CREAR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LA FORMALIZACIÓN MINERA

El Decreto Legislativo 1607 que acaba de ser promulgado por el Ejecutivo establece que las personas naturales o jurídicas con reinscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tienen 90 días para levantar la referida suspensión. De lo contrario, dejan de ser sujetos en proceso de formalización y pasan a engrosar las filas de la minería ilegal.

Ante el evidente fracaso del proceso de formalización

Considerando que la onza de oro ha sobrepasado los más de US$ 2,000 y que existen 5,000 unidades de pequeña minería y cerca de 400,000 mineros artesanales que trabajan con las primeras, es incuestionable que se podría estar creando un grave problema social. ¿Por qué? Se estaría empujando a los pequeños mineros a abandonar cualquier posibilidad de formalización y a engrosar las filas de la minería ilegal.

Vale recordar que, luego del gobierno de Pedro Castillo, en el que se alentó la nacionalización de los recursos naturales, diversos sectores de minería ilegal invadieron parte de concesiones mineras emblemáticas en La Libertad, Apurímac y Ayacucho. Más tarde, a la implosión del Estado en la lucha contra la criminalidad se sumó la aparición de bandas organizadas que avanzaron sobre la minería ilegal. El caso de la Minera Poderosa en Pataz, en donde hubo 9 muertos y 23 heridos por el asalto de bandas organizadas, fue el gran campanazo nacional.

Es absolutamente necesario, entonces, enfrentar a la minería ilegal, pero sin caer en el grave error de empujar a miles de mineros informales al abismo negro de la minería ilegal y la criminalización. Es urgente y necesario corregir el enfoque.

Ahora bien, considerando que la formalización minera, de acuerdo a la legislación actual, debe terminar el 31 de diciembre del 2024, ¿por qué se ha avanzado tan poco? La única respuesta posible, al parecer, está en la ineficiencia de los gobiernos regionales en el desarrollo del proceso. De acuerdo a la legislación actual, los gobiernos regionales son los encargados de los asuntos de pequeña minería. Al respecto se sabe que, en promedio, las regiones solo tramitan 20 Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom) por año. Según José Farfán, abogado y especialista en formalización minera, si se mantiene el ritmo de aprobación de Igafom por año, el proceso de formalización minera recién culminaría en el 2050. Como todos sabemos una de las condiciones impostergables en la formalización de las 5,000 operaciones de pequeña minería es la presentación de un instrumento ambiental. Sin ese instrumento no hay formalización.

Hay soluciones cuando existe la voluntad. Y es imposible imaginar un nuevo boom minero en el Perú sin la participación de la pequeña minería junto a la mediana y gran minería.

Por todas estas consideraciones es fundamental cambiar la legislación sobre pequeña minería y crear una autoridad nacional de la formalización minera que dependa directamente del Ejecutivo y relance el proceso. No hay otra salida, a menos que se pretenda alimentar un polvorín social.

El problema de la formalización de la minería, de la pequeña minería, es un asunto de enorme trascendencia porque tiene que ver con el futuro de la gobernabilidad, el crecimiento económico y la economía de mercado. Los años de fracaso en la formalización nos señalan que la minería informal no se superará con interdicciones ni con leyes y normas que empujan a los mineros artesanales a la ilegalidad. Muy por el contrario, si esa es la ruta, la minería informal se extenderá de aquí para allá y se convertirá en un asunto incontrolable que erosionará gran parte de la sociedad.

Hay soluciones cuando existe la voluntad. Y es imposible imaginar un nuevo boom minero en el Perú sin la participación de la pequeña minería junto a la mediana y gran minería. De lo contrario, como se dice, le serviremos la mesa a la estrategia colectivista.

TOMADO DE: El Montonero