¿Y, LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES?

Escribe: Pedro Morales Mansilla.

En tal sentido,  el ejercicio de ciudadanía consecuente, debe estar alerta con el quehacer público de la representación política y nos sugiere, no perder de vista a lo que está pasando  en los gobiernos sub nacionales (26 gobiernos regionales, 196 gobiernos locales provinciales y 1874 gobiernos locales distritales)

Las desilusiones, escándalos y la devaluación ética en el actual Congreso, han privilegiado la atención de los medios nacionales y nos han distraído de poner los ojos en los otros niveles de representación política expresados en los consejos regionales y particularmente en los concejos municipales. Ambas instancias de gobierno sub nacional tienen funciones normativas y fiscalizadoras, claramente señaladas en sus respetivas leyes orgánicas y casi, diríamos, son similares, a las de los congresistas, salvo sus efectos en la amplitud territorial.

Sobre los concejos regionales, no exageramos en señalar que su performance es decepcionante, basta con enumerar los casos de corrupción “destapados” desde el 2003 a la fecha, en 21 años de vigencia de los llamados GOREs del país. Uno de los motivos, sin duda, de esa evidente debilidad, es la deficiencia en la fiscalización de su consejo, otra razón que demanda la revisión del proceso de regionalización, para salvar el proceso de descentralización que, además, reclama -insistimos- la creación de las regiones definitivas.

Sobre los concejos municipales, siendo importantes, porque tienen que ver con el hábitat digno, con la ética y transparencia en la fijación de tarifas de los ingresos municipales (Contribuciones y Tasas) y porque los regidores -se supone- defienden el interés y calidad de servicios a los vecinos, ante, por ejemplo, las concesiones, salta a la vista su incompetencia con el incremento de las tarifas de arbitrios municipales y mal uso de la autonomía en la concesión de servicios que expresan abuso y ánimo de lucro (grúas, depósitos, recojo de deshechos, etc.)

Aunque hay excepciones, la situación se asemeja a la del Congreso. Concejales y consejeros, no norman ni ejercen el control político, cuando menos con mínima eficacia y sus discursos y acciones no difieren de los congresistas. Los abusos y mediocridad se generan por el amparo de la utilización libertina de las autonomías y porque estos representantes políticos no actúan honrando sus competencias y el voto popular, al mismo estilo congresal. Se impone una revisión de sus Leyes Orgánicas para especificar sus responsabilidades y justifiquen sus dietas dentro del marco de la ética pública.

Es tema del momento, ahora que se ha puesto en tela de juicio la utilización de los fondos del tesoro público “que reciben los partidos políticos y alianzas electorales que mantienen su vigencia y obtienen representación en el Congreso de la República, con el objeto que lo destinen en actividades específicas como la formación, capacitación e investigación y en actividades de funcionamiento ordinario”. Hace 7 años que se realizan esas transferencias y su buena utilización no se percibe, porque los niveles de representación política, tan pena.

En tal sentido,  el ejercicio de ciudadanía consecuente, debe estar alerta con el quehacer público de la representación política y nos sugiere, no perder de vista a lo que está pasando  en los gobiernos sub nacionales (26 gobiernos regionales, 196 gobiernos locales provinciales y 1874 gobiernos locales distritales) respecto a lo que hemos elegido; toda vez que, las transferencias a los partidos se deben invertir prioritariamente  en preparar  los cuadros que necesitamos como representantes políticos y no en engordar a los dueños de los partidos, con sueldos que no les corresponde, cuando menos, de esa fuente.

Lima, 15 de enero del 2024