Tras la reunión sostenida ayer por el Consejo de Ministros, la presidenta de la República, Dina Boluarte dio cuenta de cuatro acuerdos, referidos a la seguridad ciudadana y de las fronteras, así como al tema migratorio. A continuación resumimos cada uno de ellos.
El gabinete ministerial aprobó un decreto de urgencia para declarar en estado de emergencia las zonas de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. En ellas el control del orden interno estará a cargo de la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas.
La presidenta indicó que este decreto permitirá que se desarrollen operaciones de control de fronteras por parte de la Policía Nacional, con el objetivo de preservar el orden interno y garantizar los derechos constitucionales de los pobladores de estos lugares.
La segunda medida aprobada es un decreto supremo modificatorio del reglamento de la Ley de Migraciones, con el que se regularizará la situación de los extranjeros que ingresaron al país sin someterse al correspondiente control migratorio, y también la de quienes, tras haber ingresado de manera regular a territorio peruano hoy se encuentran en situación irregular.
Para ello se dará un plazo a fin de que se registren ante la autoridad migratoria y regularicen su situación en Perú.
Así podrá identificárseles, incentivando con ello la formalidad en el control migratorio y en el mercado laboral, evitando con ello involucramiento en actividades de trata de personas y en casos de explotación laboral.
Amnistía y reforma constitucional
Asimismo, el gabinete emitió una autógrafa de ley a fin de regularizar y actualizar, sin pago de multas, la situación migratoria de las personas que ingresaron al país de manera regular, pero que actualmente se encuentran en una situación irregular.
Para acogerse a este mecanismo, se dará una amnistía que se prolongará durante seis meses, sin prorroga. El beneficio se aplicará solo a quienes estén en una situación como la descrita en el párrafo anterior.
El cuarto acuerdo aprobado consiste en la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley de reforma constitucional con el que se busca garantizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera.
Esto pasa por modificar el artículo 165 de la Constitución, estableciendo en él que el apoyo que las instituciones militares brindarán en estas zonas del territorio nacional tendrá carácter permanente.
