La organización RML advirtió que de no cumplir sus exigencias en un plazo de 48 horas, convocarían a «nuevas movilizaciones en todos los territorios».
Una organización mapuche radical se adjudicó un ataque incendiario que dejó 15 viviendas quemadas en el sur de Chile, una zona donde existe un enconado conflicto territorial entre algunos indígenas, el Estado y grandes empresas agrícolas y forestales.
En un comunicado público, la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), una de las organizaciones del movimiento «autonomista» mapuche en Chile, lanzó una serie de advertencias al nuevo gobierno y se atribuyó la quema de 15 viviendas que tuvo lugar durante la madrugada en Cañete, en la región del Biobío (600 kilómetros al sur de Santiago).
«A menos de 20 días de asumir el gobierno de Boric ya ha quedado de manifiesto su desconocimiento absoluto del conflicto territorial que se vive en Wallmapu”, indicó la misiva difundida en medios y redes sociales.
Según el grupo, el Ejecutivo ha tratado «mostrar una cara permisiva y amable frente al conflicto territorial (…), pero sin atacar el problema de fondo», y que de no cumplirse las exigencias detalladas en el documento en menos de 48 horas, se convocarían «nuevas movilizaciones en todos los territorios».
Entre sus demandas están el retiro inmediato de todas las querellas en las cuales el gobierno es persecutor en causas mapuche; el traslado a centros de educación y trabajo de todos los detenidos mapuche o que el Ejecutivo retire a los abogados que son parte de las causas contra miembros de la etnia.
Después del ataque, que no dejó víctimas mortales ni heridos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció una reunión extraordinaria en La Moneda, sede de Gobierno, tras la cual todavía no se han realizado declaraciones.
En varias regiones del sur de Chile existe desde hace décadas una enquistada disputa entre el Estado, algunas empresas forestales y agrícolas pertenecientes a grandes grupos económicos y algunos colectivos indígenas que reclaman la devolución de tierras que consideran ancestrales.
Se trata de las primeras jornadas sin que la zona se encuentre militarizada y bajo «estado de excepción», una medida que adoptó el pasado octubre el entonces mandatario Sebastián Piñera y que el actual presidente, el izquierdista Gabriel Boric, decidió levantar.