FISCALÍA ACLARA QUE EL RESPETO A SU AUTONOMÍA ES EXIGENCIA CONSTITUCIONAL

Mediante un comunicado, el Ministerio Público advirtió hoy que el respeto a su autonomía es una exigencia constitucional para todos los poderes y organismos del país. Asimismo destacó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y el Sistema Universal de Protección de los derechos humanos de Naciones Unidas han resaltado la necesidad del respeto a la independencia de los fiscales para la persecución del delito.

Los fiscales conducimos nuestras investigaciones con total objetividad, apego a la Constitución y con respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia

En tal sentido se precisa que la decisión  de la fiscal de la Nación, presentar una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones, cuenta con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos y «se fundamenta en el resultado de actos de investigación objetivos sobre la existencia de suficientes indicios que revelan la presunta comisión de delitos».

Además se advierte que la denuncia constitucional presentada al Congreso “se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales de la Fiscalía de la Nación y el cumplimiento de los mandatos constitucionales de perseguir el delito y luchar contra la corrupción».

«Los fiscales conducimos nuestras investigaciones con total objetividad, apego a la Constitución y con respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia sin ningún tipo de interés político, ideológico, económico ni mediático. El respeto a la autonomía del Ministerio Público es una exigencia constitucional para todos los poderes», se precisa en el  comunicado.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reúne hoy en sesión extraordinaria para tratar el caso de Perú. La convocatoria a esa cita se dio a consecuencia de la decisión de Pedro Castillo Terrones de pedir que se aplique para el país la Carta Democrática Interamericana bajo el argumento que la acusación fiscal formulada en su contra por graves indicios de corrupción sería “una nueva forma de golpe de estado”.

El pedido de Castillo ha sido tomado por varios juristas como un intento de lograr impunidad  frente a los  cargos de corrupción que pesan tanto en su contra como en su familia directa. La fiscalía cuenta con el testimonio de varios colaboradores eficaces (todos miembros de su entorno más íntimo) que lo vinculan con una “organización criminal”, que se benefició con el direccionamiento de obras públicas y quienes han entregado documentos, vídeos y audios que prueban sus delaciones, informaron fuentes de la fiscalía.