El exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, abandonará el penal Castro Castro en los próximos días, luego de que el Poder Judicial ordenara su excarcelación al variar su situación legal de prisión preventiva por comparecencia con restricciones.
«El fiscal Freddy Niño Gómez solicitó se varíe el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se le impuso a Salatiel Marrufo»
El juez Víctor Zúñiga Urday adoptó esta medida al acoger el pedido del fiscal Freddy Niño Gómez, quien solicitó se varíe el mandato de prisión preventiva de 30 meses que se le impuso al exfuncionario a fin de que afronte -bajo mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país- la investigación que se le sigue por el caso ‘Asesores en la sombra’ durante el gobierno de Pedro Castillo.
Eliu Arizmendi, abogado de Salatiel Marrufo, indicó en RPP Noticias que la liberación de su defendido «no es algo indebido»y que es una figura «que está permitido expresamente por el sistema legal» en «hacer variar la prisión preventiva por una menos gravosa en la medida que se cumplan algunos requisitos».
Consultado sobre si la excarcelación de Salatiel Marrufo obedece a que se habría acogido a la figura jurídica de colaboración eficaz, el abogado manifestó que «me voy a abstener por el tema de la reserva del escenario».
Sin embargo, precisó que «la medida que se está dando, está dentro de un procedimiento establecido por el sistema legal» y que «a la fecha el proceso que viene haciendo el Ministerio Público ha pasado de la sospecha inicial y ya estamos trabajando con indicios; o sea, con elementos de pruebas muchos más sólidos que podrían involucrar a altos funcionarios del gobierno del expresidente Pedro Castillo».
Cabe señalar que el pedido del fiscal Niño Gómez, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, fue aceptado durante una audiencia reservada, la cual se llevó a cabo el pasado viernes 26 de mayo.
Allí se determinó la excarcelación del investigado, quien deberá cumplir reglas de conducta, tales como: la prohibición de ausentarse del lugar donde reside en Lima sin previa autorización judicial, no cometer delitos y el pago de una caución económica de 80 000 soles para que se pueda concretar su liberación.
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