nada se logrará si no se ajustan las cosas para que dichas aprehensiones no sigan siendo casi simbólicas como hasta ahora ocurre
Lo que tiene que hacer el gobierno de Dina Boluarte es literalmente sacar de la calle a los delincuentes que, al estilo de las maras salvadoreñas, literalmente se han apoderado de ciertas áreas de nuestras ciudades y que con impunidad entran y salen de las comisarías porque el plazo de detención por flagrancia de 48 horas no le alcanza a los policías inicialmente y luego a los fiscales -por sobrecarga, ineficiencia o corrupción- para iniciar la acción penal ante el juez respectivo.
Legisladores garantistas ampliaron el plazo de 24 a 48 Hrs. por ese motivo, pero incurrieron en el grave error de mirar el problema con el ojo tuerto ya que, por las razones antes expuestas, este nuevo lapso sigue beneficiando a los delincuentes que, en muchos casos, conocen perfectamente esta norma y la lentitud del trámite respectivo y le sacan el jugo. Especialmente los integrantes de organizaciones criminales como el “Tren de Aragua” que son además expertos en ubicar y coimear policías corruptos para que se hagan la vista gorda.
El incremento de las penas puede darle mayor proporcionalidad a la sanción por los crímenes que estos sujetos cometen pero no constituye un factor disuasivo tal como lo demuestra la experiencia histórica: en Estados Unidos, luego del secuestro y asesinato del hijo del famoso aviador Charles Lindbergh, se estableció la pena de muerte a nivel federal para ese delito. Al año siguiente, se duplicaron los secuestros. Y, en la Inglaterra de los albores de la revolución industrial, se ahorcaba a los carteristas. La mayor parte de los robos por esta modalidad se realizaban precisamente durante dichas ejecuciones públicas.
Ahora que sabemos que, luego del allanamiento de la cárcel desde donde dirigía su banda, el jefe del “Tren de Arague” logró escapar de la policía venezolana -sabe Dios si lo dejaron huir-,es más que nunca necesario tomar medidas de emergencia -que no son lo mismo que “estado de emergencia- que frenen la coladera delictiva de las comisarías. Aquí deben entrar a tallar tanto la PNP como la Fiscalía de la Nación.
El estado de emergencia debe facilitar la acción policial de captura de delincuentes, pero nada se logrará si no se ajustan las cosas para que dichas aprehensiones no sigan siendo casi simbólicas como hasta ahora ocurre, si no se amplía y filtra de corruptos a la policía y al Ministerio Público, si no se amplía al doble el número de efectivos como aconsejan los técnicos y si no se recupera, con liderazgo efectivo, el principio de autoridad de cual carece el régimen de la señora Boluarte.
(*) Presidente de Perú Acciòn Presidente del Consejo por la Paz
