Preocupa que la percepción del crimen en el Perú ocupe el segundo lugar del hemisferio, después del Ecuador. El 92 % de los encuestados
Hace 23 años el Fondo Editorial del Congreso publicó un libro de mi autoría titulado Seguridad ciudadana, política de Estado, donde propuse un conjunto de acciones para superar el problema de la inseguridad.
En el texto señalé que debería constituirse una unidad de cooperación operativa integrada por todos los organismos públicos vinculados al tema (Policía Nacional, Poder Judicial, Fiscalía, Serenazgo, Fuerzas Armadas, alcaldías, gobiernos regionales), con participación de los comités de autodefensa y de empresas privadas.
A muchos sorprendió esta última referencia porque desconocen que la Ley 28879, del 24 de julio de 2006, establece en su artículo 38 que “el personal operativo que brinda servicios de seguridad privada tiene la OBLIGACIÓN de prestar apoyo, colaboración y auxilio a la Policía Nacional del Perú en el ejercicio de sus funciones”.
La norma la preparó la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que tenía el honor de presidir, conjuntamente con una delegación de empresarios liderados por Wilson Gómez Barrios.
Cuando se promulgó la ley existían 389 empresas que contaban con 47,741 vigilantes provistos de 32,448 armas de fuego.
Esa potente plataforma ha crecido significativamente. Ahora hay 1, 219 compañías de seguridad con 1,325 sucursales y 107 mil efectivos en planilla que disponen de 45,817 pistolas o revólveres.
Sus agentes están distribuidos en bancos, mercados, estadios, restaurantes, empresas mineras, centros comerciales, grifos, urbanizaciones y domicilios.
También cumplen ese trabajo miles de vigilantes que no forman parte de las corporaciones registradas en Sucamec.
Para que el sistema funcione bastaría, por tanto, compatibilizar sus equipos de comunicaciones con la PNP. Una alerta temprana que advierta la presencia de sospechosos a pie o en vehículos puede movilizar rápidamente a las fuerzas del orden para hacer frente a los delincuentes.
¿Por qué el Gobierno no activa ese mecanismo? No lo sabemos. Es importante, empero, que las autoridades convoquen a directivos de las agencias privadas que, sin duda, brindarán su colaboración para hacer frente a sicarios que este año asesinaron a 275 peruanos y extranjeros y mantienen secuestradas a miles de mujeres víctimas de trata de personas, delito que genera a los malhechores un ingreso de US$ 1,300 millones anuales según informe de la Defensoría del Pueblo.
Preocupa que la percepción del crimen en el Perú ocupe el segundo lugar del hemisferio, después del Ecuador. El 92 % de los encuestados por CID Gallup así lo manifestó, un porcentaje que involucra a cuatro de cada cinco consultados.
Asimismo, las estadísticas indican que 26 % de personas han sido víctimas de algún delito y que existen 100 mil denuncias vinculadas al crimen organizado. Vivimos tiempos complejos, turbulentos, con instituciones débiles y desprestigiadas.
El 80 % rechaza al Poder Ejecutivo y el Legislativo, porcentaje que aumenta a 90 % en provincias. Otras entidades que son parte del Estado constitucional de Derecho, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, también se encuentran en esa situación.
Lo anterior explica no sólo solo el aumento de las tasas delictivas sino también el resurgimiento del terrorismo, vinculado al narcotráfico y a la minería ilegal, que moviliza ingentes recursos económicos, como quedó demostrado en las violentas manifestaciones a favor del golpista Pedro Castillo y, recientemente, en el infame asesinato de cuatro militares en Putis, Ayacucho.
Arrostrar esta situación unidos, trabajando coordinadamente, es indispensable para que las calles dejen de ser espacios peligrosos, de alto riesgo, situación que se ha agravado con la presencia de feroces asesinos venezolanos del Tren de Aragua, una maléfica exportación del tirano Nicolás Maduro.
