OPINIÓN/ ¡Ya era hora!
Escribe: César David Gallo Lale
Teniente General FAP
Pareciera que, finalmente, empiezan a darse las condiciones para recuperar algo que los peruanos hemos perdido durante demasiado tiempo: la seguridad, el orden y la autoridad del Estado.
Da la impresión de que el Ministerio Público está dispuesto a asumir el papel que siempre debió cumplir y que, finalmente, podría iniciarse una verdadera reestructuración del sistema de justicia.
El reciente anuncio del Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ha sido claro y contundente: los días de los criminales, cualquiera sea el delito que cometan, estarán contados.
La lucha contra el crimen no puede ser esporádica ni responder únicamente a coyunturas políticas. Debe ser estratégica, permanente y frontal.
No basta con capturar delincuentes. Hay que destruir sus estructuras, sus fuentes de financiamiento, sus redes de protección y todos los instrumentos que utilizan para operar.
La lucha debe darse en el terreno
Las acciones estratégicas y operativas del Ministerio Público deben desarrollarse también en y desde los propios teatros de operaciones, trabajando coordinadamente con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las instituciones especializadas.
La defensa de nuestro territorio debe incluir también la protección de nuestras áreas naturales y reservas, así como una lucha decidida contra la minería ilegal, la tala indiscriminada y todas aquellas actividades que destruyen nuestros recursos y alimentan redes criminales.
¿Y qué pasa dentro del Ministerio Público?
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Aquí está una de nuestras mayores preocupaciones.
Durante años hemos sido testigos de denuncias, cuestionamientos y sospechas sobre la existencia de intereses y redes de poder dentro de las instituciones encargadas de administrar justicia.
Por eso, el actual Fiscal de la Nación tiene una enorme responsabilidad.
Esperamos que actúe con independencia, sin compromisos políticos ni favores pendientes.
La justicia debe ser igual para todos. Sin privilegios, sin protección para nadie y sin importar cuánto poder tenga el acusado. “Cueste lo que cueste”.
La impunidad parece haberse convertido en regla
Las cifras que se manejan sobre la enorme cantidad de delitos que nunca llegan a una sentencia efectiva deberían estremecernos.
Si de cada 100 delitos cometidos solo una parte llega a ser denunciada, una proporción todavía menor es judicializada y apenas unos pocos terminan en una sentencia ejecutada, entonces la pregunta es inevitable: ¿Dónde está la justicia?
Cuando el delincuente siente que puede actuar sin consecuencias, mientras el ciudadano honesto vive con miedo, el Estado está perdiendo autoridad. Y cuando el Estado pierde autoridad, el crimen ocupa ese espacio.
El crimen ya no tiene fronteras
El Perú enfrenta hoy una criminalidad cada vez más sofisticada y conectada internacionalmente.
Minería ilegal, tala, pesca ilegal, narcotráfico, trata de personas, explotación sexual y laboral, extorsión, sicariato, tráfico de fauna, falsificación de moneda, estafas y ciberdelincuencia son solo algunas de las amenazas que debemos enfrentar.
A esto se suman organizaciones nacionales y transnacionales que buscan controlar territorios, negocios y actividades económicas.
Esto ya no es solamente delincuencia común. Es crimen organizado.
Y frente al crimen organizado se necesita inteligencia, tecnología, coordinación internacional y, sobre todo, decisión política para enfrentarlo.
El apoyo técnico internacional, incluido el trabajo conjunto con organismos especializados como el FBI, puede ser importante. Pero ninguna tecnología reemplazará la voluntad de nuestras propias instituciones para recuperar el control del país.
Flagrancia: no podemos confundir las soluciones
También merece atención el debate sobre el sistema de flagrancia. Pretender que este mecanismo, por sí solo, resolverá problemas como la extorsión, el sicariato o la criminalidad organizada sería simplificar enormemente una realidad mucho más compleja.
Los grandes grupos criminales no funcionan como delincuentes aislados. Por eso, la Policía Nacional necesita estar en las calles, pero también necesita inteligencia, tecnología, investigación criminal y capacidad operativa. La Policía debe anticiparse al delito, identificar las estructuras criminales y desarticularlas.
No podemos esperar a que el crimen actúe para recién comenzar a reaccionar.
El Poder Judicial también tiene una responsabilidad
No podemos hablar de seguridad si no hablamos también de justicia. Las leyes aprobadas por el Congreso deben ser respetadas y aplicadas conforme al marco constitucional y legal vigente.
El debate sobre los delitos de lesa humanidad, la aplicación temporal de las leyes y las normas de amnistía debe darse con absoluta seriedad y dentro del Estado de derecho.
Nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que combatieron al terrorismo durante las décadas de 1980 y 1990 merecen que se reconozca el enorme sacrificio realizado en defensa del Perú.
Muchos entregaron su vida para que nosotros pudiéramos vivir en democracia. Eso tampoco debemos olvidarlo.
El Perú necesita recuperar la autoridad
No queremos un país donde el ciudadano tenga miedo de salir a la calle. No queremos comerciantes sometidos a extorsiones. No queremos familias aterrorizadas por el sicariato. No queremos territorios controlados por organizaciones criminales. No queremos instituciones infiltradas por intereses particulares.
Queremos un país donde la ley se cumpla, la autoridad se respete y el delincuente sepa que sus actos tendrán consecuencias.
El Perú necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita jueces independientes. Fiscales comprometidos. Una Policía fortalecida y tecnificada. Fuerzas Armadas respetadas. Y, sobre todo, “autoridades que tengan el valor de hacer lo correcto, aunque hacerlo tenga un costo político”.
“Porque la seguridad no puede seguir siendo una promesa de campaña. La seguridad es un derecho de todos los peruanos. Y la justicia no puede ser para unos pocos”