Hacia una doctrina peruana de soberanía estratégica y de equilibrio activo
El Perú vive el momento de mayor exposición geopolítica de su historia reciente. Su litoral pacífico, su condición amazónica, sus minerales críticos y el desarrollo de puertos como Chancay lo colocan en la intersección de dos centros de poder —Estados Unidos y China— cuya rivalidad redefine el comercio, la tecnología y la seguridad global. Es, en muchos sentidos, la Guerra Fría del siglo XXI: sin bloques militares ni telón de acero, pero con las mismas líneas de fractura desplazadas al terreno del comercio, la tecnología, los minerales críticos y la infraestructura digital, y con países como el Perú situados, otra vez, en el punto donde esas líneas se cruzan.
En este contexto, la pregunta que debe guiar al Estado peruano no es con quién alinearse, sino cómo impedir que la rivalidad ajena determine nuestro destino, y atraiga conflictos que no sabemos ni podemos resolver. El riesgo surge cuando la cooperación se convierte en subordinación automática, y la política exterior deja de preguntarse qué conviene más al Perú, para preguntarse qué espera de nosotros una potencia.
Es la misma pregunta que enfrentaron los países no alineados durante la Guerra Fría del siglo XX, aunque hoy el terreno de disputa ya no es ideológico, sino económico y tecnológico —y por ello, más difícil de identificar y fácil de aceptar sin darnos cuenta. Ese riesgo se agrava en un país donde las instituciones encargadas de pensar estratégicamente —inteligencia, planeamiento, regulación sectorial— aún están en formación: sin ellas, la autonomía se declara en los discursos, pero se pierde en la práctica, negociación por negociación, quinquenio tras quinquenio.
Esta tradición de pensamiento —de Jaguaribe a Russell y Tokatlian— enseña que la autonomía no se construye en el aislamiento, sino dentro de la interdependencia misma, evitando que ésta degenere en dependencia estratégica. De ahí el concepto de equilibrio activo, que va más allá de la neutralidad activa y que mejor representa los intereses del Perú en este siglo XXI.
La diferencia no es de matiz, sino de naturaleza: la neutralidad activa es una estrategia de distancia sin tomar partido en la disputa ajena, aunque se participe con dinamismo en foros y mediaciones a su alrededor; el equilibrio activo es una estrategia de maniobra debido a que no evita la disputa, por el contrario la capitaliza, usando el interés simultáneo de dos potencias como palanca de negociación propia.
La primera protege absteniéndose; la segunda protege decidiendo. Por eso el equilibrio activo no es equidistancia matemática, sino la capacidad de decidir caso por caso según el interés nacional permanente, coincidiendo con una potencia sin perder jamás la capacidad de discrepar de ella.
Así como la Doctrina Estrada se resume en no juzgar ni permitir ser juzgado, y la neutralidad suiza en no combatir, pero servir de plataforma para que otros dejen de hacerlo, la Doctrina de Soberanía Estratégica y Equilibrio Activo podría sintetizarse en tres principios de base.
Primero, no alineamiento automático con posicionamiento ideológico: el Perú no cede su margen de decisión a ninguna potencia por defecto, y decide caso por caso según su interés nacional.
Segundo, soberanía indelegable sobre los activos estratégicos propios: ninguna relación de cooperación o inversión puede traducirse en pérdida de capacidad regulatoria sobre minerales, puertos, energía o datos.
Tercero, plataforma de convergencia y no de confrontación: la posición geográfica y la infraestructura del país lo habilitan como nodo de encuentro comercial y diplomático, en lugar de escenario donde se importen rivalidades ajenas.
Chancay ilustra esta tensión. No es solo infraestructura portuaria, es la posibilidad de modificar la geografía económica del país, situándolo como plataforma de proyección hacia el Pacífico. Pero esa oportunidad exige responder una pregunta esencial: ¿Cómo atraer capital e inversión extranjera sin transferir, junto con ellos, capacidad estratégica y soberanía? La respuesta no está en el rechazo a la inversión, sino en una apertura inteligente, con diversificación de operadores y una capacidad regulatoria propia que hoy el Perú comienza a construir. Sin esa capacidad, cualquier activo estratégico —un puerto, un yacimiento, un cable submarino— corre el riesgo de convertirse en dependencia disfrazada de desarrollo.
Sobre esa base surgen principios rectores que el país debería adoptar como política de Estado: primacía del interés nacional por encima de cualquier alineamiento ideológico; autonomía de decisión frente a cada potencia; equilibrio activo como instrumento de negociación, no como discurso; soberanía sobre activos estratégicos —minerales, puertos, energía, datos—; proyección simultánea como Estado del Pacífico y país amazónico; multilateralismo con capacidad de iniciativa propia; y seguridad multidimensional que incluya lo militar, lo alimentario, lo hídrico, lo energético y lo cibernético.
Pero ningún principio rector sustituye al estudio geopolítico riguroso y un análisis contextual serio de nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No basta con enunciar activos —el mar, los minerales, la Amazonía, la posición transpacífica— si no se ha determinado, con rigor técnico, dónde radica realmente nuestra ventaja comparativa, qué vulnerabilidades nos exponen frente a cada potencia y qué escenarios de riesgo exigen anticipación antes que reacción.
Es precisamente la ausencia de ese diagnóstico compartido lo que explica por qué el Perú no cuenta hoy con una doctrina que lo unifique: sin norte geopolítico, cada gobierno, cada congreso, cada ministerio y cada sector interpreta el tablero internacional según su propia intuición, y la política exterior queda librada al criterio circunstancial e ideológico de quien gobierna, en lugar de responder a una lectura estructural y compartida de nuestros intereses permanentes. De allí que ningún país institucionalmente incipiente pueda sostener una política exterior autónoma por mucho tiempo; la fortaleza externa es, siempre, un reflejo de la fortaleza institucional interna.
