Una reflexión sobre acuerdos, responsabilidad y resultados ante la delegación de facultades legislativas
No necesitamos pensar igual para trabajar por el mismo país.
Resumen ejecutivo
El Perú inicia un nuevo periodo político frente a problemas cuya gravedad exige oportunidad, coordinación y resultados: inseguridad y extorsión, vulnerabilidad ante el Fenómeno El Niño, expansión de economías ilegales con grave impacto ambiental y una confianza ciudadana debilitada en las instituciones.
La reciente solicitud de delegación de facultades legislativas ofrece una primera oportunidad para convertir la urgencia en un espacio de cooperación entre Ejecutivo y Congreso.
Este ensayo no propone reducir el control parlamentario ni otorgar facultades sin límites. Propone complementar la discusión jurídica y política con una pregunta de gestión pública: ¿Qué facultades se requieren para producir qué resultados, en qué plazo y bajo qué mecanismos de seguimiento?
La tesis central es que Ejecutivo y Congreso pueden conservar plenamente sus funciones constitucionales y, al mismo tiempo, construir Acuerdos de Acción sobre problemas que ya no admiten demora.
La propuesta se apoya en tres ideas: mirarse primero en el espejo institucional; sustituir la lógica del “Juez Crítico” por la del “Observador Exigente”; y desarrollar una cultura de Accountability entendida como responsabilidad por resultados. El objetivo final no es uniformar posiciones, sino reconstruir capacidad de acción y confianza mediante resultados verificables.
1. Una primera oportunidad para construir Acuerdos de Acción El inicio de un nuevo periodo de Gobierno y de un nuevo Congreso encuentra al Perú frente a desafíos que requieren decisiones oportunas, coordinación institucional y capacidad de ejecución.
La inseguridad y la extorsión afectan directamente la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de numerosas actividades económicas. La minería ilegal continúa deteriorando territorios, contaminando ríos y alimentando economías ilícitas. La proximidad del Fenómeno El Niño recuerda que existen amenazas naturales cuyo calendario no depende de los tiempos administrativos ni políticos.
A ello se suma un desafío transversal: recuperar y fortalecer la confianza del ciudadano en sus instituciones. No son problemas nuevos. Precisamente por ello, quizá el principal desafíoya no consista en volver a describirlos, sino en preguntarnos:
¿Qué podemos hacer diferente para producir resultados diferentes?
La solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo ofrece una primera oportunidad relevante para hacerlo. No solamente por las normas que puedan finalmente aprobarse, sino porque Ejecutivo y Congreso pueden establecer desde el inicio una forma de relacionamiento basada en prioridades compartidas, responsabilidades claras, capacidad de acción y resultados verificables.
La coyuntura ofrece una base para esa aproximación. El presidente del Congreso ha señalado públicamente que la propuesta será evaluada con responsabilidad y con la agilidad que requieren el Fenómeno El Niño y la inseguridad, bajo la idea de una “Agenda Perú”. Asimismo, la política general del Gobierno ha colocado entre sus ejes la reducción de la inseguridad, la vulnerabilidad frente a desastres y el fortalecimiento de la gobernabilidad y el Estado de Derecho.
2. Mirarnos primero en el espejo. Existe una reacción muy humana frente a los problemas: comenzar buscando dónde se originaron y quién fue responsable. Determinar responsabilidades es indispensable en una democracia. Existen responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales que corresponden a las instituciones competentes.
Sin embargo, cuando la búsqueda de responsabilidades precede permanentemente a la búsqueda de soluciones, puede producirse una consecuencia indeseada: todos encuentran razones para explicar el problema mientras el problema continúa.
Quizá convenga comenzar de otra manera: mirándonos primero en el espejo.
Un espejo no acusa ni justifica. Muestra.
Trasladado a la gestión pública, mirarse en el espejo significa que cada institución pueda comenzar preguntándose: ¿Qué está bajo su responsabilidad?, ¿Qué capacidad tiene para actuar, ¿qué le impide hacerlo mejor?, ¿Qué necesita de otras instituciones?, ¿Qué puede comprometer y en qué plazo?, y ¿Cómo sabremos si efectivamente mejoró?
Estas preguntas no sustituyen la fiscalización. La hacen más útil.
3. Aquello que hemos terminado aceptando. Carl Gustav Jung desarrolló dentro de la psicología analítica el concepto de la Sombra para referirse a aspectos de nosotros mismos que resulta difícil reconocer o integrar. Sin pretender trasladar una categoría psicológica directamente al Estado, podemos tomar prestada la metáfora para formular una pregunta incómoda, aunque necesaria:
¿Qué situaciones hemos terminado aceptando como normales simplemente porque llevamos demasiado tiempo conviviendo con ellas?
¿Podemos aceptar como normal que comerciantes, transportistas o emprendedores incorporen la extorsión entre los riesgos cotidianos de desarrollar sus actividades?
¿Podemos acostumbrarnos a conocer zonas vulnerables y llegar nuevamente al periodo de lluvias todavía ejecutando intervenciones que pudieron anticiparse? o
¿Podemos observar año tras año la degradación de ríos y territorios producida por actividades ilegales?
¿Podemos considerar inevitable que diferentes entidades del Estado posean información y capacidades que no siempre logran integrarse oportunamente?
¿Podemos resignarnos a que una parte importante de la ciudadanía desconfíe de las instituciones llamadas precisamente a protegerla y representarla?
La finalidad de estas preguntas no es encontrar culpables. Es evitar algo más peligroso: que la repetición convierta lo inaceptable en normal.
4. Del Juez Crítico al Observador Exigente. El Perú no necesita reducir la exigencia hacia sus autoridades e instituciones. Necesita elevarla. Sin embargo, existe una diferencia entre ejercer esa exigencia mediante la búsqueda permanente de culpables y hacerlo mediante una observación rigurosa orientada a resultados.
Podríamos denominar a esta segunda actitud la del Observador Exigente.
Frente a cada problema público pregunta: ¿Cuál es la situación real?, ¿Cuál debería ser el estándar?, ¿Cuál es la brecha?, ¿cCáles son sus causas?, ¿Qué capacidades ya existen?, ¿Qué falta?, ¿Quién debe actuar?, ¿En qué plazo? y ¿Cómo mediremos el resultado?
La responsabilidad continúa existiendo. Lo que cambia es que determinarla ya no sustituye a resolver el problema.
5. La urgencia puede convertirse en punto de encuentro. Los grandes desafíos nacionales no respetan fronteras institucionales. La inseguridad no puede ser enfrentada exclusivamente por la Policía: requiere inteligencia, Ministerio Público, sistema judicial, control penitenciario, gobiernos locales, regulación financiera, telecomunicaciones, tecnología y participación ciudadana, entre otras capacidades.
La minería ilegal tampoco constituye solamente un problema minero. Involucra seguridad, ambiente, economía, justicia, control territorial, trazabilidad financiera y presencia efectiva del Estado.
La preparación frente al Fenómeno El Niño requiere integrar información meteorológica, hidrológica y satelital, infraestructura, prevención, gobierno regionales y locales, capacidades militares y civiles, logística y mecanismos ágiles de contratación y ejecución.
La corrupción y el deterioro de la confianza institucional atraviesan prácticamente todos estos problemas.
Ninguna institución puede resolver adecuadamente estos desafíos por sí sola.
La gravedad de los problemas puede convertirse, entonces, en el espacio donde instituciones con competencias, responsabilidades y posiciones políticas diferentes encuentren objetivos concretos sobre los cuales resulte posible trabajar juntas.
6. De grandes pactos a Acuerdos de Acción. El país ha hablado muchas veces de grandes acuerdos nacionales. Tal vez la situación actual permita complementarlos con algo más sencillo y operativo: Acuerdos de Acción. No requieren que todos pensemos igual. Requieren acordar qué problema necesita resolverse y qué resultado esperamos obtener.
PROBLEMA PRIORITARIO – RESULTADO ESPERADO
FACULTADES Y CAPACIDADES NECESARIAS
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS – RESPONSABLE PRINCIPAL
RECURSOS – PLAZO
INDICADORES – SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN
Este enfoque permitiría además distinguir entre aquello que requiere nueva legislación y aquello que fundamentalmente necesita decisión, coordinación o mejor ejecución de capacidades que ya existen.
No todos los problemas necesitan una nueva norma. Algunos necesitan que lo existente funcione.
7. La delegación de facultades como primer Acuerdo de Acción. La delegación de facultades legislativas ofrece una oportunidad concreta para ensayar esta lógica. La discusión no necesita reducirse a dos posiciones: otorgar facultades o no otorgarlas.
¿Qué facultades necesita el Ejecutivo para producir qué resultados, dentro de qué límites y en qué plazo?
El Ejecutivo podría presentar para cada materia prioritaria el problema que pretende enfrentar, el resultado que busca, las facultades necesarias, las instituciones participantes, el plazo y los indicadores de avance.
El Congreso, desde sus responsabilidades constitucionales, podría delimitar las facultades, establecer controles y vincular el seguimiento posterior a los resultados comprometidos.
Así entendida, la delegación deja de parecer un cheque en blanco. Puede convertirse en un acuerdo de responsabilidad por resultados. La regulación parlamentaria ya exige que las proposiciones de delegación precisen la materia específica y el plazo de autorización, y el Congreso mantiene funciones de control sobre el ejercicio de las facultades delegadas.
La propuesta de este ensayo es agregar, como buena práctica política y de gestión, una capa adicional de claridad sobre resultados e indicadores.
8. Accountability: hacerse cargo del resultado. Existe un concepto utilizado ampliamente en gestión que resulta pertinente: Accountability.
Su significado excede la simple obligación de explicar lo ocurrido. Implica hacerse cargo del resultado.
Esta era la situación inicial. Este fue el resultado comprometido. Estas fueron las facultades y recursos disponibles. Estas fueron las acciones ejecutadas. Este fue el resultado obtenido. Esta es la brecha que todavía permanece. Y esto es lo que corresponde hacer a continuación.
Las explicaciones son necesarias para comprender. Las circunstancias importan. Los problemas complejos rara vez dependen de una sola variable.
Aun así, permanece una diferencia fundamental: explicar por qué un resultado no pudo alcanzarse no equivale todavía a hacerse cargo de alcanzarlo.
Una cultura de Accountability permite aprender, corregir y volver a actuar.
9. El tiempo como variable estratégica. Hay además una dimensión que merece particular atención: el tiempo. No todos los problemas evolucionan al mismo ritmo.
Ante el Fenómeno El Niño, el tiempo disponible para prevenir disminuye cada día. Una intervención ejecutada después de producido el daño puede seguir siendo necesaria, aunque ya dejó de ser prevención.
En seguridad ocurre algo semejante: las organizaciones criminales aprenden, se financian, ocupan espacios y desarrollan redes. La minería ilegal transforma territorios y produce daños ambientales cuya recuperación puede requerir años.
La oportunidad es parte del resultado.
Por ello, la calidad de una decisión pública no debería medirse únicamente por si fue jurídicamente correcta o técnicamente adecuada. También corresponde preguntar: ¿llegó a tiempo?
10. Ejecutivo y Congreso: funciones diferentes, propósito compartido. La democracia necesita separación de poderes, deliberación, fiscalización y límites. También necesita capacidad de acción. No existe contradicción necesaria entre ambas exigencias.
Delegar no significa abdicar del control. Fiscalizar no significa impedir la acción. Discrepar no significa renunciar al acuerdo.
Ejecutivo y Congreso pueden conservar plenamente sus funciones constitucionales y, simultáneamente, identificar aquellos problemas frente a los cuales el interés nacional requiere construir espacios de acción compartida.
El país observará no solamente qué facultades se conceden. Observará qué son capaces de hacer sus instituciones con ellas.
11. Una oportunidad para reconstruir confianza. La confianza pública no se recupera mediante declaraciones. Se construye progresivamente cuando el ciudadano observa resultados: cuando una extorsión es investigada y sancionada; cuando una obra preventiva termina antes de las lluvias; cuando una institución comparte información con otra; cuando una actividad ilegal deja de controlar un territorio; cuando un río comienza a recuperarse; cuando un trámite demora días en lugar de meses; o cuando una autoridad reconoce una dificultad, corrige y muestra qué hizo diferente.
Cada resultado verificable ayuda a demostrar que el Estado puede funcionar.
Y cada evidencia de funcionamiento contribuye a reconstruir algo que el Perú necesita con urgencia: confianza.
12. Mirarnos en el espejo para actuar. Quizá el principal acuerdo que necesita hoy el Perú no sea pensar igual. Es algo anterior y posiblemente más importante: reconocer juntos cuáles son los problemas que ya no pueden esperar, acordar qué resultado necesita el ciudadano y determinar qué corresponde hacer a cada institución para alcanzarlo.
Ejecutivo y Congreso tienen funciones diferentes. La democracia necesita que las conserven. También necesita que sean capaces de encontrarse cuando el interés nacional exige acción.
Así como corresponde exigir Accountability y rendición de cuentas a quienes ejercen el poder, también podemos elevar el estándar de la conducta ciudadana.
Una democracia de mayor calidad necesita autoridades íntegras y capaces, instituciones que funcionen y ciudadanos informados, vigilantes y responsables. El espejo adquiere así un sentido más amplio: antes de preguntar solamente qué deben hacer los demás, permite agregar una pregunta sencilla: ¿Qué parte de la solución está también en mis manos?
La responsabilidad ciudadana tampoco termina en las urnas.
Continúa cuando se rechaza la pequeña corrupción y la normalización de la ilegalidad; cuando se respetan las normas y el espacio público; cuando se evita alimentar mercados o actividades de origen ilícito; cuando se advierten riesgos y se utilizan canales institucionales y seguros para denunciar hechos ilegales, sin exponerse personalmente frente al delito; y cuando se promueven, desde la familia, la comunidad y el trabajo, conductas coherentes con el país que se reclama a las autoridades.
Las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026 ofrecen una ocasión cercana para ejercer esa responsabilidad. Elegir con información, revisar trayectorias, equipos y propuestas, y preguntarse cómo se convertirán las promesas en resultados es también una forma de elevar el estándar de la gestión pública. La exigencia hacia una autoridad comienza, en alguna medida, por la responsabilidad con que se le confía el poder.
Mirarnos en el espejo, sin embargo, no es una invitación dirigida únicamente a quienes ejercen responsabilidades públicas. La calidad de las instituciones también se construye desde la ciudadanía. Exigir un Estado más eficiente, íntegro y seguro supone reconocer que cada ciudadano tiene también una parte de responsabilidad en la construcción de ese Estado.
La delegación de facultades legislativas puede constituir una primera oportunidad. No para otorgar un cheque en blanco. No para renunciar al control. Tampoco para prolongar diagnósticos que el país conoce suficientemente.
Para acordar. Para actuar. Para medir. Para corregir.
Mirarnos en el espejo significa comenzar reconociendo capacidades y limitaciones propias antes de señalar las ajenas. Significa preguntarnos: ¿Qué parte de la solución está en mis manos?
Si esta primera decisión relevante consigue instalar esa lógica, habrá producido algo incluso más valioso que las normas que finalmente se aprueben.
Habrá demostrado que, frente a problemas suficientemente importantes, las instituciones del Perú pueden acordar prioridades, asumir responsabilidades diferentes y trabajar juntas para producir resultados.
Y quizá ese sea uno de los primeros pasos necesarios para recuperar la confianza.
No necesitamos pensar igual para trabajar por el mismo país.
Referencias y contexto institucional
• Congreso de la República. “Presidente del Congreso sobre facultades legislativas: Acá hay una sola agenda, la agenda Perú”. 28 de agosto de 2026. • Congreso de la República. “Presidente del Consejo de Ministros expuso política general del Gobierno”. 21 de agosto de 2026. • Congreso de la República. Funciones del Congreso: función legislativa y control político. Enlace • Reglamento de la Cámara de Diputados. Reglas aplicables a proposiciones de delegación de facultades legislativas. Enlace
Nota:La referencia a la “Sombra” de Jung se utiliza exclusivamente como metáfora reflexiva y no como categoría de diagnóstico institucional.
Documento preparado para promover reflexión y acuerdos de acción. No constituye una posición partidaria ni una recomendación de otorgamiento irrestricto de facultades legislativas.
¿Podemos aceptar como normal que comerciantes, transportistas o emprendedores incorporen la extorsión entre los riesgos cotidianos de desarrollar sus actividades?
¿Podemos aceptar como normal que comerciantes, transportistas o emprendedores incorporen la extorsión entre los riesgos cotidianos de desarrollar sus actividades?