ARGENTINA: INVESTIGAN A IZQUIERDISTAS POR EXTORSIONAR CON AYUDA SOCIAL
Receta chavista. Obligaban a pobladores a asistir a marchas y provocar desmanes contra el gobierno de Milei, a cambio de acceder a comida gratis y pensiones que el Estado otorgaba. Fueron allanadas 27 sedes de supuestas organizaciones populares
«…se pudo establecer que los pobladores no asistían libremente a las movilizaciones, y que los dirigentes desviaban los recursos para los comedores y que vendían la comida que daba el Estado…”
La Justicia ordenó 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes. Las medidas judiciales involucran a las organizaciones Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.
Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para que aquellos beneficiarios de planes sociales puedan denunciar amenazas por parte de los dirigentes piqueteros que ordenan el bloqueo de carreteras y y calles cada vez que hay paro.
De esta manera, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, ordenó los 27 allanamientos, sumado al pedido de declaración indagatoria a los involucrados por los hechos que están siendo investigados.
Eran obligados a asistir a la marchas contra Milei
La investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y, de acuerdo a la pesquisa, los señalados «habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchar y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción de dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos», según indicaron.
Durante la operación fueron secuestrados «millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia».
La semana pasada los piqueteros fueron a la Quinta de Olivos y se activó el protocolo anti piquetes.
El Ministerio de Seguridad de Argentina ordeno, además, el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales.
«Del análisis de las pruebas se pudo establecer que los pobladores no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente», se indicó en un comunicado que fue difundido ampliamente por medios argentinos.
Entre los acusados se encuentran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero; Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) que administraban comedores populares.
Tras los operativos, la Justicia también logró captar «los chats de apriete» de las personas que realizaron las denuncias en el 134, las cuales las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios mensajes recibidos por WhatsApp y donde quedaron las explicitadas las maniobras de extorsión para concurrir a las marchas.
Una pelea de fondo
El Gobierno, desde el inicio de la gestión, puso en marcha una política de fuerte confrontación con las organizaciones sociales que venían intermediando en la distribución y gestión de la ayuda social.
Esa disputa se cristalizó en un protocolo que redactó el Ministerio de Seguridad para evitar los cortes de tránsito y en un cambio en la forma de gestionar los planes, que instrumentó el Ministerio de Capital Humano, sin la participación de piqueteros.