EN EL RÉGIMEN DE MADURO HAY 257 PRESOS POLÍTICOS

La ONG de Venezuela Foro Penal denuncia que en el país caribeño hay 257 detenidos a los que considera presos políticos, 10 más que en su último recuento del pasado 4 de noviembre, cuando afirmó que había 247.

 

de los 257 reos contabilizados, 243 son hombres y 14 son mujeres, entre ellos un adolescente. Además, 118 son civiles y 139 militares.

 

En el reporte, publicado en su cuenta de Twitter, la organización indicó que, de los 257 reos contabilizados, 243 son hombres y 14 son mujeres, entre ellos un adolescente. Además, 118 son civiles y 139 militares. Igualmente, detalló que, del total, 99 han sido condenados y 158 aún esperan sentencia de un tribunal.

El Foro Penal sostuvo que hasta el 7 de noviembre se han registrado 10 detenciones más.  Agregó que desde 2014 se registraron 15.777 «detenciones políticas» y que, además de los llamados presos políticos, «más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad».

La CIDH busca visitar cárceles en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó el jueves su disposición de visitar el centro de detención del Helicoide en Caracas, para «coadyuvar con el cumplimiento» de las medidas cautelares otorgadas al director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021 y considerado un preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI).

«La Comisión manifiesta su disposición de realizar una visita in situ al país, y tiene especial interés de realizar una visita al centro de detención del Helicoide, en tanto las circunstancias lo permitan y se cuente con la anuencia del Estado para tales efectos«, dijo.

Asimismo, solicitó al Estado «remitir información concreta, detallada y actualizada» sobre la situación del activista y su familia, y adoptar las «medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, integridad personal y vida» de Tarazona.

También pidió que se investiguen, «con debida diligencia», los «alegatos de hechos de tortura y malos tratos o tratos inhumanos o degradantes que podrían haber tenido lugar por parte de agentes estatales».