Su desesperado llamado al terrorismo social es una certera confesión de culpabilidad. Castillo debe renunciar, por su bien y por el del país
La indignación recorre el país. El pueblo es una entelequia que el presidente Pedro Castillo y su primer ministro, Aníbal Torres, usan para proclamar que los sostiene a pesar de la crisis económica, política y moral. Ese pueblo que tiene valores e ideales, que quiere paz, prosperidad, desarrollo para cada uno de los peruanos y de sus familias, solo ve inoperancia e incapacidad, pobreza y corrupción, malos manejos y opacidad con absoluta ausencia de conducción y liderazgo. A ello se agrega el llamado público para enfrentar pueblo contra pueblo lo que calza, como ha dicho Gladys Echaiz, en el delito de terrorismo.
No sienten vergüenza por la clamorosa corrupción que llega a los niveles más altos del Ejecutivo y obliga a incursiones en Palacio de Gobierno, algo nunca visto en nuestra historia. Otro límite ha sido trasgredido por la política pedestre de estos malos tiempos con el llamado a la violencia en las calles en momentos que la Fiscalía alcanza al entorno familiar del jefe de Estado. Altos funcionarios y familiares, unos en fuga y otros entregados, dan detalles de la corrupción del gobernante y su grupo. Lo único peor es tratar de incendiar la pradera, llamar a la violencia social para protegerse de la justicia que les alcanza.
¿Creen que un presidente puede continuar en el poder con seis investigaciones fiscales en desarrollo y que su inmunidad lo protege dentro de la intimidación y el delito? La autoridad moral es la base de la representación. Castillo Terrones está obligado a responder a la Fiscal de la Nación que impone sus decisiones técnicas y se mantiene firme. Su desesperado llamado al terrorismo social es una certera confesión de culpabilidad. Castillo debe renunciar, por su bien y por el del país, su suerte parece estar echada.
