¿Cuántas escuelas e instalaciones aeronáuticas más tendremos que perder para que el Estado entienda que también son parte de la infraestructura que necesita la aviación peruana?
El problema no es solamente una escuela
El verdadero problema es que el Perú parece haber dejado de entender que la aviación general forma parte de la infraestructura estratégica de una nación.
De la aviación general salen los futuros pilotos comerciales.
En los aeroclubes se desarrolla vocación aeronáutica.
En las escuelas se forman los profesionales que luego necesitará la aviación comercial.
En los aeródromos pequeños se adquiere la experiencia que posteriormente permite operar aeronaves cada vez más complejas.
Y la aviación aerodeportiva también forma parte de esa cultura aeronáutica.
No se puede destruir la infraestructura donde se forman los profesionales que el país necesita y después preguntarse por qué faltan profesionales.
Eso sería tan absurdo como cerrar las escuelas de ingeniería y medicina y luego preguntarnos por qué no tenemos suficientes ingenieros o médicos.
¿Dónde está la política nacional de aviación general?
Esta es la pregunta que debería responder la DGAC.
No queremos solamente saber cuántas escuelas están certificadas.
Queremos saber:
¿Cuántas escuelas de aviación necesita el Perú?
¿Cuántos pilotos necesitará en los próximos 20, 30 o 50 años?
¿Cuántos aeródromos necesita para formarlos y dónde deben estar ubicados?
¿Qué infraestructura aeronáutica debe protegerse y cuál debe ampliarse o construirse?
¿Qué política existe para recuperar y fortalecer los aeroclubes de provincia, que durante décadas fueron fundamentales para la práctica de vuelo recreativa y deportiva, la instrucción y el desarrollo de la aviación peruana?
¿Qué política existe para el aerodeporte?
¿Qué incentivos existen para la formación de pilotos y demás profesionales aeronáuticos?
Y, sobre todo: ¿dónde está el plan nacional que responde estas preguntas?
Porque la aviación civil no puede depender de lo que quede disponible después de que el mercado inmobiliario haya decidido qué terrenos tienen mayor valor.
El Estado no puede ser indiferente
Aquí no se trata de defender a una empresa privada. Se trata de defender una actividad estratégica para el país.
Si el terreno de Lib Mandi pertenece legalmente a una empresa, el Estado debe respetar el derecho de propiedad.
Si existe una controversia sobre la propiedad, debe resolverse por las vías legales correspondientes.
Pero mientras tanto, el Estado debe preguntarse qué sucede con la infraestructura aeronáutica instalada allí y con las actividades que se desarrollan en ella.
Y si finalmente se determina que existe alguna irregularidad, que se investigue y se sancione a quien corresponda.
Pero no podemos aceptar que la aviación civil vuelva a perder infraestructura por decisiones tomadas sin una visión de Estado.
LA PREGUNTA FINAL
Hace años se nos dijo que Collique debía desaparecer porque el Perú necesitaba viviendas.
Se nos prometió una nueva Escuela de Aviación Civil.
Existió un fideicomiso para financiarla.
El tiempo pasó.
Collique desapareció.
La escuela que debía reemplazarlo nunca cumplió el papel que se había prometido.
Y hoy tenemos una aviación general que sobrevive con una infraestructura cada vez más reducida y precaria. Ahora le tocó a esta escuela. Y nuevamente el Estado parece mirar desde el costado.
Por eso, la pregunta ya no es solamente: ¿Quién está detrás de estos terrenos?
Hay otra mucho más importante: ¿Quién está detrás de la defensa de la aviación civil peruana?
Porque un Estado que permite que desaparezcan sus aeródromos, que no ejecuta los recursos destinados a reemplazarlos y que permanece indiferente mientras se reduce la infraestructura para formar pilotos está haciendo algo más grave que cometer errores administrativos.
Está renunciando a planificar su propio futuro aeronáutico.
Y si además la fuerza pública termina involucrada en una controversia que puede afectar una de las pocas instalaciones existentes para la aviación general y la instrucción, entonces ya no estamos solamente ante un problema aeronáutico.
Estamos ante una pregunta de Estado: ¿Quién decide qué infraestructura aeronáutica necesita el Perú y quién se responsabiliza por protegerla?
PORQUE COLLIQUE YA LO PERDIMOS.
No podemos permitir que otro centro de formación de pilotos sea el siguiente.
La desaparición del Aeródromo de Collique.
La desaparición del Aeródromo de Collique.
