HONDURAS ASUME EL MODELO BUKELE CONTRA LA DELINCUENCIA
La presidente de Honduras, Xiomara Castro, se ha impuesto el reto de enfrentar la violencia criminal al estilo de El Salvador. Opositores desaprueban medidas porque no satisface «los estándares internacionales de derechos humanos».
Honduras vive desde el 6 de diciembre un estado de excepción que abarca más de la mitad de su territorio y que restringe los derechos de los ciudadanos para enfrentar la criminalidad. Analistas consultados por BBC Mundo aseguran que es una medida consecuencia del «efecto Bukele», producto de la guerra contra las maras del presidente salvadoreño.
El Salvador lleva un año en un régimen de excepción cuestionado por organizaciones de derechos humanos pero aplaudido por muchos salvadoreños por disminuir el crimen y los homicidios, según datos del gobierno.
En la vecina Honduras, la violencia ha sido uno de los retos de Castro desde que asumió la presidencia. El país registró en 2022 la tasa más baja de homicidios en 16 años con 35 por cada 100.000 habitantes, pero grupos defensores de derechos humanos y analistas cuestionan si las restricciones constitucionales son sostenibles y advierten sobre las consecuencias de la experiencia salvadoreña.
Honduras ha prorrogado hasta en dos ocasiones el estado de excepción, provocando un llamado de atención a fines de febrero de Naciones Unidas, que pidió evitar su «uso prolongado».
El estado de excepción está vigente hasta el 20 de abril y comprende 235 de los 298 municipios del país, incluyendo la capital, Tegucigalpa, y San Pedro Sula, las ciudades más pobladas. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) recuerda que este régimen suspende derechos constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.
La Policía dice que estas medidas han permitido «golpear a estructuras criminales que se han lucrado de la población hondureña mediante la extorsión». Este último delito ha aumentado en Honduras en los últimos años, causando cientos de muertos y poniendo contra la pared a pequeños y medianos empresarios.
Según las autoridades, el estado de excepción también ha permitido identificar y capturar a pandilleros que se lucran con otros delitos como el tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, feminicidios y lavado de activos.
Los datos de la Policía cifran en más de 4.200 los capturados por múltiples delitos. También reportan la incautación de más de 800 armas de fuego, 80 kilos de cocaína y 1.300 kg de marihuana.
Eugenio Sosa, del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, pide «ver si otras organizaciones académicas y de la sociedad civil hacen un monitoreo alternativo. Es saludable que haya otras fuentes a los datos oficiales», le dice a BBC Mundo.
EN DESACUERDO
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) ha señalado «inconsistencias en los datos expuestos por el Gobierno» y ha recomendado que no se amplíe el estado de excepción por no satisfacer «los estándares internacionales de derechos humanos».
El Salvador y Honduras comparten frontera y desafíos. Tienen unas de las mayores tasas de asesinatos del mundo y sus habitantes sufren una inseguridad endémica. Ahora también comparten este «modelo Bukele» de lucha contra el crimen.
«La reducción de homicidios y extorsiones» que reporta el gobierno salvadoreño «ha hecho que gobiernos como el de Honduras traten de imitar a Bukele», le dice a BBC Mundo Leonardo Pineda, analista e investigador social.