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OPINIÓN/ Ni cheque en blanco ni bloqueo total: la tercera vía de la oposición

Escribe:  Eco. José Soto Lazo

 

Una democracia madura no necesita una oposición que diga siempre “no”. Necesita una oposición capaz de explicar cuándo decir no, cuándo decir sí y, sobre todo, bajo qué condiciones debe decirlo.

El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo peruano ante el Congreso coloca sobre la mesa una pregunta que va más allá de la coyuntura política: ¿Qué papel debe asumir la oposición cuando el gobierno solicita temporalmente parte de la capacidad legislativa del Parlamento?

La respuesta no debería reducirse a aprobar o rechazar. Existe un doble riesgo que una oposición responsable debe saber administrar: permitir que la confrontación política termine paralizando al Estado frente a problemas urgentes, o entregar al Ejecutivo un margen de poder demasiado amplio y con
controles insuficientes.

El caso peruano refleja con claridad esa tensión. El gobierno de Keiko Fujimori ha solicitado 120 días para legislar sobre 66 materias, que abarcan desde seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado hasta régimen tributario, simplificación administrativa y desarrollo productivo. La solicitud se sustenta, entre otros argumentos, en una situación de inseguridad que difícilmente puede ser ignorada por el Estado.

Precisamente por eso, la oposición enfrenta una prueba importante. Puede caer en la aprobación automática, por temor a ser acusada de indiferencia frente a la criminalidad, o en el rechazo absoluto, como expresión de desconfianza hacia el Ejecutivo. Pero ambos extremos pueden terminar debilitando su verdadera función democrática.

La oposición no está llamada simplemente a decir “sí” o “no”. Su responsabilidad consiste en examinar qué se solicita, para qué se solicita, durante cuánto tiempo y bajo qué límites.

Un paquete de 66 materias no debería ser tratado como un bloque homogéneo. Algunas pueden responder a necesidades urgentes y contar con suficiente sustento técnico; otras pueden requerir mayor precisión, especialmente cuando involucran derechos, nuevas figuras jurídicas, modificaciones importantes del ordenamiento económico o una eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Ahí aparece la verdadera dimensión de la oposición: fiscalizar antes de delegar.

Facultar al Ejecutivo no significa renunciar al control político. El Congreso puede establecer materias claramente delimitadas, plazos concretos, objetivos verificables y mecanismos de información sobre los decretos legislativos que se emitan. La delegación debe tener un propósito definido y no convertirse en una autorización abierta para legislar sobre asuntos que no fueron expresamente
discutidos.

Las dudas que puedan surgir respecto de una eventual reforma laboral, de nuevas categorías jurídicas o del alcance de determinadas medidas contra el crimen organizado no deberían convertirse únicamente en denuncias políticas.

Si existen riesgos, la tarea de la oposición consiste en identificarlos, discutirlos y traducirlos en límites concretos dentro de la ley de delegación. Pero existe también otro peligro: convertir la fiscalización en obstrucción permanente. Una oposición que rechaza toda iniciativa simplemente porque proviene del gobierno termina perdiendo capacidad de representar el interés ciudadano. Cuando existe una necesidad comprobada y una respuesta técnicamente razonable, impedirla sin presentar alternativas también puede
generar costos para el país.

Por eso, una oposición democrática debe entender que su legitimidad no depende de cuánto pueda bloquear al gobierno, sino de qué tan capaz sea de controlar el poder sin impedir que el Estado funcione.

En ese equilibrio puede encontrarse una verdadera tercera vía para la oposición peruana: ni oposición complaciente ni oposición obstruccionista. Una oposición que examine, cuestione, limite y fiscalice, pero que también sea capaz de acompañar aquello que resulte necesario para el país.

Porque una democracia madura no necesita una oposición que diga siempre “no”. Necesita una oposición capaz de explicar cuándo decir no, cuándo decir sí y, sobre todo, bajo qué condiciones debe decirlo.

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