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PIDEN DECLARAR EN EMERGENCIA A PIURA POR OLA DELINCUENCIAL

El alcalde insiste en su llamado a Pedro Castillo sin que obtenga respuesta. Consejero delegado Alfonso Llanos demanda a jefe policial, general Edward Espinoza López, “no cuidar su cargo, sino afrontar la situación”

El burgomaestre de Piura Juan José Díaz Dios, insistió en demandar al Ejecutivo para que declare en emergencia la provincia, ante la ola de asaltos perpetrados por hampones armados a un restaurante y a dos mujeres cuando caminaban por una avenida el último fin de semana.

 “Piura está siendo atacada por delincuentes armados. No podemos permitir que sigan ganando terreno y por ello solicito nuevamente que se autorice que los militares salgan a patrullar las calles”, recriminó Díaz Dios.

Pidió a las autoridades en su conjunto sumarse con firmeza para exigir esta declaratoria de emergencia, por la inseguridad ciudadana que se vive, a pesar de que el jefe de la I Macro Región Policial de Piura, general PNP Edward Espinoza López, afirma que los índices de inseguridad no lo ameritan.

Ante el comentario del general Espinoza López, el consejero delegado, Alfonso Llanos, ratificó la necesidad de que se declare en emergencia la provincia y le pidió al jefe policial «no cuidar su cargo, sino afrontar la situación».

“Lo que pasa en Piura es grave porque los delincuentes ya perdieron todo tipo de respeto, porque asaltan de día y en el centro de la ciudad. Le pido al jefe policial que no es un tema de cuidar el cargo, sino de afrontar la situación con hechos concretos, como operativizar más. Es sumamente necesario la declaratoria”, recalcó Llanos.

Muchos de los autores de los delitos son ciudadanos de nacionalidad venezolana que se han sumado a bandas locales, incrementándose el uso de las armas de fuego, la prostitución clandestina y “la mendicidad callejera como nunca antes se había visto en la ciudad”.

Por ejemplo, hace algunos días la Policía trasladó y expulsó por la frontera del Puente Internacional La Tina, en el distrito de Suyo (Ayabaca), a nueve ciudadanos venezolanos que habían infringido las leyes y el plazo de permanencia en nuestro país.

Los extranjeros fueron llevados en un ómnibus de la institución policial desde Piura hacia dicha frontera, con la finalidad de ejecutar las resoluciones de expulsión por infracción al Decreto Legislativo de Migraciones 1350.

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