RUBICÓN DEMOCRÁTICO

Escribe: César Campos R

 

Como Julio César al marchar hacia Roma después de pronunciar “alea jacta est” (la suerte está echada), ya hemos cruzado el Rubicón democrático y nada debe hacernos retroceder y nada debe hacernos retroceder al paradigma disociador de los extremistas asesinos.

 

 

Es célebre en la historia nacional la actitud de Justo Figuerola, presidente de la República interino (en virtud a su cargo de titular de la Corte Suprema durante las guerras de los caudillos militares) quien el año 1843 vio congregada ante la puerta de su casa una muchedumbre que le reclamaba entregue la banda presidencial. Figuerola, sin dudarlo, ordenó a su nuera (otra versión indica que fue a su hija) arrojar dicha banda por el balcón.

Ricardo Palma, con la gracia propia de su maravillosa pluma, culmina la narración de esta anécdota, señalando que la multitud se retiró dando vivas a Figuerola y creyendo así, en la posesión de ese ícono oficial, recuperado el ejercicio de su soberanía.

La historia hoy se repite como tragedia en la presión ejercida por los sectores más oportunistas e irresponsables de nuestra política, a fin de conseguir que Dina Boluarte arroje la banda y convoque a elecciones generales el 2023, incluyendo una asamblea constituyente. Lo hace, como siempre, alimentando la convulsión social gestada por grupos claramente terroristas que hoy nos arrastra a esa indeseada guerra civil tantas veces advertida en esta columna y que ya tiene el saldo deplorable de más de 20 muertos.

Boluarte, es cierto, ha sobrevivido (institucionalmente hablando) pese a sus mensajes contradictorios, verborreicos y esquineros. La renuncia de dos de sus ministros, arguyendo discrepancias con la legítima defensa del orden democrático a través de la declaratoria del estado de emergencia, es sin duda un golpe al gobierno de transición y una muestra de la incoherencia que todavía ensombrece al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, nada ni nadie debe contribuir al debilitamiento de la administración Boluarte. Hoy la línea divisoria es clara: estamos con los mecanismos constitucionales, nuestras fuerzas armadas y policiales, así como con las reformas exigidas para llevar adelante comicios adelantados en un plazo prudente, o estamos con la minoría agitadora que persigue la anarquía y ganar a río revuelto, imponiendo su agenda desquiciada y manipuladora.

Y lo primero que debe recordarse (así lo ha hecho la Asociación de Centros Comerciales del Perú mediante un comunicado) es que nuevas autoridades legítimas inician sus funciones el 1 de enero del 2023. Me refiero a los gobernadores y alcaldes elegidos el pasado 2 de octubre. Estas autoridades no pueden ser sometidas a la inestabilidad e incertidumbre de un proceso electoral caprichosamente anticipado sin los cambios legales que solo nos vomitaría algo igual o peor que un Pedro Castillo Terrones, delincuente y mediocre. Por más repudio que exista hacia el conjunto del Parlamento, dicho proceso debe darse en un plazo razonable y el Ejecutivo, mientras tanto, coadyuvar al buen desempeño de los gobiernos regionales y municipales.

Como Julio César al marchar hacia Roma después de pronunciar “alea jacta est” (la suerte está echada), ya hemos cruzado el Rubicón democrático y nada debe hacernos retroceder al paradigma disociador de los extremistas asesinos.