PACTANDO CON UN SÁTRAPA
Por Luis Gonzales Posada.
El sometimiento de la cancillería a la dictadura chavista alcanza niveles infames. No bastó que el ministro Maúrtua retire al Perú del Grupo de Lima y reconozca al dictador Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, sino que su reemplazante, el abogado Cesar Landa, extendió esa política de sumisión celebrando un convenio de “cooperación judicial” con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, personaje siniestro, impedido de ingresar a territorio europeo y norteamericano por haber perpetrado graves violaciones a los derechos humanos y también acusado de formar parte del crimen organizado transnacional: por su captura el Gobierno de Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.
Moreno, investigado por los fiscales de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, es el principal responsable del encarcelamiento de decenas de opositores y de proteger a militares, policías y miembros de los llamados colectivos bolivarianos implicados en asesinatos, torturas y golpizas de ciudadanos de su país, como acreditan reportes de Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea. Los peruanos debemos conocer la trayectoria del personaje con quien el régimen de Castillo ha firmado ese convenio de cooperación.
Moreno inició su carrera como agente de inteligencia, hasta que en 1997 es condenado por un asesinato en ciudad Bolívar y pasó dos años en la cárcel. En 1989 lo implican en otro homicidio en Caracas, pero obtuvo un beneficio procesal. Salió en libertad, pero no le permitieron incorporarse al cuerpo policial.
Sus vinculaciones políticas con el chavismo le abrieron las puertas del Poder Judicial y el 2002 fue designado magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas. Dos años más tarde un juez grabó una conversación donde tomaba el nombre del vicepresidente de la República para solicitar la libertad de un criminal acusado de narcotráfico y de venta ilegal de armas, pero lo mantuvieron en su puesto.
Nicolás Maduro, para protegerlo, lo recicla en el aparato burocrático, nombrándolo agente diplomático en Roma y luego en Trinidad Tobago, hasta que el 2004 retorna a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo y el 2007 asume la presidencia de ese organismo. Sin duda, una Increíble historia de impunidad gratificada, que explica los atropellos contra centenares de seres humanos cometidos por una judicatura servil a la dictadura, una de las razones porque miles de seres humanos han emigrado.
Sectores vinculados al chavismo, sin embargo, pretenden justificar ese acuerdo diciendo que era necesario aprobarlo para repatriar a los venezolanos que purgan condena en nuestro país. Falso. El Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales fue firmado hace 26 años, el 12 de enero de 1996, por el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Jorge Voto Bernales Gatica y el canciller de Venezuela, Miguel Ángel Burelli Rivas.
De acuerdo a las últimas cifras del INPE, hay 2,831 extranjeros en nuestros centros penitenciarios. 1,606 son del país llanero, 556 de Colombia, 152 de México y 106 de Ecuador. En el caso venezolano 910 están vinculados a robo o hurto, 81 a homicidios, 459 a drogas, 38 a feminicidios o tentativa y 15 a secuestros, entre los datos más relevantes.
Ahora esperamos que no exista ningún pretexto para que los venezolanos sentenciados no sean embarcados a su país y, al mismo tiempo, igualmente esperamos que el Capitán de Navío Luis Humberto de la Sotta, nacido en nuestro país, hijo de madre y padre peruanos, preso sin proceso ni sentencia desde hace cuatro años, torturado y enfermo, pueda retornar al Perú.
En ese tóxico contexto debemos saludar la declaración del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, legislador Ernesto Bustamante, quien tras expresar su sorpresa porque el convenio lleve la firma del citado Maikel Moreno, anuncia que el mismo será exhaustivamente examinado por su grupo de trabajo.