De perseguir corruptos después del delito a detectar las redes antes de que puedan actuar
Durante décadas, el Perú ha intentado combatir la corrupción creando nuevas leyes, nuevas fiscalías, nuevas comisiones y nuevas unidades policiales. Sin embargo, el resultado sigue siendo insuficiente.
Y quizá estamos enfocando mal el problema.
La pregunta no debería ser solamente ¿Cómo castigamos al corrupto?, sino algo mucho más importante: ¿Cómo construimos un Estado capaz de detectar anticipadamente cuándo un funcionario está siendo capturado por intereses políticos, económicos o criminales?
La experiencia de Singapur demuestra que es posible construir instituciones con altos niveles de integridad, pero también demuestra algo más importante: la corrupción no desaparece; se controla permanentemente.
El propio CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) reconoce que un sistema libre de corrupción no surge de manera natural. La corrupción aparece cuando la codicia, la tentación y el deseo de obtener beneficios indebidos encuentran oportunidades para actuar.
Singapur comenzó a construir su modelo moderno después de 1959, durante el gobierno de Lee Kuan Yew. La Ley de Prevención de la Corrupción fue promulgada en 1960 y otorgó al CPIB facultades para investigar la corrupción tanto en el sector público como en el privado. Posteriormente, Singapur incorporó mecanismos para confiscar los beneficios obtenidos mediante corrupción.
El resultado es verificable.
En 2024, el CPIB recibió 177 denuncias relacionadas con corrupción y registró 75 nuevos casos para investigación. Ese mismo año, 133 personas fueron procesadas judicialmente por delitos investigados por el organismo y la tasa de condenas alcanzó el 97 %.
Singapur ocupó además el tercer lugar mundial en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency International, con 84 puntos sobre 100. Pero lo verdaderamente interesante no son las cifras. Es el diseño institucional.
El problema peruano: ¿Quién controla al que controla?
En el Perú podemos crear una poderosa agencia anticorrupción, dotarla de inteligencia financiera, tecnología e investigadores. Pero inmediatamente aparece una pregunta:¿Quién controla a esa agencia? Porque el problema no termina cuando encontramos al corrupto. También debemos preguntarnos:
¿Quién controla al investigador?
Un fiscal puede corromperse.
Un policía puede corromperse.
Un juez puede corromperse.
Un funcionario de inteligencia puede corromperse.
Un director de una agencia anticorrupción también puede corromperse.
Por eso, la reforma que necesita el Perú no debe buscar al funcionario incorruptible.
Debe construir un sistema en el cual ningún funcionario tenga suficiente poder como para controlar por sí solo toda la cadena de investigación, acusación y decisión.
Una nueva arquitectura institucional
Se propone crear una Agencia Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, con autonomía constitucional, carrera profesional propia, presupuesto independiente y mecanismos de selección que impidan su captura por el gobierno de turno.
Pero esta agencia no debería convertirse en una nueva policía política.
Su poder tendría que estar limitado por un sistema de controles cruzados. Su estructura debería separar:
Ninguna institución debería controlar simultáneamente todas esas etapas. Y habría una segunda institución: Una Dirección Nacional de Contrainteligencia del Estado.
Su función no sería perseguir opositores ni vigilar ciudadanos. Su misión sería detectar la infiltración y captura del propio Estado.Por ejemplo:
organizaciones criminales infiltradas en la Policía;
funcionarios protegidos por redes de corrupción;
filtraciones de información reservada;
funcionarios sometidos a intereses económicos;
penetración de organizaciones criminales en instituciones públicas;
conflictos de interés ocultos;
enriquecimiento patrimonial inexplicable;
redes de testaferros;
utilización de terceros para ocultar patrimonio.
Y la propia contrainteligencia tendría que ser vigilada por un Consejo Nacional de Control de Inteligencia, precisamente para evitar que se transforme en un poder sin control.
La gran revolución: utilizar la inteligencia artificial
Aquí el Perú tiene una oportunidad histórica.
Hasta ahora, una investigación puede depender de que un fiscal, policía o investigador encuentre una determinada conexión. Pero un investigador humano difícilmente puede analizar simultáneamente millones de registros.
La inteligencia artificial sí puede.
No para decidir quién es culpable.
No para condenar.
No para señalar automáticamente a una persona como delincuente.
Sino para detectar anomalías y relaciones que merecen ser investigadas.
Una Red Nacional de Inteligencia Patrimonial
Imaginemos un sistema capaz de analizar, con las correspondientes autorizaciones legales:
La IA podría encontrar relaciones que un investigador jamás habría visto manualmente. Por ejemplo:
Funcionario A → Amigo B → Empresa C → Socio D → Empresa E → Contratista del Estado → Contratos adjudicados durante la gestión de A
Eso no demuestra un delito. Pero constituye una señal de alerta investigativa. Y ahí comienza la investigación humana.
El testaferro ya no podría sentirse seguro
Este sería uno de los cambios más importantes.
Actualmente alguien puede intentar ocultar su patrimonio colocando bienes y empresas a nombre de otra persona. El sistema debería buscar precisamente esas estructuras.
La IA podría analizar:
relaciones societarias;
coincidencias patrimoniales;
transferencias;
adquisiciones;
empresas vinculadas;
domicilios;
representantes;
contrataciones;
relaciones familiares declaradas;
relaciones profesionales;
fotografías y publicaciones públicas;
coincidencias temporales;
viajes publicados;
participación conjunta en empresas o negocios.
No para convertir las amistades en delitos. Una amistad no es una prueba de corrupción.
Pero si existe una combinación de:
Vínculo personal + patrimonio inexplicable + empresa + contratación pública + decisiones administrativas relacionadas, entonces el sistema debería generar una alerta de riesgo.
El objetivo sería que el posible testaferro entienda algo muy sencillo: «No basta con colocar el bien a nombre de otro. El Estado también investigará la red de relaciones que rodea ese patrimonio»
Las redes sociales como fuente de inteligencia
Aquí también debemos ser extremadamente cuidadosos. No se trata de crear un Estado que vigile a todos los ciudadanos.
La propia regulación peruana sobre inteligencia artificial exige transparencia, respeto de los derechos fundamentales y protección de los datos personales. El Gobierno ha señalado además que la vigilancia masiva mediante IA sin base legal está prohibida y que los sistemas de IA que impacten derechos fundamentales deben estar sujetos a criterios explicables y controles adecuados.
Por eso, la regla debería ser:
La IA puede investigar información pública y generar hipótesis; no puede convertir automáticamente una hipótesis en una acusación.
La cadena debería ser:
IA detecta → Analista verifica → Investigador desarrolla la hipótesis → Fiscal solicita las medidas que correspondan → Juez controla las medidas que afecten derechos fundamentales → La evidencia determina si existe delito
La máquina ayuda a encontrar la aguja. El ser humano debe demostrar que la aguja existe.
¿Y si el investigador también se corrompe?
Aquí aparece la segunda gran innovación. Cada funcionario de las unidades sensibles debería estar sometido a controles permanentes de integridad. No solamente: ¿Cuánto ganas?
Sino:
«¿Cómo evolucionó tu patrimonio?»
«¿Qué empresas aparecen vinculadas contigo?»
«¿Qué personas investigadas aparecen repetidamente en tu entorno profesional?»
«¿A qué información accediste?»
«¿Por qué accediste a ella?»
«¿Qué decisiones tomaste después?»
La IA también puede vigilar los propios sistemas de investigación.
Si un funcionario consulta reiteradamente información que no corresponde a sus casos, debe generarse una alerta.
Si alguien accede a información reservada y posteriormente esa información aparece filtrada, debe existir una trazabilidad que permita determinar quién tuvo acceso.
Quien investiga también debe ser investigable.
Perú ya tiene capacidad de investigación. Lo que falta es integrarla
No sería justo decir que el Ministerio Público no produce resultados. En 2025 las fiscalías especializadas en delitos de corrupción consiguieron 1,994 condenas: 891 funcionarios, 597 servidores públicos y 506 particulares. Entre ellos hubo 76 alcaldes, 170 policías y 177 gerentes regionales o municipales.
También se obtuvieron autorizaciones judiciales para 232 levantamientos del secreto bancario y 379 levantamientos de la reserva de las comunicaciones.
Estos resultados demuestran que existe capacidad. Pero también revelan una realidad: estamos investigando mucho después de que las redes ya se han formado.
El siguiente salto debe ser pasar de una investigación predominantemente reactiva a una inteligencia preventiva basada en datos.
Limpiar la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial
La reforma tampoco puede limitarse a perseguir autoridades políticas. Debe comenzar por el propio Estado. Policías, fiscales, jueces y funcionarios que ocupen posiciones sensibles deberían estar sometidos a:
meritocracia
evaluación patrimonial
declaración de conflictos de interés
rotación en puestos críticos
auditorías aleatorias
trazabilidad digital
evaluación de desempeño
control de accesos a información
investigación de enriquecimiento inexplicable
Y quien incurra en corrupción debe ser separado, procesado y, cuando corresponda, condenado. Pero siempre mediante debido proceso.
No necesitamos una dictadura anticorrupción
Esta propuesta no significa copiar el autoritarismo ni las restricciones políticas de otros países.
Significa copiar aquello que funciona: instituciones profesionales, leyes eficaces, independencia funcional, investigación patrimonial, recuperación de activos, meritocracia y tolerancia cero frente a la corrupción.
El propio modelo singapurense demuestra que la independencia de una agencia no significa ausencia de controles. El CPIB tiene independencia funcional, pero existen mecanismos institucionales para evitar que incluso una investigación contra las máximas autoridades quede simplemente a merced de una decisión política.
Y existe una lección particularmente poderosa.
En 1986, un ministro de Singapur, Teh Cheang Wan, fue investigado por corrupción. El caso terminó mostrando públicamente que la investigación podía alcanzar incluso a un ministro. El propio CPIB señala que esa actuación fortaleció la reputación de imparcialidad de la institución.
Ese es el mensaje que Perú necesita.
No importa quién seas.
No importa a quién conozcas.
No importa cuánto poder tengas.
No importa quién te haya colocado en el cargo.
Si existen indicios objetivos, se investiga. El objetivo no es llenar las cárceles. El verdadero objetivo es que robar deje de ser un negocio rentable.
Por eso, además de la condena, debe existir recuperación efectiva del patrimonio.
Singapur utiliza legislación específica para confiscar los beneficios obtenidos mediante corrupción.
Porque si un funcionario roba cien millones y termina condenado, pero conserva cincuenta millones ocultos mediante testaferros, el Estado todavía perdió.
El verdadero cambio cultural
La lucha contra la corrupción no puede depender exclusivamente del miedo al castigo. Debe cambiar la ecuación.
Hoy demasiadas personas pueden pensar: «Si robo y me descubren, quizá algún día me procesen.»
El nuevo sistema debería transmitir: «Si intentas robar al Estado, existe una alta probabilidad de que detectemos la red, encontremos el dinero, identifiquemos a los testaferros y sigamos el rastro hasta llegar a ti»
Eso es disuasión.
No es persecución política.
No es vigilancia indiscriminada.
Es inteligencia aplicada al Estado de derecho.
El Perú necesita un Estado que aprenda
Tenemos que dejar atrás la vieja concepción de que luchar contra la corrupción significa únicamente contratar más policías, fiscales y jueces.
El Estado moderno debe ser capaz de aprender de sus propios datos.
Cada contrato.
Cada empresa.
Cada funcionario.
Cada sentencia.
Cada investigación.
Cada transferencia.
Cada patrimonio.
Cada relación empresarial.
Cada irregularidad.
Todo ello puede convertirse, con las garantías legales correspondientes, en información para prevenir el siguiente caso.
La inteligencia artificial puede convertirse en una de las herramientas más poderosas de esta transformación. Pero hay una condición: la IA debe estar al servicio del Estado de derecho y nunca sustituirlo.
La Reforma que se propone
El Perú debería construir un Sistema Nacional de Integridad, Inteligencia y Contrainteligencia del Estado, compuesto por:
1. Agencia Nacional de Integridad y Anticorrupción
2. Dirección Nacional de Contrainteligencia del Estado
3. Sistema Nacional de Inteligencia Patrimonial
4. Plataforma Nacional de Análisis de Redes y Riesgos mediante IA
5. Consejo Nacional de Control de Inteligencia
6. Unidades especializadas dentro de PNP, Ministerio Público y Poder Judicial
7. Sistema nacional de trazabilidad digital de las investigaciones
8. Régimen de protección real para denunciantes
9. Sistema permanente de evaluación patrimonial de funcionarios de alto riesgo
10. Mecanismo nacional de recuperación de activos provenientes de la corrupción
Pero, sobre todo, debe existir una regla superior: Nadie investiga sin ser investigable
Porque el problema del Perú no es solamente encontrar corruptos. Es impedir que el sistema que los persigue termine convirtiéndose en otra red de poder.
Una nueva cultura de Estado
Lee Kuan Yew entendió que combatir la corrupción requería algo más que discursos. Singapur construyó leyes, instituciones, investigación, prevención y una cultura de intolerancia frente al soborno. Décadas después, el país mantiene cifras internacionales que muestran los resultados de esa política.
El Perú no tiene que copiar a Singapur. Tiene que aprender de él. Y utilizar las herramientas que Singapur no tenía cuando comenzó su transformación: big data, inteligencia artificial, análisis de redes, inteligencia patrimonial, trazabilidad digital y contrainteligencia moderna.
El objetivo final debería ser sencillo:
Que ningún funcionario pueda sentirse dueño del Estado.
Que ningún empresario pueda comprarlo.
Que ningún criminal pueda infiltrarlo.
Y que ningún testaferro pueda esconder indefinidamente el patrimonio de quien lo utiliza.
Ese sería el verdadero cambio.
NO CONSTRUIR UN ESTADO QUE CASTIGUE MEJOR DESPUÉS DE LA CORRUPCIÓN, SINO UN ESTADO QUE SEA CAPAZ DE DETECTAR LA CORRUPCIÓN ANTES DE QUE PUEDA CONSOLIDARSE.
REFERENCIAS BIOGRÁFICAS
– Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapur. Información institucional sobre la prevención e investigación de la corrupción, sus facultades legales, estadísticas anuales y casos emblemáticos.
– Prevention of Corruption Act 1960, Singapur.
– Transparency International. Corruption Perceptions Index 2024.
– Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Marco normativo y lineamientos sobre inteligencia artificial, transparencia, protección de datos personales y derechos fundamentales.
– Ministerio Público – Fiscalía de la Nación del Perú. Estadísticas institucionales de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios correspondientes a 2025.
– Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
– Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
– Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
– Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
– Ley de Protección de Datos Personales del Perú.
– Normativa peruana sobre inteligencia, contrainteligencia, levantamiento del secreto bancario y reserva de las comunicaciones.
¿Quién controla al investigador?
¿Quién controla al investigador?
