EL GOBIERNO DE CASTILLO Y LA CAÍDA DE LA INVERSIÓN PRIVADA
(El Montonero).- Según una última proyección del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada se contraerá este año en 5.3%. La causa de este descenso tiene que ver, sobre todo, con la caída de la inversión minera en más de 18%, porque luego de la megainversión de Quellaveco, no se conocen de otras iniciativas de esa magnitud.
No obstante, los errores de los sectores democráticos, no han podido evitar que continúen los efectos destructivos del Gobierno de Castillo y, por lo tanto, que los nuevos proyectos de inversión se detengan, se posterguen e incluso se cancelen, sobre todo en minería y en agroexportaciones.
Es en este contexto que, de acuerdo a todas las evaluaciones especializadas, la economía nacional apenas crecerá en alrededor de 1% y la pobreza seguirá aumentando en el país. En otras palabras, cae la inversión privada, se contrae el PBI y la pobreza seguirá aumentando (hoy se sitúa en 27.5% de la población).
Si consideramos las cosas desde esta perspectiva es evidente que el Gobierno de Castillo, las campañas por la asamblea constituyente, las nacionalizaciones y el golpe fallido del eje bolivariano han sido extremadamente exitosos para frenar en seco el modelo económico que había logrado cuadruplicar el PBI y reducir pobreza del 60% de la población a 20% hasta antes de la pandemia y del Gobierno de Castillo.
Sin embargo, los meses transcurridos desde el fracaso del golpe de Castillo, nos revelan que los sectores democráticos que detuvieron la asamblea constituyente, igualmente no han sido capaces de crear un clima de predictibilidad y confianza para restablecer la confianza en los mercados y el sector privado. De alguna manera la indiferencia del Ejecutivo y el Congreso con respecto al modelo económico, la ausencia de alternativas políticas hacia el 2026 y la falta de voluntad de implementar reformas promercado no han logrado cambiar el clima negativo que nos dejaron el Gobierno de Castillo y la violencia radical.
El Ejecutivo se ha empeñado en nacionalizar la política petrolera con la voluntad de adjudicar directamente tres lotes petroleros a Petroperú y con la decisión de seguir destinando recursos públicos para el salvataje de la empresa petrolera estatal, no obstante las ineficiencias y dispendios de los recursos. Por otro lado, el Congreso no se atreve a desmontar toda la legislación laboral colectivista dejada por el Gobierno de Castillo, mientras que se aprueba normas que destruyen la meritocracia docente, y se toleran diversas normas que apuntan a destruir el modelo económico.
Castillo y el proyecto de la constituyente, pues, siempre fueron los peores enemigos del crecimiento, la inversión privada y la reducción de la pobreza.