A puertas del fallo del TC que permitiría que migrantes venezolanos ingresen al país sin visa, el jurista Óscar Schiappa consideró que «no se trata de cerrarles las puertas» sino de garantizar que el ingreso «sea ordenado»
el Estado peruano tiene la obligación de brindar protección a toda persona que está dentro de su territorio. Pero, ¿Cómo lo puede hacer si es que no tiene conocimiento de que estas personas han ingresado al Perú?
A puertas de que el Tribunal Constitucional (TC) emita su fallo respecto al hábeas corpus interpuesto por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH) contra el estado peruano para que los migrantes venezolanos continúen ingresando a nuestro país sin visa, el especialista en derecho internacional, Óscar Schiappa, en diálogo con RPP Noticias, señaló que el caso «es muy complejo», pero que en la decisión debían `rimar los derechos humanos.
«El Perú tiene algunas obligaciones internacionales que están siendo mencionadas por los recurrentes, la CNDDHH junto con la Universidad Andrés Bello de Venezuela. Los tratados internacionales de derechos humanos se refieren a la protección de los trabajadores migrantes, la protección de quienes buscan refugio huyendo de la persecución política de su país, etc.», explicó.
En ese sentido, explicó que el ingreso informal de migrantes venezolanos impide que el Estado tenga un registro adecuado de ellos y, por ende, no pueda garantizarles la protección que está obligado a brindarles.
«Sin darle connotación policial o represiva, solamente desde el punto de vista de los derechos humanos de esos migrantes, es extremadamente preocupante porque el estado peruano tiene la obligación de brindar protección a toda persona que está dentro de su territorio. Pero, ¿Cómo lo puede hacer si es que no tiene conocimiento de que estas personas han ingresado al Perú?», refirió.
Debido a ello, señaló que dichos migrantes son «sumamente vulnerables» ya que pueden ser explotados, incluso con fines ilícitos como «tráfico de personas a través de empleos que no son registrados y que no cumplen con las normas legales» o «prostitución masiva».
«La inmensa mayoría de migrantes venezolanos que ingresan al Perú no son propiamente refugiados,
En esa línea, el jurista explicó que se debe hacer una distinción entre los migrantes que «son refugiados» y aquellos que ingresan al país por motivos económicos.
«La inmensa mayoría de migrantes venezolanos que ingresan al Perú no son propiamente refugiados, no están huyendo de la persecución política, sino del desastre económico de su país», señaló.
Según explicó Schiappa, esta diferenciación es «muy importante»dado que «la protección que se da a los refugiados en el derecho internacional es muy superior a la que se da simplemente a los migrantes económicos»
Además, refirió que esta problemática no es exclusiva del Perú sino que también ha sido considerada en otros países.
«Este es un problema que no solo lo estamos viviendo en el Perú sino también Europa, EE.UU., etc. Todos esos países están poniendo algunas medidas restrictivas«, señaló.
No hay una autoridad centralizada que esté atendiendo sus necesidades y asegurándose que no estén siendo víctimas de abusos.
En caso de que el TC emitiera un fallo a favor del ingreso sin visa de los migrantes venezolanos, Schiappa consideró que el estado peruano está «obligado a acatarlo».
«Ciertamente, no se trata de cerrarles la puerta a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela que viven una situación terrible, sino que necesitamos garantizar que este sea un proceso ordenado, que su ingreso al Perú quede debidamente registrado y documentado para que se les pueda brindar las protecciones básicas», señaló.
Asimismo, consideró que el Gobierno debía implementar medidas urgentes frente al proceso migratorio venezolano, ya que, actualmente, «hay más de un millón de migrantes venezolanos en nuestro país».
«Creo que se trata de encontrar una solución equilibrada. No existe una única autoridad pública en el estado peruano encargada del tema de los migrantes venezolanos. Esto es algo sumamente sorprendente(…) No hay una autoridad centralizada que esté atendiendo sus necesidades y asegurándose que no estén siendo víctimas de abusos. Necesitamos abordar el tema de un modo más inteligente y basado en los derechos de todos», sostuvo.