La Defensoría del Pueblo emitió su reporte n° 220, donde da cuenta que hasta la fecha hay 207 conflictos sociales que amenazan la actividad económica del país. Del total, 153 se encuentran activos y 54 son latentes.
De la lista, el ente refirió que seis conflictos son nuevos y se presentan en regiones como Amazonas, Apurímac, Moquegua, entre otros.
La Defensoría informó que uno de los nuevos conflictos se presentó en el Amazonas donde hay una disputa entre la ciudadanía y las organizaciones sociales de Condorcanqui. Ellos exigen que el gobierno regional cambie a la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y que atiendan la problemática de la educación intercultural bilingüe.
El segundo conflicto se presenta en Lima entre el Frente de Defensa de Canta y un sector de la población que exige atención a la contaminación que generó el derrame de 35 toneladas de concentrada de zinc al río Chillón.
En tanto, en el distrito de Challhuahuacho en Apurímac, las comunidades campesinas de Chuicuni y Chila refieren que la empresa minera Las Bambas no cumple con los compromisos asumidos y solicitan formar parte del área de influencia directa de Las Bambas. En el caso de Chila también piden la renegociación del precio por la transferencia de parte de su propiedad.
La Defensoría también advirtió sobre el quinto conflicto socioambiental en la provincia Generan Sánchez Cerro de Moquegua. Aquí la Asociación de Comunidades Campesinas originarias piden la paralización del Proyecto Minero San Gabriel.
Finalmente, el sexto conflicto se produce entre la comunidad nativa de Huascayacu de la región San Martín, que no quieren la creación de una base de rondas campesinas promovidas por los arrendatarios del sector Sugkash.